14/12/2019
Análisis

Transferencias de rentas: una respuesta razonable

Los costes de la integración económica se han hecho evidentes durante la crisis y no dejarán de serlo en el futuro

Jorge Galindo - 17/06/2016 - Número 38
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Transferencias de rentas: una respuesta razonable
Inmigrantes africanos y desempleados españoles en Barcelona. Samuel Aranda / The New York Times / Contacto

Puede el mercado proporcionar por sí mismo un nivel y una distribución de la renta aceptable para cada individuo? En Europa occidental la respuesta siempre ha sido más negativa que positiva. Como consecuencia, se le ha asignado al Estado el papel fundamental de asegurar un nivel mínimo de renta y garantizar una cierta medida de redistribución, siguiendo las preferencias expresadas por los ciudadanos. La cuestión es: ¿lo consigue hoy en día? A tenor de los datos, no como cabría esperar. En España, más del 38% de las personas de entre 16 y 29 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Antes de la crisis, el porcentaje no llegaba al 23%. ¿Qué hacer? Tres de las cuatro principales candidaturas a las elecciones del 26-J llevan en sus programas algunas respuestas propositivas. Para poder evaluarlas es necesario comprender a fondo el complejo reto al que nos enfrentamos.

Entendiendo las causas

Entre 1998 y 2007 España disfrutó de un flujo de crédito exterior que parecía inacabable. Por desgracia, gran parte se invirtió en alimentar una descomunal burbuja inmobiliaria. El crecimiento subsiguiente abusó de los empleos de escasa calidad y de consumir (importar) más de lo que se producía. Cuando el crédito cesó, los despidos se cebaron con los más vulnerables: puestos temporales de baja cualificación. Tras ocho años y una doble recesión, se vuelve a crear empleo, pero la esperanza es escasa para muchos. El FMI prevé una tasa de paro del 18,3% al cierre de 2017. Un cuarto de los desempleados de larga duración lleva cuatro años buscando una oportunidad. Compiten con trabajadores mucho más jóvenes y actualizados: del total de desempleados, un 55% tiene un nivel educativo igual o inferior a secundaria básica.

Al mismo tiempo, la recuperación debería servir para saldar la deuda exterior, convirtiendo el déficit comercial en superávit. La única manera de hacerlo es recuperando competitividad, lo cual implica que los precios de lo producido crezcan menos rápidamente que los del entorno. Así que, a corto plazo, el resultado es una devaluación salarial que se añade a la masiva destrucción de empleo.

A largo plazo, tras enlazar 12 trimestres de avance del PIB, España busca un nuevo modelo de crecimiento. Lo hace, sin embargo, con dos requisitos que son difíciles de conjugar: asegurar el reequilibrio de nuestras relaciones con el exterior mientras se incorpora a toda la población que se está quedando atrás.

Globalización y tecnología

En un modelo abierto, es imprescindible tener en cuenta que, aunque el comercio internacional tiende a beneficiar a todos los implicados en el largo plazo, puede abrir brechas considerables entre ganadores y perdedores en el corto. Los beneficios de la globalización son tangibles y compartidos, pero también difusos: ciertos precios descienden, la inversión se destina a segmentos más productivos, la diversidad aumenta… Los costes, por contra, son visibles, inmediatos y concentrados en sectores y áreas determinadas. En España se corre el riesgo de que los perdedores del modelo anterior coincidan con, o se sumen a, los del nuevo.

Entre 2007 y 2013, el 10% con menos recursos de la población perdió un tercio de sus ingresos

La respuesta estándar es crear mejores puestos de trabajo en los países occidentales, aprovechando las ventajas competitivas de la tecnología y del capital humano necesario para poder utilizarla. Es innegable que España tiene mucho que avanzar en este frente: disminuir el fracaso escolar aumentando el recurso a la formación técnica, hacer de nuestras universidades centros más innovadores y competitivos, ofrecer una alternativa real a los desempleados jóvenes que quedaron descolgados de la construcción. Sin embargo, el poder de la educación es limitado. Resulta difícil imaginar cómo puede absorber el mercado 2,3 millones de desempleados de larga duración solo gracias a una mejora en su cualificación.

Aún más importante: la inestabilidad laboral causada por la tecnología y la globalización no se resuelve simplemente con más capital humano. En un entorno económico más globalizado, la demanda es más fluida y cambiante. También la oferta, incluyendo la de mano de obra. La consecuencia es clara: carreras más inestables, con mayor intermitencia y solapamiento entre trabajos, más frecuencia del tiempo parcial involuntario y de las pausas cortas en el transcurso laboral. Aunque España logre una integración mayor y más competitiva con su entorno, los perdedores seguirán ahí. La educación es una respuesta para algunos, pero no la respuesta para todo.

Ante semejante panorama, no son pocas las voces que se alzan reclamando una intervención estatal que limite el alcance de la globalización económica. Si no somos capaces de manejar los costes de la integración, quizás sería más conveniente proteger las propias industrias a través de aranceles, regulación e inversiones selectivas. Si el normal funcionamiento del mercado no es capaz de asegurar el bienestar designado como deseable por la sociedad, quizás es necesario embridarlo.

La tentación proteccionista

En realidad jamás ha existido un mercado sin corsé. El encuentro entre oferta y demanda no es sino una convención social destinada a distribuir los recursos disponibles de una manera determinada. No hay nada natural en ello, pues las reglas son imprescindibles para su funcionamiento. Escoger unas u otras resulta en relaciones comerciales más simétricas o, por el contrario, en otras donde una parte ejerce su poder de negociación. Sin embargo, los efectos del proteccionismo a gran escala son muy distintos. ¿Vale la pena renunciar a los beneficios (difusos, sí, pero sustanciosos) de la globalización a cambio de proteger a toda costa a los perdedores (específicos, localizados)? Esta es la pregunta que debemos hacernos.

La respuesta, de momento, no está clara. En 2009, un 47% de españoles pensaba que la globalización era una buena oportunidad económica, frente a un 31% que la veían como una amenaza para el empleo, y un restante 22% que no lo tenía claro, según datos del Eurobarómetro. En 2012, los indecisos eran un 32% y los favorables solo el 35%, frente a un número casi idéntico de desconfiados (33%). Los costes de la integración económica se han hecho evidentes durante la crisis y no dejarán de serlo en el futuro próximo. Si la educación no es suficiente para esquivarlos y no estamos dispuestos a renunciar a los beneficios de la globalización en el largo plazo, es necesario encontrar un mecanismo político adicional.

Una alternativa directa

El tercer gran instrumento igualador del Estado es también el más directo: consiste sencillamente en tomar renta de una parte de la sociedad para dársela a otra. Nuestro sistema actual de transferencias es relativamente generoso con quienes han trabajado un tiempo antes de necesitar compensación estatal. La prestación por desempleo se otorga a quienes han contribuido al menos 360 días durante los últimos seis años, pero no es eterna: se agota definitivamente a los 24 meses. Cuando no hay acceso a la misma existe una miríada de subsidios que dependen de las condiciones del individuo. Casi todos parten de los 426 euros al mes, varían en función de las cargas familiares de la persona y son concedidos siempre que no se disponga de ingresos adicionales sustanciosos. Por otro lado, aquellos hogares que se encuentran en situación de escasez tienen acceso a una serie de transferencias que varían considerablemente según la comunidad autónoma: desde los 375 euros de ingreso mínimo en Madrid hasta los 672 del País Vasco, con una media máxima por hogar de alrededor de 600 euros. También son variables las condiciones de acceso. Como resultado, la cobertura es escasa y desigual: no pasa del 25% de los hogares sin ingresos o con todos sus miembros en paro, según cálculos de la Fundación porCausa. Se trata, en definitiva, de una red compleja, remendada, que implica importantes costes de tiempo y recursos para trabajador y Administración. A tenor de la ristra de datos presentada en este artículo, esta red a veces se asemeja más a un colador.

Un presente de crisis y un futuro dinámico requieren un sistema más versátil y adaptable. Si tanto el paro de larga duración ahora como la precariedad y la intermitencia de las carreras en el futuro están en la raíz del problema de riesgo de pobreza y desigualdad, ¿qué sentido tiene mantener el peso del sistema de compensación en las prestaciones contributivas? La universalización, en este campo como en otros, tiene un poder igualador considerablemente mayor. Además, el perfil de individuos y hogares que se ven expuestos a estos riesgos es cada vez más variado, cambiante a lo largo del tiempo. Por ello, las largas listas de programas especiales y condiciones específicas añaden coste sin proporcionar un beneficio claro al sistema. Teniendo en la renta disponible un indicador claro y directo, no parece necesario agregarle muchos más. Todo lo que sea quitar tareas innecesarias de los hombros de las familias que ya de por sí disponen de pocos recursos parece una buena idea, no digamos ya de la Administración que pagamos entre todos.

Las rentas más altas, correspondientes al 10% más rico de la ciudadanía, han crecido con la crisis

Una preocupación recurrente cuando se proponen esquemas de transferencias de renta es que pueden restar incentivos al trabajo. La única manera de solucionarlo es condicionándolas a la percepción de un salario. Esto es el complemento salarial que existe en lugares como Suecia o Estados Unidos, y que propone Ciudadanos. El problema de esta herramienta es que solo resuelve uno de los muchos problemas enumerados: el riesgo de pobreza de quien ya tiene un empleo (17,8% de los asalariados en 2013). Pero nada hace por quien está en el paro, o quien espera estarlo a intervalos regulares en el futuro.

Las opciones escogidas por PSOE y Podemos se parecen más a un ingreso mínimo asegurado: cualquier hogar con menos de una cantidad determinada de rentas la vería compensada por una transferencia equivalente a la resta. Este sistema sí es eficaz para cubrir espacios de escasez causados por el desempleo, pero no genera incentivos para trabajar ni es muy eficaz para luchar contra la pobreza en el trabajo.

Existe una posibilidad mixta. Se puede establecer un suelo de ingresos para quien no disponga de ninguno, pero al mismo tiempo asegurar que cualquier euro que la persona ingrese por su trabajo no sustituya completamente al que le paga el Estado. El diseño propuesto para la nueva Renta Social Básica de Aragón es similar, pues contempla un plus en las transferencias si la persona está trabajando. Políticamente, se trata de una idea que pone en común las de Podemos, el PSOE y Ciudadanos (el PP no parece tener ninguna en este sentido, de acuerdo con su programa). Con diseños de este tipo se cubren todos los flancos: hogares sin ingresos, pobreza en el trabajo y pérdidas intermitentes.

¿Quién paga?

Esta propuesta implicaría un considerable incremento del gasto público, aun en el caso de que sustituyese a todos los demás programas similares. Para evitar un gravamen difícilmente asumible para el Estado en un momento de estrechez presupuestaria, el modelo puede aplicarse por fases. Primero, el tramo de renta mínima para hogares sin ingresos o en situación de pobreza severa, que corresponden con la emergencia social creada por la crisis. Este suelo de ingresos, sumado a políticas educativas y de activación, convertiría la recuperación económica en un proceso mucho más equitativo y pondría a funcionar recursos humanos que ahora mismo están en el dique seco. Una vez salvado el escollo actual, implementar el tramo de complemento salarial será más sencillo, en tanto que habrá menos restricciones presupuestarias. Y también más útil, pues será en ese momento cuando las nuevas irregularidades en las sendas laborales se manifiesten en toda su intensidad.

En cualquier caso, es importante no llevarse a engaño. Una red de seguridad es un instrumento caro, y alguien debe asumir la factura. Según datos del Luxembourg Income Study of Income Inequality, entre 2007 y 2013 el 10% con menos ingresos de la población perdió un tercio de sus rentas, frente a solo un 8% para la del quinto decil (clase media “pura”) y menos de un 3% de las clases acomodadas (séptimo y octavo decil). Las rentas más altas, correspondientes al 10% más rico, han crecido durante la crisis. Al mismo tiempo, mientras el riesgo de pobreza se incrementaba para los menores de 29 años, descendía para los mayores de 65. Esto último son buenas noticias, pero también indica que hay un desequilibrio generacional en la cobertura del gasto social. A las clases medias y altas y a la redistribución generacional se une un tercer grupo, el de aquellos que lo tendrán más fácil para adaptarse y ganar con el proceso de integración económica y avance tecnológico.

El equilibrio político para reformar nuestro modelo no será fácil, pero así es como se construyó el contrato social europeo. El premio entonces estaba claro: obtener un crecimiento sostenido y repartido de manera equitativa. Ahora que hace falta reformarlo, el objetivo debe ser exactamente el mismo.