11/11/2019
Política

CDC, Unió e IU arrastran una deuda de 30 millones

Los bancos han asumido durante años los pufos de los partidos disueltos, formaciones que ahora irían a concurso de acreedores

Carlos Larroy - 03/06/2016 - Número 36
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CDC, Unió e IU arrastran una deuda de 30 millones
Artur Mas y Josep Antoni Duran, en 2012, cuando Convergència y Unió aún estaban coaligadas. JOSEP LAGO / AFP / Getty
La decisión de los militantes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de disolver el partido para registrar otro nuevo trae a la actualidad el controvertido asunto de las deudas que arrastran las formaciones políticas. El año pasado la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos prohibió la condonación de deudas bancarias. Los expertos consultados apuntan que las formaciones políticas, como entidades privadas que son, deben entrar en estos casos en concurso de acreedores para liquidar todo el activo e intentar saldar con él lo que sea posible, tal y como ocurre en las quiebras empresariales. Sin embargo, la situación de Convergència es más compleja porque después de la disolución aparecerá un partido nuevo con diferentes estructuras pero con las mismas caras.

Las mismas fuentes coinciden en la existencia de un vacío legal y señalan que, en teoría, la actual Convergència debería ir a concurso para saldar la deuda de 3,6 millones de euros que tiene a largo plazo con los bancos, según las cuentas del año 2014 que el partido presentó al Tribunal de Cuentas y que aún están pendientes de fiscalizar. Otra opción sería que el nuevo partido se hiciera cargo de la deuda actual, pero los expertos consultados señalan que, en principio, carecen de la obligación de hacerlo. A este montante habría que sumar los 6,8 millones que adeuda la coalición CiU, disuelta en junio de 2015, antes de las últimas elecciones catalanas, de la que se ha hecho cargo Convergència aunque ese partido está intentando que Unió asuma al menos un 25% de ella.

Dirigentes de UCD aseguran que Cavero, ya fallecido, liquidó el partido y los bancos condonaron la deuda

Fuentes del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont señalan que los detalles del proceso de disolución y de la ulterior fundación del nuevo partido quedan pospuestos para después de las elecciones generales del 26 de junio. Se limitaron a indicar al periódico AHORA que informarán a los medios de comunicación de las decisiones que adopten. Así las cosas, se mantiene por el momento la incógnita sobre qué pasará con la deuda del partido. El proceder de Convergència ha sido visto por algunos analistas como una solución de urgencia para quitarse de encima la losa de los casos de corrupción que rodean a la formación, con 15 sedes embargadas a raíz del caso Palau, además de frenar la fuga de votos que está sufriendo.

Los 24 millones de la UCD

La financiación de los partidos y su endeudamiento han sido un asunto muy polémico desde que comenzó la democracia. Seguimos sin conocer los pormenores de qué ocurrió con las obligaciones financieras de los partidos que desaparecieron hace ya décadas. Por ejemplo, la UCD de Adolfo Suárez rehusó hacer públicos los detalles sobre cuál era su deuda real, aunque investigaciones periodísticas efectuadas en aquellos años apuntaban a una cifra de 4.000 millones de pesetas (unos 24 millones de euros). Los antiguos dirigentes de esa formación consultados por AHORA señalan que el encargado de la liquidación fue Íñigo Cavero, fallecido en 2002, y dan por hecho que los bancos perdieron la inmensa mayoría de esa deuda —créditos fallidos, en lenguaje financiero—. “Se pagó la deuda con los proveedores, es decir, restaurantes, imprentas, telefonía... Pero era peccata minuta. Lo gordo, lo de los bancos, no se pudo pagar”, cuenta un antiguo asesor de la UCD.

Algunos líderes hubieron de hacer frente a deudas del partido con su propio patrimonio, dado que figuraban como avalistas de los créditos de la banca para las elecciones generales de 1982, que corroboraron el anunciado final de la UCD al pasar de 168 diputados a solo 11. Por ejemplo, José Miguel Bravo de Laguna, ahora diputado provincial del partido Unidos por Gran Canaria, señala que debió abonar una deuda de 66.000 euros. “Había varios avalistas, pero al final tuve que pagarla yo solo al ser el único que había conseguido ser diputado nacional por esta provincia y la fui abonando en 10 años”, recuerda.

Lo mismo le ocurrió a Jaime Ignacio del Burgo, quien fuera en dos ocasiones presidente de Navarra. Entre él y otras dos personas tuvieron que pagar una deuda de 132.000 euros. “UCD apenas tenía patrimonio. Todas sus sedes eran alquiladas porque el partido apenas había cumplido cinco años. Fue una empresa fallida, una quiebra. Los bancos apostaron por alguien que resultó un fracaso rotundo en el mercado político”, señala Del Burgo.

Primera ley de financiación

El pufo que dejó la UCD y el importante apalancamiento que los partidos contrajeron en los primeros años de democracia obligaron a constituir comisiones de trabajo en el Congreso que dieron como resultado la primera ley de financiación de partidos, aprobada en 1987, una década después de la llegada de la democracia. Durante ese tiempo los partidos estuvieron financiándose sin regulación específica. Más adelante, sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90, se formaron nuevas comisiones tanto de investigación —por los casos Filesa y Naseiro, entre otros— como para buscar soluciones al endeudamiento. Luis Mardones, histórico diputado de Coalición Canaria ya retirado, fue el encargado de presidir buena parte de ellas e investigó cómo se financiaban los partidos y qué deudas arrastraban. Señala que la documentación facilitada por los partidos fue escasa y recuerda que Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España entre 1992 y 2000, se negó a facilitarle en 1994 información sobre los créditos que los partidos tenían con las entidades financieras con la excusa del secreto bancario.

De lo que ocurrió con la deuda de Alianza Popular (AP) y del Centro Democrático y Social (CDS) todavía se sabe menos. En el caso del partido de Manuel Fraga, los líderes de aquellos años recuerdan que no hubo disolución sino refundación —cambio de nombre—, por lo que aseguran que el PP se hizo cargo de la deuda anterior. Pero resulta muy complicado saber qué ocurrió con ella y a cuánto ascendía porque los informes del Tribunal de Cuentas durante aquellos años, en los que el tesorero era precisamente Rosendo Naseiro, fueron durísimos al criticar la escasa transparencia de las cuentas populares.

En 1989, último año completo de AP, el órgano fiscalizador criticó que la formación solo le había entregado las cuentas de su sede central y no las de las regionales, provinciales y locales. Además, le recriminaba que en sus cuentas había dejado de contabilizar una deuda de casi 800.000 euros, contraída con cuatro entidades financieras, y también describía cómo la Caja de Ahorros de Plasencia le había condonado 300.000 euros en ese ejercicio.

Del CDS tampoco hay mucha información. Aunque no se integró en el PP hasta el año 2006, al partido que fundó en 1982 Adolfo Suárez tras abandonar la UCD se le pierde la pista oficial en 1993. Desde ese año y hasta la integración no volvieron a tener diputados y senadores y estuvieron exentos de dar información al órgano fiscalizador. El Tribunal de Cuentas recogía en 1992 que la deuda del CDS ascendía a 2.200 millones de pesetas —13 millones de euros—. Antiguos líderes como Rafael Calvo Ortega o José Ramón Caso aseguran que el CDS fue un partido muy austero y con un nivel de endeudamiento pequeño.

Banqueros y empresarios

Tampoco hay rastro del Partido Reformista Democrático, más conocido como “Operación Roca”, porque su candidato a la presidencia en 1986 fue el catalán Miquel Roca. No obtuvo ningún escaño, pero diversos medios de comunicación informaron de que banqueros y empresarios impulsaron el partido con alrededor de 4.000 millones de pesetas, 24 millones de euros. Otras fuentes próximas al antiguo PRD consultadas por AHORA señalan que las empresas donaron 1.400 millones de pesetas y los bancos concedieron créditos por valor de 1.100 millones. El fracaso electoral también causó la disolución del Partido Demócrata Liberal, presidido por Antonio Garrigues Walker —presidente hasta 2014 del famoso despacho de abogados que lleva su apellido—, que previamente había decidido integrarse en la “Operación Roca”.

Los partidos han ido ganando en transparencia en los últimos años y ahora es obligatorio que cuelguen sus cuentas en su página web. No obstante, se siguen dando situaciones curiosas, como que el Tribunal de Cuentas, cuyos 12 consejeros están elegidos por las Cortes Generales —es decir, por los propios partidos—, fuera incapaz de detectar los tejemanejes económicos de Luis Bárcenas, sus antecesores al frente de la tesorería del PP, de ese partido y de su caja B. Otro dato curioso es que, pese a la falta de efectividad del órgano fiscalizador, los partidos estén exentos de someterse a una auditoría externa por parte de empresas especializadas. “Es impresentable que órganos como el Tribunal de Cuentas estén politizados y que los resultados de la fiscalización muchas veces salgan cuando ya ha empezado la siguiente legislatura”, añade Mardones.

En el ejercicio de 2013, último auditado por el Tribunal de Cuentas, la deuda que arrastraban todos los partidos ascendía a 205 millones de euros. Acudiendo al dato disponible más reciente —el correspondiente a 2014, cuyos datos ya han sido enviados por los partidos al órgano fiscalizador para ser auditados—, el PP reconocía una deuda a largo plazo con los bancos de 28 millones, la del PSOE ascendía a 55 y el PNV debía 16,8 millones. Pero conviene atender a las dificultades mayores de Unió e Izquierda Unida, que pese al montante inferior de su deuda respecto a la de los dos partidos más grandes (19 y 12,5 millones) están teniendo graves dificultades para pagarla porque sus malos resultados electorales hacen que perciban subvenciones más pequeñas.

Los líderes del CDS dicen que su partido era muy austero. No hay rastro de la “Operación Roca”

Pablo Iglesias ha dejado claro que el acuerdo con IU para ir juntos a las elecciones del día 26 en ningún caso conlleva que Podemos haya de hacerse cargo de una parte de la deuda que arrastra la formación de Alberto Garzón. Fuentes de este último partido señalaron que ronda los 9 millones —en 2014 se reconocían 12,5— y que buena parte de ella procede de la última etapa de Julio Anguita como coordinador general. En cualquier caso, se trata de una cifra difícil de asumir porque el presupuesto anual de IU es de alrededor de cuatro millones y ya dedican el 14%, unos 500.000 euros, a ir saldando sus compromisos con las entidades de crédito.

Esta difícil situación llevó a la Federación a promover un duro expediente de regulación de empleo (ERE) a principios de este año, que supuso el despido de 10 de los 19 trabajadores que tenía en plantilla. Además, el partido está negociando una bajada salarial progresiva de entre el 10% y el 20% que, en principio, afectará a los 9 empleados que quedan. Las federaciones autonómicas también se han tenido que apretar el cinturón y algunas de ellas están ya directamente sin empleados, por ejemplo las de La Rioja, Cantabria, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Preconcurso en Unió

Más complicado todavía es el caso de Unió, que se ha quedado sin diputados al Congreso y al Parlament tras separarse de Convergència. De hecho, ha decidido no presentarse a las elecciones generales del 26-J. El partido que hasta hace unos meses lideraba Josep Antoni Duran arrastra una deuda de unos 19 millones de euros, la mayor parte bancaria, y se encuentra en preconcurso de acreedores negociando con bancos y proveedores para evitar el concurso mediante un acuerdo que debiera alcanzarse a mediados de este mes. Fuentes de la formación apuntaron que Unió ya ha vendido tres de sus sedes y que la más grande, la de Barcelona, está a la espera de comprador. También aseguraron que en ningún caso prevén la disolución del partido y recordaron que en los próximos meses se va a celebrar un doble congreso para redefinir su estructura y su programa político.