21/7/2019
Análisis

El (venenoso) legado económico de Cristina Fernández

Macri heredó una economía aislada del mundo por una muralla de aranceles y trabas administrativas a la importación

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El (venenoso) legado económico de Cristina Fernández
El panel de una casa de cambio en Buenos Aires refleja la depreciación del peso frente al dólar. EITAN ABRAMOVICH / AFP / GETTY
Desde que el pasado 10 de diciembre asumió la presidencia de Argentina, Mauricio Macri ha dictado una serie de medidas en materia económica inéditas en la historia reciente del país. Macri ha liberalizado la compraventa de divisas, devaluado el peso, incrementado el precio de la electricidad, despedido a centenares de funcionarios absentistas y avanzado las negociaciones con los acreedores internacionales (los conocidos como fondos buitres), por citar algunas de ellas. Y todo ello en un entorno económico hostil a causa de la  crisis de Brasil y del incremento reciente de los tipos de interés en Estados Unidos. La amenaza de colapso de la vigésima economía del mundo obligó al mandatario a tomar estas medidas con tanta celeridad y mediante decretos presidenciales.

Poco tiene que ver la situación que encaró Macri con la descrita por su antecesora. En su discurso de despedida, tan elocuente, apasionado y disparatado como de costumbre, Cristina Fernández describió el legado económico de su gestión con una autocomplacencia casi obscena. Su marido, Néstor Kirchner, se encontró cuando llegó a la presidencia en 2003 un país económicamente devastado por la crisis de 2001, un país transformado 12 años después en una nación próspera, con una riqueza mejor distribuida y unas posibilidades de futuro más que halagüeñas. Tal era el mensaje.

La hegemonía política K se sustentó en una tupida red clientelar construida con un generoso gasto público

Lo primero es tan cierto como falso lo segundo. Durante el mandato de los K, Argentina (a diferencia de Uruguay o Chile) ha perdido las oportunidades de crecimiento que brindó una coyuntura económica excepcional por culpa de la política económica de sus gobiernos. Los logros de Néstor Kirchner en sus primeros años de mandato, al amparo del crecimiento del precio de las materias primas, son incontrovertibles, al punto de recibir en su día alabanzas de cualificados economistas neokeynesianos. Pero desde que en 2007 Cristina Fernández tomo el relevo en la presidencia, Argentina abandonó la política económica aplicada por el ministro de Finanzas hasta 2005, Roberto Lavagna, para abrazar los ideales intervencionistas y corporativistas que llevaron al caos a un país destinado a la opulencia.

Alcance del desastre

Es difícil medir el alcance del desastre. Las cifras del INDEC (el equivalente al INE) carecen de todo crédito. No hay cifras de instancias oficiales fechadas con anterioridad a diciembre de 2014 y, para muchas macromagnitudes, a 2012. Los agentes económicos operan, sumidos en la incertidumbre, con las estimaciones de la prensa. La omisión y adulteración de las cifras sobre bienestar son más descaradas. Tras una desafortunada intervención de Cristina Fernández en la sede de la Organización Mundial de la Salud, en la que afirmó sin empacho que solo un 5% de la población argentina estaba en situación de pobreza (menos que en Alemania), su jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, candidato perdedor a la Gobernación de Buenos Aires, argumentó que “el Gobierno no está para contar pobres”.

En espera de los resultados de las auditorías encargadas por Macri y su ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay (cuyo nombramiento, por su perfil, es casi heroico), se puede cifrar la inflación en torno a un 30% y el déficit público en un 8%. El país adolecería de una angustiosa carencia de reservas. Los cálculos más benévolos (los del Banco Mundial) cifran en un escuálido 0,5% el crecimiento del PIB registrado en 2015. El nivel de pobreza superaría el 20%. La tasa de paro (un 6% hasta que, en vísperas de las elecciones de octubre, Argentina alcanzó súbitamente el pleno empleo) es engañosa, dado que no incluye a quienes perciben prestaciones y la tasa de actividad es de solo el 47%. Las provincias del norte del país—desde Jujuy a Formosa— sufren un atraso y un desamparo silenciado por el oficialismo antes gobernante, frente a la pretendida y menguante opulencia de Buenos Aires.

La magnitud del déficit público sorprende, dada la elevadísima presión fiscal (del 43%, entre las más altas del mundo). A Cristina Fernández hay que atribuirle el mérito indiscutible de la universalización de las pensiones o las ayudas a la natalidad, al tiempo que otras más cuestionables en materia educativa y sanitaria. Al mismo tiempo, el elevado gasto público es, en buena medida, fruto de la construcción de una tupida red clientelar en la que se sustentó la hegemonía política K. La Cámpora, una organización juvenil peronista presidida por el hijo de Cristina, hoy diputado, y el Movimiento Evita constituyen su plasmación institucional más sólida. Hasta  8 millones de personas vivirían de subsidios públicos, incluidos los ñoquis, empleados que solo acuden a su puesto de trabajo el día 29 de cada mes a cobrar su salario. En noviembre de 2015 fueron contratados como nuevos carteros para Buenos Aires 1.000 más de los que hay en plantilla en toda España. Los argentinos pagan cifras irrisorias por el transporte o la electricidad, servicios prácticamente costeados por el Estado en su integridad. Se puede esgrimir la utilidad social de estas prestaciones, al igual que la gratuidad de la enseñanza universitaria, pero que el contribuyente sostenga una areolínea ruinosa, la extensión de la televisión por cable o la emisión en abierto de partidos de fútbol es un desatino. El gobierno de Cristina Fernández incorporó a esta red clientelar a costa del erario público a los empresarios cercanos al poder, a través —al margen de transferencias directas— de préstamos del Banco Nación (de titularidad pública) con intereses negativos de un 14%. Entre tanto, el coste de financiación a corto de las empresas cotizadas supera el 65%.

La inflación regresó merced a la emisión descontrolada de dinero para monetizar la deuda interna. Axel Kicillof, ministro de Finanzas desde noviembre de 2013 hasta diciembre de 2015, culpó con tanta insistencia de este encarecimiento de los precios a las grandes corporaciones oligopólicas (algunas próximas al partido gobernante, por cierto), al punto de llegar a creérselo. Puso en marcha entonces políticas de precios máximos tan aparatosas como inútiles. Cristina Fernández jugó con la ilusión monetaria para seducir a los sindicatos mediante subidas salariales del 24%.

Aislada y sin reservas

La falta de reservas es la muestra más palpable de la desastrosa gestión económica del gobierno de Cristina Fernández. La caída de la inversión exterior —hasta en un 40%— inmediata a la estatalización parcial de YPF ocasionó esta primera sangría de divisas, agudizada por la de las exportaciones. En septiembre de 2015 Argentina había vendido en el exterior mercancías por valor de 38.000 millones de dólares, cuando precisa de 100.000 para mantener los equilibrios básicos en el mercado de capitales. No solo hay que atribuir tal situación a la pérdida de competitividad ocasionada por la inflación, sino a esa demencial política autárquica inspirada en el peronismo más rancio que Kiciloff tomó por bandera, al punto de promover la fabricación de un utilitario genuinamente argentino o de lanzar una línea de ropa nacional. El país era a finales de 2015 una economía aislada del mundo por una muralla de aranceles y trabas administrativas a la importación, en detrimento, como es obvio, de sus exportaciones.

Pese a la elevadísima presión fiscal (del 43%, entre las más altas del mundo), el déficit público rondaría el 8%

Argentina no ha podido captar reservas mediante la emisión de deuda externa por el pleito con los fondos buitres, un pequeño grupo de tenedores de bonos que se negaron a acogerse a la quita negociada en 2005 por Lavagna, cuyas pretensiones el juez Griesa sancionó. El problema podría haberlo resuelto Kiciloff pagando una cantidad inferior a la indemnización que recibió Repsol tras la incautación de YPF (por dar una referencia comparativa) el 2 de enero de 2016 (antes tendría que haberlo hecho a todos los bonistas por valor de un billón de dólares). No le faltaron generosas ofertas de bancos extranjeros para poner fin a un aislamiento que llevó a la Bolsa de Buenos Aires, otrora un referente de las finanzas mundiales, a ser la sexta en volumen de negocio de América Latina. Pero Cristina Fernández convirtió el impago en un ejercicio de patriotismo barato y falaz. El Gobierno eludió la prohibición de emitir deuda externa forzando —como hizo en su día la dictadura militar— a YPF a emitir obligaciones en dólares, transferidos al Banco Central de Reserva. Tal fue la razón y no otra de su nacionalización. La carencia de divisas, empleadas en contener la devaluación del peso, fue tal que el director de esa entidad llegó en 2015 a comprarlos a particulares ofreciendo rentabilidades elevadísimas, operaciones finalmente declaradas ilegales por la Justicia. En tales condiciones, Argentina recurrió al contrato SWAP firmado con China, con contrapartidas (incluso en términos de soberanía) particularmente onerosas.

Debido a la escasez de divisas, el gobierno tuvo que decretar en abril de 2013 el “cepo cambiario”, es decir, prohibir —en la práctica— la compra de divisas a particulares. Acostumbrada la población a tener el dólar como moneda refugio, más en un contexto inflacionario, surgió un mercado paralelo donde su cotización superó en un 50% a la oficial. Los argentinos sucumbieron a un fervor consumista, debido a estas trabas al ahorro, anegados en deudas gracias a los “pagos en cuotas”, lo que retroalimentó la espiral inflacionaria.

El hasta entonces intendente de Buenos Aires, Mauricio Macri, concurrió a las elecciones de 2015 respaldado con un ambicioso programa de regeneración nacional y de reformas estructurales, aunque edulcorado durante la campaña. Su promesa era poner fin a ese capitalismo de amigos tejido por Cristina Fernández que tanto lastraba el crecimiento económico del país.

Las primeras medidas adoptadas en este caluroso verano austral han sido audaces y efectivas. El regreso de Argentina al mundo quedó escenificado con la participación de Macri en la última cumbre de Davos. De domeñar la situación económica y concluir el mandato, sería el primer gobernante no peronista en hacerlo desde el restablecimiento en 1983 de la democracia. Entre tanto, Cristina Fernández prepara desde su retiro en El Calafate el retorno en 2019, si el cruel olvido, las ambiciones de sus cachorros y las urnas se lo permiten.