22/8/2019
Política

Administraciones: la reforma que nunca se hizo

La promesa estrella del PP se ha limitado a medidas cosméticas sin afrontar los problemas estructurales del sector público

Carlos Larroy - 17/06/2016 - Número 38
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Administraciones: la reforma que nunca se hizo
El secretario general de la OCDE, la vicepresidenta y el ministro de Hacienda en la presentación del informe de la OCDE sobre la CORA. chema moya / efe
Cabría quitarse el sombrero tras leer los informes de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). En ellos, el Gobierno del PP se aplaude por haber implantado 193 de las 222 medidas aprobadas en 2013 para eliminar duplicidades, reducir el tamaño del sector público y lograr que la Administración sea más accesible para empresas y ciudadanos. Pero la cosa cambia cuando se desciende a la letra pequeña y se descubre que entre estas 222 propuestas se incluyen algunas de tan poca relevancia como la coordinación del coro de Radio Televisión Española con los del Instituto de Artes Escénicas. Algo que no deja de llamar la atención porque el Ejecutivo vendió la CORA como una de sus medidas estrella para dinamizar la economía y contener el déficit.

El grupo de trabajo que elaboró el informe CORA se constituyó en octubre de 2012 para, según dijo el Gobierno, acometer “un análisis profundo” de la situación de la Administración Pública. El resultado fue trasladado al Consejo de Ministros en junio de 2013, que ordenó la creación de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), liderada por la Vicepresidencia del Gobierno. No han trascendido los nombres concretos de quienes formaron parte del equipo de trabajo, aunque desde el Ejecutivo se apunta que estaba compuesto por un nutrido grupo de funcionarios de distintos ministerios.

Sin contar con las autonomías

Se añade también que se creó un buzón de aportaciones ciudadanas y que participaron organizaciones empresariales, sindicales y universidades. Pero la oposición lo niega y recrimina al Gobierno que ni siquiera se llamara a representantes de las comunidades autónomas.

En la estructura política solo se limitó el sueldo de alcaldes y concejales y se redujo el personal de confianza

Lo que más sorprende del informe CORA es que dejara sin analizar el actual modelo territorial y la correspondiente asignación de competencias, es decir, no valorara si había que modernizar las estructuras actuales o se podía prescindir de alguna de ellas para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Por el contrario, se recogió una batería de medidas que incluían desde la Ley de Transparencia hasta trabajar para homologar las licencias de caza y pesca que expide cada región. “Hubiera sido más adecuado hacer un diagnóstico de la estructura casi federal de nuestras administraciones para identificar los problemas que más de 35 años de desarrollo autonómico han producido. Y, a partir de ahí, proponer las reformas legales, estatutarias o incluso constitucionales que fuera necesario poner en marcha”, señala Alain Cuenca, profesor de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza.

La limitada reforma local

Quizá por la inexistencia de este análisis, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, cuya aprobación vino a implantar algunas de las medidas CORA, salió adelante después de que el Gobierno estuviera durante meses dando palos de ciego. Primero planteó eliminar el 30% de los concejales y suprimir las mancomunidades. Pero luego rectificó ante las críticas recibidas, algunas vertidas por los propios alcaldes populares, y decidió mantener todas las administraciones incluso dando más poder a las criticadas diputaciones provinciales. En realidad, en términos de reducción de estructura política, tan solo se estableció una tabla salarial para limitar el sueldo de alcaldes y concejales y se puso topes al personal de confianza que podía trabajar para los gobiernos y grupos políticos de diputaciones y ayuntamientos.

La reforma local también dejó, de acuerdo con criterios de población, sin dedicación exclusiva al 82% de los concejales que hay en España, según informó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero la realidad es que el porcentaje de ediles que ya carecía de sueldo era muy similar. Además, los partidos han reaccionado echando una mano a sus compañeros. Por ejemplo, en Zaragoza los diputados provinciales del PP y el PSOE que se han quedado sin sueldo son precisamente dos políticos que perciben remuneración en sus ayuntamientos. Se trata de los alcaldes de Tarazona y Tauste, Luis María Beamonte y Miguel Ángel Francés. Antes de la reforma local, ambos hubieran estado obligados igualmente a elegir entre el sueldo de la Diputación o el de sus ayuntamientos porque percibir a la vez dos salarios públicos está prohibido desde hace décadas.

La reforma ha sido “propagandística” porque se han eliminado entes que estaban inoperativos

“El informe CORA y la reforma local parten de la base de que todas las duplicidades son malas y no necesariamente es así”, añade Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. “Teóricamente, las corporaciones locales ya no pueden prestar ciertos servicios sociales, como la teleasistencia. Pero han montado una solución que consiste en que la comunidad pueda delegar la prestación del servicio al ayuntamiento, siempre que demuestre al gobierno autonómico que tiene medios suficientes para prestarlo y que no hay duplicidades. Todo ello ha disminuido la autonomía municipal y ha dado lugar a disputas sobre quién debe sufragarlo, especialmente cuando la comunidad está gobernada por un partido de distinto color al del ayuntamiento.”

Los defensores del pueblo

El PP también tuvo que dar marcha atrás en su propuesta de eliminar los defensores del pueblo autonómicos y las cámaras de cuentas de cada región. La razón estriba en que la mayoría de estas instituciones están contempladas en los propios estatutos autonómicos y tener que reformarlos hubiera supuesto abrir de nuevo la caja de pandora. Además, los expertos consultados dudan del ahorro que hubieran supuesto estas medidas y, de hecho, creen que podría haber afectado a la calidad del servicio. Por ejemplo, en lo que respecta a los defensores del pueblo, la CORA calculaba que se podrían ahorrar unos 30 millones de euros suprimiéndolos y centralizándolos en Madrid. “La existencia de defensores del pueblo en las comunidades supone resolver las quejas en menor tiempo. El ahorro no vendría de una mayor eficiencia, sino de un peor servicio. Y es muy dudoso que un órgano único fuera más barato: el gasto sería muy similar, puede que incluso mayor debido a problemas de congestión”, valora Cuenca. La única comunidad que ha eliminado su Cámara de Cuentas durante este tiempo ha sido Castilla-La Mancha, cuando María Dolores de Cospedal era presidenta. Su labor se ha transferido al Tribunal de Cuentas estatal mediante un convenio. Pero, a juicio del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense Julio González García, “se ve que los informes que realiza ahora el Tribunal sobre Castilla-La Mancha no son lo suficientemente estrictos porque carece de medios para llevarlos a cabo”.

Empresas públicas

No todo son malas noticias. Dentro la CORA también se ha introducido como logro de la Ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, aprobada a finales de 2013, que refuerza la obligatoriedad de que todas las administraciones paguen a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días, intentando así dañar lo menos posible a las empresas y controlar la morosidad. En este sentido, se han establecido mecanismos sancionadores para las comunidades incumplidoras. El Gobierno obliga a las regiones que hayan pagado a sus proveedores durante dos meses consecutivos en un plazo superior a los 60 días a hacer un plan financiero para corregir esta situación. Si aun así persiste el problema, el Estado tiene potestad para retener el dinero correspondiente a las transferencias autonómicas para dedicarlo directamente a saldar la deuda comercial. Según la CORA, todas estas medidas han permitido que las comunidades hayan pasado de tener un periodo medio de pago de 182 días a principios de 2012 a 61 a finales de 2015.

También se ha vendido como un gran éxito el plan estatal para suprimir o fusionar empresas públicas, organismos autónomos, agencias, fundaciones o consorcios, que además ha tenido su reflejo en las propias comunidades y en las entidades locales. La CORA asegura que desde que el PP llegó al Ejecutivo y hasta 2015 se habían eliminado 115 entes estatales, lo que, utilizando los datos del Inventario de Entes del Sector Público (Invente), ha dejado el número actual en 405 —habría un 22% menos—. La reducción en las comunidades sería aún mayor —disminución del 33% tras suprimir 797 organismos—, al igual que en las entidades locales —1.436 bajas efectivas, con una reducción del 25%—.

Entre los “logros” se incluye la coordinación del coro de RTVE con los coros del Instituto de Artes Escénicas

Sin embargo, estas buenas cifras vuelven a diluirse cuando se lee al detalle. González García señala que el informe CORA es “hasta cierto punto propagandístico” porque se han eliminado entes que estaban “inoperativos desde hace mucho tiempo”. Por su parte, Cuenca añade que la supresión de un organismo no siempre conlleva un ahorro, sino que el servicio pase a prestarse por otra empresa o por la propia Administración, presuponiendo que será más eficiente. Una de las extinciones que se destacan es el del organismo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, cuyas funciones, por cierto, las asume ahora directamente el Ministerio de Defensa.

¿30.000 millones de ahorro?

Todas estas supresiones y fusiones de organismos y empresas públicas habrían supuesto un ahorro para el conjunto del Estado de 3.300 millones de euros. Pero la escasa información facilitada en el informe impide conocer cuál es el ahorro real, ya que en esta cifra se han ido sumando —sin desglosar— los supuestos ahorros producidos por la paulatina extinción de organismos desde que el PP llegó al Gobierno. Lo mismo ocurre cuando la CORA cifra el ahorro que han supuesto desde 2012 todas sus medidas. Asegura que supera los 30.000 millones de euros desde entonces. Pero vuelve sumar todos los ejercicios e incluye también ingresos obtenidos por la venta de activos —por ejemplo, la antigua Rumasa—, subastas de inmuebles del Estado que estaban sin uso, vehículos del parque móvil estatal y un largo etcétera. De hecho, en la Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, se reconoce que “las medidas CORA no siempre tienen un impacto presupuestario directo”. “Teniendo en cuenta solo la parte central de CORA, y sin considerar otras reformas de las Administraciones Públicas como la reforma local o de medios personales, el impacto anual diferencial sobre el año anterior en la reducción del déficit es de 922 millones en 2015, 951 millones en 2016 y 625 en 2017”, señala dicho informe oficial.

En este sentido, De la Quadra no cree que la cifra de ahorro se sitúe en 30.000 millones. Y pone como ejemplo la nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, surgida tras fusionar ocho organismos que se encargaban de regular distintos sectores estratégicos y velar por la libre competencia (gasolina, electricidad...). “En lo único que se puede haber ahorrado es en los consejeros que había en cada uno de estos organismos. Pero sigue habiendo los mismos funcionarios. Además, se ha producido una lesión gravísima en términos de independencia porque es imposible que los consejeros estén especializados en todos los sectores a la vez”, añade.

Grandes asuntos sin resolver

Carlos Larroy
Una parte importante de las 222 medidas CORA son pequeñas y hasta curiosas. El informe incluye como éxitos  haber incorporado las comunidades autónomas a los programas de turismo del Imserso para ampliar la oferta de plazas, de destinos y el número de jubilados beneficiarios. También, por ejemplo, la progresiva implantación de la tramitación electrónica de los nacimientos desde los hospitales en vez de tener que ir al Registro Civil. Y tampoco se puede olvidar, por supuesto, el trabajo que el Gobierno está haciendo para que los profesionales taurinos y las empresas ganaderas de reses de lidia puedan torear en plazas de toda España sin necesidad de inscribirse en más de un registro, ya que hay comunidades que tienen el suyo propio, independiente del estatal.

Son medidas que los expertos consultados por AHORA consideran que indudablemente habrán tenido un beneficio para los ciudadanos. Pero lo que lamentan es que el informe CORA dejase sin resolver asuntos que parecen mucho más relevantes. En referencia a las empresas públicas y otros organismos, Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, recuerda que sigue existiendo “un gran problema de control económico-financiero” en estos entes, como ha podido comprobarse con Acuamed. “Están exentas de fiscalización previa y además las están auditando empresas privadas que utilizan criterios muy distintos a los de una auditoría pública”, señala el también autor del blog Global Politics and Law.

González García añade que tampoco se ha dado respuesta a la escasez de funcionarios que sufre la Administración, sobre todo los cuerpos de élite. Menciona, por ejemplo, a los propios interventores, a los inspectores de Hacienda o a los abogados del Estado. “En muchos casos, especialmente este último, se debe al alto número de excedencias. Habría que plantearse si es necesario modificar el régimen actual. En Francia se exige que el funcionario esté al menos 10 años en la Administración antes de poder abandonarla. Aquí, en España, solo tres”.