20/11/2019
Internacional

Netanyahu extiende su cerco a las ONG

El Parlamento vota una ley para que las organizaciones israelíes que denuncian abusos contra los palestinos revelen sus fuentes de ingresos

Al tiempo que crecen las críticas internacionales contra la política de ocupación de Israel en Cisjordania —que dura ya 49 años y se extiende con nuevos asentamientos subsidiados con fondos públicos—, el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y el movimiento de ultraderecha aumentan sus ataques contra la comunidad progresista del país, a la que tachan de traidora y subversiva.

El Parlamento se prepara para votar una ley de transparencia de las ONG promovida por la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, del partido religioso La Casa Judía, que obligará a las organizaciones israelíes no gubernamentales que denuncian los abusos contra los palestinos a revelar sus fuentes de ingresos, que en la mayoría de los casos provienen de gobiernos extranjeros.

La ley, condenada por un grupo de 50 europarlamentarios que instan a los diputados israelíes a no apoyarla por considerarla “inherentemente discriminatoria”, podría convertirse en un nuevo obstáculo en el camino hacia un posible acuerdo de paz con los palestinos. Los diputados europeos sostienen que se trata de silenciar a las organizaciones de la sociedad civil, y que el proyecto es parte de la “preocupante tendencia” del Gobierno israelí de constreñir y perjudicar a quienes critican sus políticas. Para algunos activistas en el país, esta legislación es la versión israelí del macartismo.

Para la diputada Nava Boker, del Likud, la petición de los funcionarios europeos, a quienes califica de extremistas de izquierda, es “indignante”. Boker les ha respondido  que sería mejor que se dediquen a resolver sus propios conflictos internos, como la crisis de los refugiados o los atentados yihadistas.

La Knéset también acaba de aprobar la llamada “ley antiinfiltración”, que pretende frenar la llegada de subsaharianos que piden asilo y que permitirá a las autoridades mantener a los refugiados en el centro de detención de Holot durante 12 meses, en lugar de los 18 de la normativa anterior. Ambas opciones han sido denunciadas como una violación de los derechos humanos. Su objetivo es evitar la intervención del Tribunal Supremo en las denuncias de los grupos de derechos civiles. “Quitarles a los refugiados un año de vida continúa violando sus derechos”, denuncian las ONG, subrayando que la normativa no resolverá el problema social de la inmigración.

La Knéset legisla para frenar la llegada de subsaharianos, que permanecerán 12 meses detenidos

Y mientras el Parlamento en Jerusalén presenta polémicas medidas, se hace evidente que no hay ninguna posibilidad de negociación entre Israel y el Gobierno de Ramala, que está demostrando ineficacia e inacción por parte de Mahmud Abás, un presidente anciano y con escasos reflejos políticos con problemas para representar a una población asfixiada.

En la Franja de Gaza, donde en 360 kilómetros cuadrados viven 1,8 millones personas, están sufriendo uno de los inviernos más duros que se recuerdan, con escasez de butano por el bloqueo impuesto por Netanyahu. Más de la mitad de la población está en paro y los jóvenes —con acceso a la enseñanza y a la universidad pública gracias a las escuelas de la UNRWA (la agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo)— no encuentran trabajo ni proyecto de vida al acabar sus estudios.

Muchas de las familias que vieron cómo los aviones israelíes bombardearon sus casas en el verano de 2014 siguen durmiendo en colegios de la ONU o en chabolas donde en verano soportan altísimas temperaturas y en invieron se congelan. La falta de agua potable es otro reto diario: las depuradoras también fueron bombardeadas y no todas han sido reconstruidas. A Gaza solo entran los alimentos que el Gobierno de Israel permite, a excepción de los productos de la huerta que ellos mismos pueden cultivar pero no vender a los palestinos de Cisjordania. El principal hospital de Gaza, Al Shifa, solo funciona a un 50%. 

Cisjordania y Jerusalén Este viven una situación diferente, ya que las políticas de la ultraderecha israelí han preferido la invasión del territorio, expulsando a los palestinos de sus tierras y cultivos mientras demuelen sus casas. Los colonos se han quedado con las mejores tierras y acaban vendiendo los productos a los palestinos a altos precios.

El Ejército controla la vida de los ciudadanos, que pueden ver cómo entran en sus casas para registrarlas o cómo se llevan a cabo “detenciones administrativas” sin la autorización de un juez. De hecho no solo los ciudadanos de a pie son detenidos. También detienen a parlamentarios palestinos molestos para las autoridades israelíes o a periodistas como Al Qiq, en huelga de hambre en prisión desde el pasado 25 de noviembre y al borde de la muerte, según su abogado y Amnistía Internacional. Las ciudades de los colonos están conectadas por autopistas donde solo pueden circular coches con matrícula israelí.

Los palestinos están cansados de la inacción del Gobierno de Abás, que lleva años intentando negociar con Israel. De ahí que las posiciones políticas se radicalicen, especialmente entre los más jóvenes. En este contexto estallan las intifadas o los ataques indiscriminados con cuchillos. Desde octubre, más de 170 palestinos han sido asesinados por el Ejército israelí, frente a los 27 israelíes asesinados por palestinos.