19/10/2019
Opinión

¿Derecho a decidir?

Existen opciones para consolidar la permanencia de Cataluña, o de cualquier otro territorio, en España, dentro de un proyecto de intereses compartidos

Emilio Albi - 04/03/2016 - Número 24
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¿Derecho a decidir?
MIKEL JASO
El dret a decidir es una forma hábil y populista, arraigada en Cataluña, de solicitar un referéndum de autodeterminación. A partir de este hecho, se ha extendido en España la idea de que el problema catalán solo tiene solución si Cataluña expresa su opinión a través de un plebiscito local. Lo creen así los independentistas catalanes y también lo afirman: “Sí que es pot”, dicen Podemos y partidos de su reciente coalición electoral, como En comú o En marea, nacionalistas e independentistas vascos y un buen número de sus votantes o ciudadanos en general. ¿Qué dificultades podría traer esa idea, que parece tan democrática, si la respaldan personas o grupos no siempre independentistas? Es cierto que tales consultas se han usado en Escocia y Quebec, aunque, hay que admitirlo, dentro de contextos muy diferentes.

Dejando a un lado, a pesar de su importancia, asuntos como que el derecho a la secesión se origina normalmente en situaciones de violaciones de derechos humanos o de anexión forzada de un territorio, ajenas a nuestro caso, o las dificultades, estrictamente jurídicas, de la convocatoria de una consulta, surge una larga serie de problemas en cuanto nos preguntemos qué referéndum de autodeterminación se deriva del derecho a decidir. De esta pregunta nacen múltiples incógnitas de difícil solución, cuyo debate es muy posible que nos dejara en la misma posición de enfrentamiento que tenemos ahora.

Se ha extendido la idea de que el problema catalán solo tiene solución si se realiza un plebiscito local

Por ejemplo, quienes respaldan el derecho a decidir, ¿piensan en un referéndum pactado o en uno propuesto por cualquiera de las partes?; ¿cuánto tiempo de espera y debate resultaría necesario, a partir de la situación actual, para que los votantes eligieran libremente con alguna racionalidad e información sobre lo que conlleva una secesión?; ¿qué pregunta, o mejor dicho, qué preguntas deberían plantearse, con las dificultades técnicas que supone la existencia de más de dos alternativas?; ¿qué mínimo de participación en el referéndum sería exigible y qué porcentaje de votos a favor de una secesión se requeriría: 3/4, 2/3, 3/5, mayoría simple?; si se espera que el plebiscito manifieste una voluntad de independencia (aunque ya disponemos de este dato por otras vías: actualmente tenemos un porcentaje un poco menor a favor de la separación que en contra), suponiendo una mayoría no muy reforzada, ¿esta se podría imponer al resto de la sociedad catalana y del pueblo español?

Una dificultad diferente a las anteriores, pero de gran calado, sería: ¿cuántos referéndums se tendrían que proponer a lo largo del tiempo para cumplir con el derecho a decidir? Para un independentista de corazón la contestación es sencilla: los que fueran necesarios hasta conseguir la secesión. Si se estableciera un referéndum único, podría surgir la tentación de suponer: pasados unos años, ya amenazaremos con marcharnos y así lograremos una nueva consulta o, al menos, algún beneficio.

Una consulta tendría un efecto contagio en otros territorios, originando fuerte inestabilidad política

Esta última dificultad del derecho a decidir rompería inexorablemente un elemento esencial de la democracia que es la lealtad, pues la amenaza de separación, repetida en el tiempo, puede usarse para lograr ventajas a favor de quien la utiliza. Votar no es siempre un procedimiento democrático, como ya comenzaron a señalar Borda o Condorcet en el siglo XVIII. No hay que olvidar, tampoco, el efecto contagio que una consulta tendría en otros territorios, originando fuerte inestabilidad política.

Ante estas dificultades, y sin considerar otras, pienso que el derecho a decidir, aun siendo una petición lícita para un independentista, no es una buena solución al problema catalán, ni a ningún problema territorial español. Esto no quiere decir que no existan opciones para consolidar la permanencia de Cataluña, o de cualquier otro territorio, en España, dentro de un proyecto de intereses compartidos en una nación común.

Una reforma de la Constitución debería fijar claramente las competencias de cada nivel de gobierno

Esas opciones pasan por una mejor información sobre estos asuntos y un diálogo político leal y sin maximalismos. Los límites por donde la discusión puede transitar no son necesariamente muy estrechos. Por ejemplo, la financiación autonómica actual puede mejorarse e incluir criterios para que no cambie la posición ordinal por territorios. Transformar el Senado en una auténtica cámara con funciones territoriales es otra posibilidad, así como la federalización constitucional del Estado de las autonomías. Una reforma de la Constitución debería fijar claramente las competencias de cada nivel de gobierno, lo que evitaría muchas tensiones. Todo esto no es sencillo, pero sí posible.

El respaldo e intervención de la sociedad civil, de empresarios y trabajadores, o de otras organizaciones, resulta indispensable (y urgente en el caso catalán) para esa gran tarea. Una vez concluida, llegaría el momento adecuado de votar un referéndum, incorporando a las nuevas generaciones, como ya se hizo, por todos, nacionalistas o no, para aceptar la Constitución de 1978.