18/9/2019
Economía

Obligados a innovar

España precisa una estrategia de innovación para lograr un crecimiento de calidad y superar el agotamiento de un modelo centrado en sectores de baja productividad

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Obligados a innovar
Cafetería de Campus Madrid, el espacio de Google dedicado al emprendimiento y la innovación situado en el centro de Madrid. campus madrid, google
En el curso de la próxima década asistiremos a una evolución del modelo posindustrial de crecimiento propiciado por las nuevas tecnologías, en el que las fuentes de creación de valor pasarán de ser materiales a basarse en la innovación y la gestión del talento. Estos factores se concentrarán en hubs —espacios de interconexión donde las empresas y los trabajadores altamente cualificados compiten y colaboran a la vez— que atraerán creatividad y capturarán la mayor parte del crecimiento económico, actuando como un catalizador para el desarrollo.

Este nuevo modelo productivo tendrá amplias repercusiones económicas, sociales y políticas, generando un enorme reto tanto para empresas como para países. Los nuevos sectores serán menos intensivos en trabajo y la robotización hará desaparecer buena parte de los empleos actuales. Será una estructura productiva y un mercado global que recompensará ampliamente a los trabajadores más cualificados pero que resultará cada vez más difícil para los trabajadores menos formados. Es probable que se exacerben las desigualdades salariales, mientras trabajadores de sectores como transporte, logística, soporte administrativo o procesos de producción son reemplazados. La concentración de la riqueza, tanto geográfica como en estratos sociales, la lucha por el talento y el incremento de la movilidad laboral que conlleva este modelo podrían potenciar un crecimiento no inclusivo que tense la capacidad de adaptación de los sistemas democráticos y la capacidad redistributiva del Estado de bienestar.

Cada vez que España crece, se endeuda frente al exterior, y la razón es nuestro déficit de competitividad

Este cambio de paradigma en la economía global converge con el agotamiento del modelo de crecimiento que llevó a España a la crisis, excesivamente centrado en sectores de baja productividad e innovación. Hoy es urgente la necesidad de desarrollar nuevas bases de crecimiento económico sólido en nuestro país para paliar el estremecedor nivel de desempleo, gestionar la acuciante deuda pública y retomar una trayectoria alcista de nivel de vida a medio plazo. Ya no seremos capaces de crecer como en el periodo entre 1995 y 2007 sin aumentar la productividad e innovar, ya que no gozaremos de un saldo migratorio positivo, ni dispondremos de ingresos de una burbuja inmobiliaria ni se repetirá el shock monetario y la entrada de capitales que trajo nuestra acceso a la Unión Monetaria europea. España debe construir una economía más intensiva en conocimiento, en la que el ahorro privado se canalice hacia sectores de alto valor añadido y la inversión pública se oriente a la infraestructura intangible: educación e I+D+i.

Superar el círculo vicioso

Para ello, es clave anclar nuestro crecimiento a sectores de alta productividad y con empleo cualificado que resista mejor la competencia global. Es cierto que las exportaciones españolas de bienes y servicios establecieron en 2014 un récord que representó un 32% del PIB español (frente al 25% previo a la crisis). Sin embargo, la evolución de las ventas en el exterior muestra síntomas de fatiga, la productividad por empleado se estancó en 2014 tras un periodo de significativas subidas y el déficit comercial se volvió a incrementar, después de haber sido positivo. Cada vez que España crece, se endeuda frente al exterior, y la razón es nuestro déficit de competitividad. Para superar este círculo vicioso es esencial fomentar estrategias empresariales y nacionales que mejoren la productividad. Y la clave para la mejora de la productividad es la innovación.

Nos queda, sin embargo, mucho camino por recorrer. A nivel internacional, España se sitúa en el puesto 27 del Índice de Innovación Global de Cornell University, INSEAD y WIPO (2014). Está en el 17 en el indicador sintético de la innovación de la Comisión Europea, con la calificación de economía “moderadamente innovadora”, superada el año pasado por países como República Checa. En 2013 la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) registró 5.766 patentes españolas a nivel global, lo que supone menos del 1% mundial. Por su parte, en 2014 la Oficina Europea de Patentes (OEP) solo concedió 467 patentes españolas, en torno al 1% del total.

España cuenta con buenos mimbres para innovar, como muestra el número de publicaciones científicas internacionales, pero padece una mala estructura de incentivos, escasa apertura al exterior, poca especialización y rigidez burocrática. También actúan como lastre la discontinuidad de los proyectos de investigación en coyunturas recesivas y la escasa cooperación público-privada, que limita la transferencia entre los centros de creación de conocimiento y los de monetización de ese conocimiento. Ello limita tanto la calidad y la capacidad de su base de investigación como el impacto económico de la innovación. La propia Comisión Europea ha señalado como principales puntos débiles de España en materia de innovación la “inversión empresarial en actividades innovadoras y los vínculos e iniciativa empresariales”. Otro punto criticado con frecuencia es la escasa financiación disponible para sectores productivos intensivos en tecnología y conocimiento. Destacando la escasez de venture capital (capital riesgo) para financiar start-ups que catalicen la innovación, junto al escaso tratamiento fiscal a los business angels.

En el sector público, la dotación de I+D+i para 2015 se ha incrementado en un 4,8%, pero esta cifra es un espejismo, pues crece sobre la base de un presupuesto drásticamente recortado en los últimos ejercicios, como demuestra la pérdida de 1.150 millones de euros desde 2009 en el presupuesto del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o que la tasa de reposición científica en el ámbito público sea del 50%.

De esta manera, según Eurostat, la inversión anual total se limita al 1,24% del PIB (2013), lejos de líderes como Corea, Japón o los estados nórdicos, que superan el 3%. Además, en España la inversión en I+D está más unida a proyectos universitarios y hospitales (28%) que en el resto de la UE (23%). El sector público concentra un 19% del gasto (12% en la UE), mientras que el privado solo acapara un 53% (frente al 64% de media europea). Por su parte, el Foro Económico Mundial sitúa a España en el puesto 52 en inversiones en I+D en su informe de competitividad global de 2014-15, pese a que en el índice de competitividad general ocupe la posición 35.

Una estrategia nacional

Si España no quiere ver reducida su cuota de mercado global y bloqueado su potencial de crecimiento, debe fomentar la innovación para ganar en competitividad. Para ello es necesario crear una verdadera estrategia nacional. Toda estrategia de innovación debe ser de carácter holístico, ya que conecta diversos asuntos: un ecosistema de emprendimiento, educación, I+D+i, universidades, relación entre centros de creación de conocimiento y de uso de conocimiento, financiación, incentivos fiscales, infraestructuras y un Estado creador y dinamizador.

A la hora de diseñar dicha estrategia, es clave atender a la necesidad de democratizar la innovación, desarrollando mecanismos institucionales que amplíen el acceso a los instrumentos que permiten innovar a una mayoría de ciudadanos y empresas. Hacerlo requiere un esfuerzo en una doble dirección: un desbloqueo de nuestra estructura económica y el empoderamiento de trabajadores y pequeñas y medianas empresas (pymes).

El primer reto es el de eliminar los obstáculos al dinamismo y la innovación que han caracterizado durante décadas la estructura económica española. Para lograrlo es necesario fomentar la competencia y crear mercados abiertos en muchos sectores todavía dominados por cuasioligopolios. A mayor competencia, más espacio para la innovación y las mejoras de productividad. Para ello es necesario, ante todo, establecer organismos reguladores y supervisores verdaderamente independientes tanto del Gobierno como de las empresas.

Esta labor de desbloqueo debe alcanzar también a las administraciones públicas, pues nuestro sistema institucional no actúa hoy para estimular la creación de empresas y la actividad económica, sino para desincentivarla. Hay que crear un entorno que facilite la verdadera actividad empresarial y el espíritu emprendedor. Hoy en España no existe igualdad de oportunidades para ser empresario o innovador.

El segundo objetivo debe ser el de empoderar a un mayor número de actores económicos para poder innovar. Para ello es esencial democratizar la capacidad de innovar, ampliando a la mayoría de ciudadanos y empresas el acceso a los instrumentos que permiten innovar y crear riqueza.

Las empresas españolas invierten en I+D la mitad que sus homólogas francesas y una tercera parte que las alemanas

Hoy en día, lo que define a los centros más dinámicos de creación de riqueza no es tanto un modelo privado o público de gestión sino modelos que permiten la innovación que estén basados en una competencia colaborativa o “coopetencia”. El problema radica en que la mayor parte de la sociedad española, de trabajadores y pymes, no tiene acceso a estas prácticas ni a las instituciones o centros donde se desarrollan y replican. Por ello es esencial promover las prácticas y centros de innovación a la mayoría de la población, es decir, extender el acceso a una base más amplia a los instrumentos que permiten innovar y crear riqueza (financiación, tecnología, educación…). Hay que llevar a las pymes desde la retaguardia a la vanguardia tecnológica. Para ello, es necesario crear entornos de innovación, replicando y expandiendo aquellas prácticas e instituciones que las generan, adaptadas a las condiciones locales, y fomentar la innovación y la competencia colaborativa mediante la creación de nuevas soluciones institucionales innovadoras, como por ejemplo fondos de capital riesgo públicos para financiar la innovación o, incluso, un fondo soberano del Estado español que canalice el ahorro nacional a la financiación de compañías en sectores de alto valor añadido.

Las empresas españolas invierten en I+D la mitad que sus homólogas francesas y una tercera parte que las alemanas, a pesar de contar con uno de los esquemas de deducción de impuestos más generosos, a este respecto, de toda la UE. Una de las principales razones es su reducido tamaño. Solo el 0,8% de las empresas tiene más de 50 trabajadores, en comparación con el 3,1% en Alemania, mientras que las medianas empresas sufren los tipos impositivos efectivos más altos. Ello dificulta su internacionalización y acceso a la financiación no bancaria.

Democratizar la innovación

Para crear un ecosistema económico productivo es imprescindible un cambio en la relación entre empresas y administraciones y mejorar la conexión entre los centros creadores de conocimiento (universidades, centros de investigación) y el sector privado capaz de llevar al mercado esa I+D. La mejor forma de apoyar a las pymes para que compitan en un mercado global es desde instituciones como la Sociedad Fraunhofer o parques tecnológicos que ayudan a innovar sin incurrir en grandes costes a través de sinergias. Mediante redes público-privadas de conocimiento, es factible alcanzar una innovación compleja sin contar con enormes recursos, lo que democratizaría la innovación. Este aspecto es clave para sostener el 15% del PIB que genera hoy la industria, un sector de especial relevancia para asegurar tanto el desarrollo tecnológico nacional como la disponibilidad de empleos de alta calidad, así como para mantener una economía diversificada.

Por otra parte, será clave evitar la desvinculación de los científicos que han tenido que emigrar durante los últimos años debido a los recortes presupuestarios y promover la posibilidad de que regresen a España a ocupar puestos en los que desarrollar las aptitudes adquiridas fuera.

Y, por último, si el papel de los agentes privados en la innovación es clave, no lo es menos el del Estado. En su seminal El Estado Emprendedor, Mariana Mazzucato ofrece amplia evidencia de que en todos los países con altas tasas de innovación el Estado ha jugado un papel fundamental, especialmente a través de agencias públicas de I+D. Estas no se han limitado a “corregir fallos de mercado”, sino que han llevado a cabo proyectos de vanguardia que el sector privado no estaba dispuesto a desarrollar por su alto riesgo o dudoso retorno y que, a largo plazo, han generado multitud de avances tecnológicos de uso civil. Y lo han hecho financiando a empresas privadas para acometer esta investigación, pero a menudo también a través de instituciones públicas de I+D dedicadas tanto a la investigación primaria como a la aplicada.

En conclusión, una estrategia nacional de innovación es necesaria y es posible. Sin ella, España carecerá de una guía para abordar el que es, sin duda, nuestro principal reto económico para el largo plazo. Con ella, el país puede recuperar la senda del crecimiento, pero esta vez de un crecimiento de calidad que le permita mantener e incrementar sus tasas de prosperidad en un entorno de intensa competencia global.

Este artículo forma parte del libro Strategy Spain, 12 estrategias para cambiar un país (Peninsula Press, 2016), www.strategy-spain.com