26/4/2024
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El uso clientelar de las diputaciones provinciales

Las 38 diputaciones del régimen común tienen 1.040 políticos, elegidos de forma indirecta, y presidentes que cobran más que los ministros

Carlos Larroy - 29/04/2016 - Número 31
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Uno de los puntos más controvertidos del pacto que alcanzaron Pedro Sánchez y Albert Rivera es la supresión de las diputaciones provinciales. Varios barones socialistas mostraron inmediatamente sus discrepancias, del mismo modo que ocurrió cuando Alfredo Pérez Rubalcaba se presentó a las elecciones generales de 2011 con la propuesta de transformarlas en consejos de alcaldes y desmantelar su estructura política (eliminar los diputados provinciales y el gasto asociado en asesores, publicidad y protocolo) para acabar con las duplicidades administrativas. Rubalcaba pretendía ahorrar con esta reforma unos 1.000 millones al año, mientras que Ciudadanos asegura que con su modelo —la supresión— se economizarían 4.000 millones y los servicios que ahora prestan las diputaciones se darían desde las comunidades autónomas o mediante mancomunidades.

La necesidad de reformar o no estas administraciones, o directamente eliminarlas, ha formado parte del debate político desde que en la Transición se apostara por el modelo autonómico. De hecho, conforme las comunidades fueron adquiriendo competencias, se fue generalizando la idea de que las diputaciones son entes antiguos, ineficientes y que están sirviendo, de paso, como agencia de colocación para los partidos y para controlar el poder municipal a través del reparto de subvenciones para la realización de obras en pueblos. Casos como el de Carlos Fabra (PP), expresidente de la Diputación de Castellón que le ha costado la cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, o el del también popular José Luis Baltar, expresidente de la de Ourense, condenado a una inhabilitación de 9 años por enchufar a 104 personas, tampoco han contribuido a mejorar esta imagen.

Es imposible saber cuánto ganan en total los diputados en dietas por asistir a los plenos y a las comisiones

España cuenta con diputaciones en todas las comunidades excepto en aquellas que son uniprovinciales (Madrid, Asturias, Cantabria, La Rioja y Murcia). En estos cinco casos, son los propios gobiernos autonómicos los que prestan los servicios que corresponderían a las diputaciones. En total, hay 52 de estas administraciones, aunque solo 38 son de régimen común. Las otras 13 son los cabildos y consejos insulares, así como las diputaciones vascas, que tienen unas competencias más amplias y un modelo de elección directa de sus representantes políticos. Tanto la reforma que quería hacer Rubalcaba como la que ahora plantean Sánchez y Rivera únicamente afectarían a las 38 de régimen común.

La principal función de estas administraciones, tal y como recoge la Ley de Bases de Régimen Local, es prestar los servicios básicos a los ayuntamientos pequeños, que serían incapaces de ofrecérselos a sus vecinos por los insuficientes recursos económicos que tienen dada su escasa población. El artículo 36 de la citada norma menciona, por ejemplo, el tratamiento de residuos, los servicios de extinción de incendios (bomberos) o el apoyo jurídico en la recaudación de impuestos.

Sufragadas por el Estado

La genérica redacción de este artículo, reformado por última vez en 2013, ha permitido que las diputaciones sigan ejerciendo competencias que, en teoría, le son impropias, según los expertos en derecho administrativo consultados por AHORA. Entre ellas, estos expertos indican que buena parte de las diputaciones desarrollan actividades turísticas y culturales (museos, bibliotecas...) y prestan servicios sociales como la teleasistencia, competencias que en principio correspondería ejercer a las comunidades.

Según los informes oficiales del Ministerio de Hacienda, las 38 diputaciones contaron con un presupuesto de 6.357 millones de euros en 2015. A la espera de conocer su liquidación, se puede apuntar, siempre según Hacienda, que estas administraciones tuvieron unos ingresos no financieros de 6.014 millones en el año 2014. Esta cifra es llamativa porque las diputaciones tienen una capacidad prácticamente nula en materia de impuestos y lo que obtienen vía tasas y precios públicos apenas alcanza los 500 millones. De ahí que tengan que ser otras administraciones las que se hagan cargo de sufragar la actividad y los servicios de las diputaciones mediante el envío de fondos de diversos programas —la inmensa mayoría procedentes del Estado— y una pequeña participación en impuestos como el IRPF, el IVA, la gasolina o el tabaco. En total, de los 6.014 millones de ingresos, 4.317 llegaron de transferencias corrientes de otras administraciones (es decir, el 70% de sus recursos no financieros).

En estas 38 administraciones hay en total 1.040 diputados provinciales. La Ley Electoral determina el número de políticos que debe haber en cada una de acuerdo con la población de la provincia, siendo 25 el número mínimo y 51 el máximo. Estos representantes son elegidos de forma indirecta tras los comicios municipales mediante un complejo procedimiento que, según los expertos consultados, permite que sean finalmente los aparatos de los partidos los que decidan qué personas van a ocupar los asientos. El único requisito es haber sido elegido concejal en un ayuntamiento ubicado en la provincia.

El procedimiento de elección es el siguiente. La Junta Electoral de cada provincia determina de acuerdo con la Ley Electoral cuántos diputados corresponden a cada partido judicial, siguiendo criterios de población. Una vez constituidos los ayuntamientos, se hace una lista con todos los partidos que han obtenido representación, ordenándolos de mayor a menor según el número de votos obtenidos. Es entonces cuando la Junta Electoral de la zona establece cuántos diputados provinciales de los asignados al partido judicial corresponden a cada formación política en aplicación de la Ley D’Hondt. El uso de este sistema electoral (Ley D’Hondt con los partidos judiciales como circunscripción) genera diputaciones que no se ajustan por completo al porcentaje de votos emitido por los electores de la provincia. Por ejemplo, en la de Barcelona el PSC obtuvo 80.000 votos más que ERC y, sin embargo, los socialistas tienen un diputado menos que Esquerra (10 frente a 11).

Elección indirecta

Una vez establecidos cuántos asientos corresponden a cada partido, queda por determinar qué personas los ocuparán. En este proceso hay dos fases. En la primera, los ediles que quieran optar a ser diputados deben recibir el apoyo de al menos un tercio de los concejales de su propia formación mediante la recogida de avales. Y, en segundo lugar, hay una convocatoria en la que finalmente los ediles votan las candidaturas que han recibido avales suficientes, con la particularidad de que en ocasiones esta votación se hace innecesaria al haber solo una candidatura con el apoyo requerido.

Siempre según la decena de concejales consultados para este reportaje, es precisamente en el impasse entre la celebración de las elecciones y la constitución de los ayuntamientos cuando la maquinaria de los partidos funciona a máximo rendimiento, en el sentido de que van pueblo por pueblo para recoger avales para los candidatos del aparato. Todos los ediles consultados admiten que su formación les da orden de apoyar a unas personas determinadas y añaden que eso dificulta muchísimo que candidatos independientes o poco afines a los líderes tengan posibilidades de salir elegidos. “Negarte a avalar a quien te dice el partido supone poner el aparato en tu contra y que tu pueblo corra el riesgo de ser castigado de alguna forma en el reparto de ayudas”, lamenta un alcalde del PSOE en la provincia de Zaragoza, que pide el anonimato.

Los sueldos

Pese a los avances logrados en transparencia, el gasto que suponen las dietas de estos 1.040 diputados provinciales y sus cargos de confianza para las arcas públicas continúa siendo una cifra muy difícil de dilucidar con precisión. Esto se debe a varias razones, entre ellas, que hay diputados que cobran dietas por cada vez que asisten a un pleno o a una comisión. Y aunque muchas diputaciones señalan cuál es el importe de dicha remuneración, son minoría las que indican a cuántos plenos y comisiones ha asistido el diputado. Algo que, en definitiva, hace imposible conocer sus retribuciones exactas. Además, hay otra serie de variables que algunas diputaciones tampoco hacen públicas pese a ser obligatorio, entre ellas, los gastos derivados de los viajes y comidas de los diputados.

La remuneración que perciben los representantes provinciales varía mucho según la diputación que se estudie. En general disponen de un salario base, que luego se complementa con extras derivados de los cargos que ostentan dentro de la corporación o los viajes que realizan por su actividad política dentro de la provincia. En cualquier caso, el incoherente sistema retributivo de los altos cargos permite que haya presidentes de diputación que cobran más que ministros. Es el caso, por ejemplo, de la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, que percibe 99.425 euros anuales, o la de Palencia (75.000), según sus respectivos portales de transparencia. Mientras tanto, los ministros se llevan 69.700 euros al año.

En asesores, personal de confianza, viajes de diputados y ayudas a los partidos se va otra partida importante

El régimen retributivo de los diputados provinciales ha cambiado tras la aprobación de la contestada reforma local del PP, que paradójicamente apostó por dar más poder a las diputaciones en detrimento de la autonomía municipal. Hay que recordar que Mariano Rajoy fue presidente de la Diputación de Pontevedra. En este sentido, se ha decidido poner topes al número de representantes que pueden tener dedicación exclusiva y, por tanto, cobrar el máximo sueldo estipulado por la diputación. El complejo criterio utilizado depende de los habitantes del municipio más poblado de la provincia. Por ejemplo, en la Diputación de Zaragoza hay 27 diputados y solo 22 pueden tener dedicación exclusiva, mientras que en la de Málaga hay 31 diputados y también solo puede haber 22 con dedicación completa. El resto de representantes pueden estar con dedicación parcial o carecer de ella.

Viajes, dietas y asesores

Sin embargo, la reforma local, que fue vendida como un impulso a la supresión de cargos políticos y reducción de sueldos, ha tenido un efecto limitado. Ante la obligatoriedad de que una parte de los diputados provinciales estén sin dedicación completa, las diputaciones han reaccionado creando, aumentando o manteniendo una serie de dietas por asistir a plenos y comisiones que solo pueden cobrar los damnificados (los que no tienen ni dedicación exclusiva ni parcial). En algunos casos, son ayudas económicas menores. Pero en otros se pueden convertir en auténticos sueldos. Por ejemplo, la Diputación de Barcelona entrega 850 euros cada vez que se acude a un pleno y otros 390 por cada asistencia a una comisión informativa o de seguimiento (en este caso, hasta un tope de dos dietas al mes). El resultado es que, aunque a efectos administrativos no tienen dedicación, estos diputados pueden cobrar fácilmente 1.630 euros al mes. Otro ejemplo: un representante de la Diputación de Tarragona, también sin dedicación, puede llevarse hasta 28.799 euros al año a través de las dietas de asistencia. Y, por supuesto, estos diputados pueden complementar estas dietas con el sueldo que perciban como alcaldes o concejales de sus respectivos ayuntamientos, en el caso de que allí sí tengan dedicación.

Otros gastos que en principio desaparecerían si se desmantelara la parte política de estas administraciones serían los derivados de los sueldos de los asesores y otro personal de confianza, las subvenciones que reciben los partidos y los viajes y comidas de los diputados. Gastos estos últimos que los diputados solo deben pasar a la administración en el caso de que deriven del ejercicio de su cargo. De nuevo, a modo de ejemplo, los 25 diputados de Albacete gastaron 64.617 euros en viajes en el año 2014, es decir, 215 euros por político y mes. No parece una cifra desorbitada teniendo en cuenta que los diputados en el Congreso gastan de media 1.000 euros al mes por este concepto.

Son minoría las diputaciones que ofrecen información suficiente para conocer el gasto que supone el personal de confianza y las subvenciones que dan a los grupos políticos “para su funcionamiento”. De hecho, hay algunas que optan por tener en nómina de la Administración a los asesores de los grupos, mientras que otras prefieren asignar ayudas más cuantiosas a los partidos para que ellos por su cuenta las utilicen para contratar a su propio personal. Sea como fuere, la Diputación de Zaragoza indica en su portal de transparencia que cuenta con 23 cargos de confianza —jefe de gabinete, técnico de protocolo, secretarias, periodistas...—, con un gasto anual de casi 800.000 euros, sin contar cotizaciones a la Seguridad Social. Y en la de Granada habría 27 de estos cargos eventuales y de libre designación que suponen una masa salarial de un millón de euros.

Por su parte, un ejemplo que se puede aportar del gasto que suponen las subvenciones a los partidos  es el de la Diputación de Huesca. Esta administración les da ayudas por tres conceptos: 20.000 euros fijos a cada grupo, un extra de 5.000 por cada diputado que tienen y, por último, les asigna un montante de entre 57.500 y 105.000 euros —también según el número de representantes— para gastos en personal de confianza y en prestación de servicios (la utilización de este último complemento deben justificarla ante la corporación aportando contratos y facturas). Como resultado, el PSOE puede llevarse hasta 185.000 euros al año; el PP, 170.000; el Partido Aragonés (PAR), con tres diputados, 92.500 euros, y Cambiar, con solo un representante, 82.500. En total, el gasto es superior al medio millón de euros.