19/11/2019
Política

Una guerra policial que alcanza a Fernández Díaz

La batalla entre los comisarios Martín-Blas y Villarejo revela la existencia de prácticas policiales dudosas que afectan a numerosos casos judiciales

Ángeles Vázquez - 26/08/2016 - Número 48
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Una guerra policial que alcanza a Fernández Díaz
Jorge Fernández Díaz charla con Rafael Catalá en el Congreso de los Diputados. J. J. Guillén/EFE

El caso del Pequeño Nicolás permite que salga a la luz la guerra policial y la operación Cataluña

Las sospechas de la existencia de prácticas policiales dudosas han existido durante todo el Gobierno del Partido Popular, pero se vieron corroboradas al final de la pasada legislatura, la más corta de la democracia española. La investigación de una pieza menor del caso del Pequeño Nicolás ha hecho que salieran a la luz una guerra policial latente y la forma de actuar de algunos policías, plasmada en lo que se ha denominado operación Cataluña, que habría estado auspiciada durante años por el Ministerio de Interior y que le ha acabado estallando al propio ministro en forma de grabación.

La animadversión existente entre los comisarios Marcelino Martín-Blas y José Manuel Villarejo, dos hombres fuertes de Interior desde hace años, tiene su origen en la Operación Emperador, dirigida por la Audiencia Nacional contra Gao Ping, considerado el cabecilla de una red de blanqueo de capitales desarticulada. En uno de los informes realizados por Martín-Blas se identificaba a los policías que presuntamente habían recibido cohechos de la trama y se mencionaba a uno de los hijos de Villarejo. Pero la guerra interna entre ambos no se hizo pública hasta que se profundizó en una pieza separada del Pequeño Nicolás, el caso Nicolay, centrada en una grabación ilegal realizada en el marco de la investigación abierta a Francisco Nicolás Gómez Iglesias por, entre otros delitos, usurpación de funciones al hacerse pasar por miembro del gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y agente del CNI (competencia de Vicepresidencia).

Duelo de comisarios

En la pieza Nicolay se investiga la grabación de una conversación mantenida el 20 de octubre de 2014 entre el comisario Martín-Blas, cuando era jefe de la Unidad de Asuntos Internos, y dos agentes del CNI sobre las pesquisas que se desarrollaban acerca de Gómez Iglesias. El encuentro se realizó en las dependencias de Asuntos Internos, una unidad que por razones de seguridad mantiene oculta su sede y de la que ni siquiera se conoce el número de efectivos con los que cuenta.

El primer medio que se hizo eco de la grabación fue el digital Información Sensible, “tutelado” por el comisario Villarejo, presente en otros procedimientos judiciales, como el del ático en Marbella del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, del que se hizo cargo por orden del anterior ministro de Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Villarejo admitió que grabó al político del PP en un encuentro que mantuvo, junto con el comisario Enrique García Castaño, en una cafetería de la Puerta del Sol en noviembre de 2011 en el que se escucha a González decir: “El tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero”. Con estas palabras González dejaba claro su interés en que los funcionarios frenaran las pesquisas iniciadas en su contra a raíz del caso Gürtel por el inmueble. Según declaró Villarejo en el Juzgado de Estepona que lleva el caso, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le "ordenó" parar la investigación del ático a través del comisario Martín-Blas. Fue uno de los desencuentros entre los dos comisarios, que parecen librar ahora su última batalla en el caso Nicolay.

El perjudicado que investiga

El juez investiga a Villarejo por grabar una conversación entre Martín-Blas y dos agentes del CNI

Villarejo ha sido imputado en esta pieza por el juez Arturo Zamarriego por su presunta participación en la grabación realizada en el despacho de Martín-Blas. Se da la circunstancia de que, pese a que Martín-Blas es el principal perjudicado de la grabación, el juez le encomendó a él encabezar la comisión judicial que investiga el caso, cuando al ser cesado en abril de 2015 como jefe de Asuntos Internos por su enfrentamiento con el propio Villarejo quedó al margen de la investigación sobre el Pequeño Nicolás.

El informe de esa comisión sobre esa escucha llega a la conclusión de que "el presunto autor intelectual de la grabación y de su difusión es el comisario Villarejo”, a través de Información Sensible, medio con el que está relacionado por "sociedades y personas estrechamente vinculadas" a él. Su actual esposa, Gemma Alcalá, es la administradora única de una de esas empresas, Cenyt, mediante la cual, según la policía, controla el citado digital.

La imputación de la mujer ha sido solicitada por el fiscal Alfonso San Román, una vez que ya han declarado en esa condición el propio Villarejo y el experiodista del digital Carlos Mier. La comisión judicial también proponía que comparecieran como investigados el que era superior de Villarejo y Martín-Blas, el director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, ahora jubilado, y varios periodistas, peticiones a las que se ha opuesto la Fiscalía.

Más allá de que el propio Martín-Blas señale a Villarejo, el proceso ha cobrado importancia después de que el presunto responsable de la grabación —el mismo Villarejo— admitiese en el juzgado, el pasado 6 de julio, su participación en la que se ha denominado operación Cataluña, aunque no le dio explícitamente ese nombre. Lo hizo al explicar, a instancias del fiscal San Román, su relación con Martín-Blas. Admitió sin problemas que “durante todo el 2012” estuvo con él, “viajando a Barcelona, teniendo reuniones, comiendo, tomando café...". "O sea, tuvimos una relación tremendamente intensa”, matizó.  Martín-Blas, como jefe de la Unidad de Asuntos Internos tenía el cometido de investigar a los policías corruptos, por lo que llama la atención que viajase a Barcelona con Villarejo, el comisario que “una de las competencias que desarrollaba era el proceso independentista catalán”, según el informe elaborado por la comisión judicial encabezada por el propio Martín-Blas.

A preguntas de la abogada del Estado, Villarejo se situó en el centro de la operación Cataluña: “Hemos comido [en referencia a Martín-Blas], hemos viajado juntos… Tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos, a la familia Pujol, etc, etc. Y él se encargaba de apoyar en algunas citas y algunas historias, y en otras de captar fuentes, como el señor este que ha salido ahora con las grabaciones estas del ministro, que era una fuente que decía él que tal…”. Y ahí surge el vínculo con el otro escándalo que ha sacudido Interior estos días. Porque el "señor este" al que hace mención Villarejo no es otro que Daniel de Alfonso, exresponsable de la Oficina Antifraude en Cataluña.

La grabación del ministro

Cuando la XI Legislatura tenía ya los días contados, el diario Público informó de una conversación mantenida en Interior entre el ministro Jorge Fernández Díaz y De Alfonso, en la que se les oye tratar presuntos casos de corrupción. Hasta ahí nada fuera de lo normal, salvo por el interés que ambos interlocutores muestran únicamente por los que se pueden dirigir contra los líderes de partidos nacionalistas catalanes. Si aparecía el PSC, cambiaban de tema.

Entre los que abordan figuran algunos publicados por distintos medios, como la supuesta cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, de Convergència, por la que ningún tribunal abrió investigación. De hecho, de las 25 denuncias presentadas por Antifraude en cuatro años, 19 fueron archivadas por la Fiscalía, lo que refleja la baja efectividad de la oficina.

Con su declaración ante el juez, Villarejo convierte al caso Nicolay en la única vía posible para esclarecer si se utilizaron los medios del Estado para perjudicar a partidos de la oposición al gobierno, una vez que el ministro de Interior, pese a presentarse ante los medios como víctima de una grabación "ilegal", renunciara a denunciar en un juzgado la violación de la confidencialidad de sus conversaciones. La Fiscalía General del Estado tampoco actuará al considerar que no hay ningún delito en la actuación del ministro.

Durante la comparecencia ante el magistrado de Villarejo, la abogada del Estado se interesó por el asunto de los Pujol. “No es por nada, pero el tema de los Pujol ¿no se estaba llevando por la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía)?”, pregunta, y Villarejo responde: “Se ha judicializado por la UDEF, que son los que están trabajando la información que nosotros hemos aportado. Aunque le moleste mucho al CNI, la Policía también tiene un estatus de responsables de inteligencia que somos los que nos encargamos de captar información y esa información luego la pasamos, si es judicializable, a las unidades que la trabajan”.

Esa captación de información descrita por el comisario queda lejos de estar amparada por la ley que regula las competencias policiales, lo que hace todavía más extraño que la hiciera con la compañía y el conocimiento de quien entonces dirigía Asuntos Internos, pero en el caso de Villarejo su implicación en las prácticas dudosas aún va más allá. El informe de Martín-Blas le relaciona con la Asociación Transparencia y Justicia, que está personada como acusación popular en el caso Nicolay y en otros, como el mencionado del ático de González, el incidente de tráfico de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el caso Campeón —en el que estuvo imputado el exministro socialista José Blanco— y la causa abierta contra el clan Pujol.

Las pesquisas de Martín-Blas señalan hasta qué punto llega la participación de Villarejo en el caso Pujol, a través del abogado de Transparencia y Justicia, Rafael Redondo. Fue Redondo quien acompañó a la UDEF a la exnovia del primogénito del clan (Jordi Pujol Ferrusola), María Victoria Álvarez, cuando le denunció por llevar bolsas con dinero a Andorra y dio comienzo así el procedimiento que ahora se sigue contra toda la familia en la Audiencia Nacional. Redondo también acompañó al empresario Javier de la Rosa a declarar ante al juez. Por eso, la comisión judicial afirma que "el comisario Villarejo es quien organiza y asiste legalmente a los declarantes en el caso Pujol", ya que Redondo "trabaja para él".

Nicolás, los Pujol y de la Rosa

El informe reproduce las noticias que fueron apareciendo del caso y, en concreto, sobre la grabación ilegal, que acabó publicando Infolibre. Una de ellas cuenta que el Pequeño Nicolás se había reunido dos veces con Oriol Pujol, el hijo del expresidente Jordi Pujol que vio terminada su carrera política tras ser imputado en el caso de las ITV. La comisión judicial destaca que por su labor en Cataluña Villarejo conocía a todos los participantes e "incluso aparece identificado en la grabación del teléfono móvil (que de esos encuentros hace el Pequeño Nicolás) por el empresario Javier de la Rosa”. El informe afirma que el comisario “se presenta con un nombre diferente y como un abogado”.

Gómez Iglesias admitió ante el juez Zamarriego haberse reunido con De la Rosa para conseguir información contra la familia Pujol. Aseguró que en la conversación que mantuvo con el empresario condenado por varios casos de corrupción este le contó que Villarejo le había dejado a deber 200.000 euros “que le tenía que pagar el CNI”; ya había cobrado, decía, una cantidad semejante. Según el joven, también se intercambiaron información sobre el constructor y expresidente del Barça Josep Lluis Núñez y su hijo en relación con la causa judicial seguida en su contra. En la grabación, De la Rosa aseguraba que el ministro de Interior “le había comentado que estaba elaborando un informe con un comisario de Policía y con el PP” sobre la familia Pujol. Agregaba que antiguos comisarios habían montado empresas de detectives como "Cenyt" —administrada por la esposa de Villarejo— y “tienen cercado al ministro porque ha vivido de los Pujol durante muchos años y le daban dinero mensual”. En el domicilio del Pequeño Nicolás, además, apareció un cuaderno en el que también se mencionaba a De la Rosa y a Villarejo. Este, en una ocasión bajo la identidad supuesta de Manuel Pérez Villar, abogado, y otra como “Pepe Villarejo”. Las anotaciones incluían datos que no figuraban en la conversación con De la Rosa. Ante el juez, el comisario admitió que utilizaba al empresario para recabar información, aunque dijo poner en cuarentena sus palabras por su egocentrismo y “sus problemas con el alcohol”.