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Política
Los partidos marcan sus líneas de acción
Los cuatro grandes grupos parlamentarios han presentado iniciativas que comenzarán a debatirse en el Congreso, aunque el Gobierno siga en funciones
AHORA /
Jacobo Pedraza
- 29/01/2016
- Número 19
La actividad legislativa del Parlamento no suele arrancar hasta que terminan los plenos de investidura con la designación de un presidente del gobierno, que a su vez nombra a su ejecutivo. Pero la XI Legislatura estaba llamada a ser distinta también en esto. Desde el mismo día en que se constituyeron las Cortes, incluso antes de que hubieran sido aprobados los grupos, se presentaron iniciativas parlamentarias. Propuestas que revelan las prioridades de cada partido, los posibles puntos comunes e incluso estrategias de cara a evidenciar las posiciones de los rivales en este o aquel asunto. Podemos fue el grupo más madrugador (ya había avisado) al registrar su Ley 25 de Emergencia Social el 13 de enero, aunque ese día el foco se desplazase hacia el bebé de Carolina Bescansa. Ciudadanos y Partido Popular también han presentado iniciativas, pero el PSOE ha sido de largo el más activo al registrar una treintena de proposiciones en menos de dos semanas.
Las medidas defendidas por los socialistas tienen coincidencias con los otros tres partidos. Especialmente, y más en el fondo que en la forma, con Podemos. La llamada Ley 25 de Emergencia Social de la formación que lidera Pablo Iglesias pretende devolver el acceso universal y sin copagos a la Sanidad, combatir los desahucios y garantizar el suministro energético para personas en riesgo de exclusión social. Son objetivos muy similares a los que tienen cinco de las iniciativas del PSOE. Los de Pedro Sánchez han registrado, por ejemplo, sendas proposiciones de ley (PDL) para “universalizar el derecho a la asistencia sanitaria” y para “proteger a los consumidores vulnerables contra la pobreza energética”. También una proposición no de ley (PNL) para pedir una Ley de Segunda Oportunidad que proteja el acceso a la vivienda.
Las medidas del PSOE tienen coincidencias con los otros partidos, especialmente con Podemos
Los textos redactados por uno y otro partido evidencian que hay diferencias. Podemos quiere prohibir cualquier desahucio sin alternativa habitacional y obligar a los grandes propietarios de viviendas a proveer inmuebles para políticas sociales. Además, dedica una sección de su ley a la garantía habitacional para mujeres víctimas de violencia machista. Pero también queda claro que PSOE y Podemos tienen margen para entenderse y deben hacerlo si quieren que salgan adelante sus medidas de mayor calado social.
Estos dos partidos son los únicos que hasta el momento han presentado proposiciones de ley, es decir, documentos destinados a convertirse en norma legal, a pesar de la interinidad del Gobierno. PP y Ciudadanos se han limitado a las PNL, que no tienen efectos vinculantes. Su función está más ligada a la táctica política: se utilizan para instar (que no obligar) a un gobierno a tomar determinadas acciones o reprobarlo por las ya realizadas, y para que las fuerzas del Congreso se pronuncien sobre un tema.
La Mesa del Congreso aprobó el 26 de enero la creación de comisiones y, tras un informe jurídico de los letrados de las Cortes, la tramitación de proposiciones no de ley y de ley. Es complicado que estas últimas terminen siendo aprobadas con un gobierno en funciones, ya que los propios plazos que se establecen para su tramitación otorgan 30 días al ejecutivo para pronunciarse sobre su conformidad o no al respecto. Si ese plazo se agota, poco tiempo quedaría ya para enmendar y debatir cada propuesta antes de la formación de un nuevo gobierno o, en su defecto, de la convocatoria de nuevas elecciones (transcurridos dos meses desde la primera sesión de investidura), que supondría la disolución de las cámaras.
Ley electoral y LOMCE
Ciudadanos ha entendido que con un gobierno sin plenas capacidades no era momento aún de arrancarse a legislar, aunque eso no ha paralizado al partido de Albert Rivera que ha presentado hasta seis proposiciones no de ley que reflejan sus señas de identidad. En varias de ellas comparte objetivos con el PSOE, con planes distintos. Ambos quieren mejorar la ley electoral, pero mientras la formación naranja busca reformarla por completo para hacerla más proporcional, el PSOE se limita a pedir una eliminación del voto rogado para los residentes en el extranjero, modificación a la que, por cierto, se ha opuesto en anteriores legislaturas.
Ciudadanos y socialistas también quieren cambiar la LOMCE, pero mientras Rivera apuesta por crear una comisión que trabaje por un pacto nacional por la educación, Sánchez prefiere empezar suspendiendo el calendario de aplicación de la llamada ley Wert, luego derogarla y, más tarde, abordar una nueva norma.
Las iniciativas de PSOE y Ciudadanos sí se parecen más en otros ámbitos. Sus propuestas por la conciliación y la igualdad laboral entre mujeres y hombres no difieren. Tampoco algunas de sus apuestas para el mercado laboral, aunque aquí los socialistas han sido mucho más prolijos. Su principal coincidencia es la defensa de un Complemento Salarial Garantizado (Ciudadanos) o Ingreso Mínimo Vital (PSOE), que parecen a todas luces inspirados en la conocida Renta Básica de Podemos, que estos aún no han llevado a la Cámara Baja.
En regeneración democrática y lucha contra la corrupción, Ciudadanos ha registrado una iniciativa que pide acabar con los indultos para los corruptos y con el exceso de aforados, y que se imponga la democracia interna en los partidos. El PSOE va más allá en el caso de los indultos, ya que ha inscrito una proposición de ley que modifica la redacción de la norma vigente para evitar el uso pernicioso de esta medida de gracia.
Ciudadanos y PP comparten la PNL por la unidad de España para combatir el independentismo
Rivera también tiene una propuesta en común con el PP. La primera iniciativa que Ciudadanos ha firmado ante el Congreso es su PNL por la unidad de España, ya conocida en varios parlamentos autonómicos, y que tiene una hermana melliza (aunque de redacción más extensa) que suscriben los populares. La intención de ambos es combatir el independentismo catalán con una demostración de fuerza que de paso evidencie las posiciones de Podemos y sus aliados, y la del PSOE por si hay dudas.
Al margen del recelo que despierta en este asunto, lo cierto es que Sánchez tiene, de momento, puntos de encuentro a izquierda y derecha, lo cual refuerza la teoría de que le sería mucho más difícil lograr ser investido que llegar a acuerdos en el Congreso tras alcanzar el gobierno. El líder socialista podría hasta entenderse en algo con el PP, visto que ambos han presentado proposiciones no de ley pidiendo un pacto contra la violencia de género. Un pacto que, dicho sea de paso, ya reclamó en una iniciativa similar el PSOE (junto a Izquierda Plural) en 2014, con el voto a favor de toda la oposición y el voto en contra de la abrumadora mayoría absoluta popular. Eran otros tiempos.
No implican más presupuesto
La mayoría de las proposiciones registradas hasta el momento por los cuatro grandes grupos parlamentarios no precisan de memoria o argumentación económica alguna, por cuanto las proposiciones no de ley no implican novedades presupuestarias. Podemos asegura que su Ley 25 de Emergencia Social no exige un aumento de la financiación, sino una redistribución, toda vez que separaron de esta propuesta la Renta Básica, que hubiese costado unos 15.000 millones de euros en dos años, según el propio partido.
El razonamiento del PSOE es similar: sus principales propuestas de ley implican un desembolso pequeño o una reasignación de una partida presupuestaria que la nueva norma dejaría sin efecto.
Del mismo modo que una PNL que insta a crear un complemento económico para los hogares con rentas más bajas no supone un cambio presupuestario, las iniciativas de este tipo que proponen derogar una ley (como la de los socialistas que pretende acabar con la reforma laboral del PP) no implican la derogación, sino simplemente una toma de postura del Congreso respecto a una eventual derogación. Hasta ahí llega el PSOE con la reforma laboral, la LOMCE, la Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma de la Administración Local de Rajoy. Sin un gobierno investido, sin propuestas alternativas debidamente redactadas y sin haber tenido tiempo para sondear sus opciones de éxito, no se puede ir más lejos.
Todos los partidos han marcado perfil con sus baterías de iniciativas. Podemos ha entrado de lleno en el debate energético, pidiendo el cierre de Garoña, el fomento del autoconsumo sin trabas ni peajes que beneficien a las compañías eléctricas y la defensa de una prórroga de vida para Elcogas, la central térmica de Puertollano, que para la formación de Iglesias supone un ejemplo en el cambio de modelo productivo de un territorio.
El PSOE ha demostrado su capacidad para enfrentarse a la gestión del PP. Entre sus 30 proposiciones también destaca una para “recuperar la independencia de RTVE”, otra para la acogida e integración de refugiados, otra por una reforma que combata el fraude y la evasión fiscal, y la defensa de reformas como la de la financiación autonómica o la del reglamento del Congreso. Ciudadanos se ha centrado en la lucha contra la corrupción y en su propuesta para crear empleo, sin dejar de lado sus posturas respecto a la unidad de España y a las nuevas reglas electorales.
El PP, que ha llegado más tarde a la carrera, también ha hecho sus apuestas: pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela (una propuesta que ya estuvo en el Congreso), el cumplimiento y la suma de fuerzas en torno al pacto antiyihadista o manifestar que España es indivisible. Y una novedad impactante: instan a impulsar una ley para la lucha contra el cambio climático y a favor de las energías renovables. Y la creación de una comisión para estudiar el fenómeno, como la que rechazaron en 2014.