23/10/2017
Análisis

El sí, el no y la duda en Colombia

Ambas mitades del país son partidarias de la paz, lo que las diferencia es la forma de procesar el saldo violento del conflicto

Rafael Rojas - 14/10/2016 - Número 55
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El sí, el no y la duda en Colombia
Participantes en una marcha por la paz en la ciudad colombiana de Cali el 9 de octubre. LUIS ROBAYO / AFP / Getty
Lo que intentaron hacer el Gobierno de Juan Manuel Santos y los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los últimos cuatro años no era sencillo. Nada más y nada menos que la negociación exhaustiva de un acuerdo que, junto con la desmovilización y la entrega irreversible de las armas, contemplara la amnistía por delito de rebelión, además de diversas penalizaciones para quienes fueran identificados como responsables de crímenes de homicidio, secuestro, violación y otros cargos.

A cambio de ese pacto de justicia transicional, los antiguos guerrilleros marxistas, devenidos en empresarios del narcotráfico y la extorsión, obtendrían una reforma agraria en las zonas que controlaba el movimiento armado y amplias garantías para incorporarse a la política democrática por medio de 10 escaños asegurados, 5 en la Cámara Baja y 5 en el Senado, entre 2018 y 2026. Aun cuando el desempeño electoral del partido de las FARC, en las dos próximas contiendas, quedara por debajo del mínimo que demanda la ley colombiana, esos 10 asientos parlamentarios estarían garantizados.

La quimera de los guerrilleros

Por si fuera poco, los acuerdos fueron negociados en La Habana, con el apoyo de Fidel y Raúl Castro y los buenos oficios primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. En estos cuatro años, las relaciones entre Venezuela y Colombia han sido, cuando menos, turbulentas. Maduro cerró la frontera con Colombia y acusó al presidente Juan Manuel Santos de subvertir el orden interno del país vecino entre 2014 y 2015. Los principales aliados de las FARC, Venezuela y Cuba, generaban una desconfianza inevitable en los sectores de derecha, centro e, incluso, izquierda democrática en Colombia.

Conscientes de la mala memoria extendida en la ciudadanía colombiana, luego de una guerra de 52 años y más de 220.000 muertos, las FARC rechazaron desde un inicio la idea de un plebiscito que validara el acuerdo de paz de La Habana. El referéndum vinculante fue una iniciativa del Gobierno, a la que el presidente Santos y su gabinete se aferraron, tal vez, con demasiada firmeza. Lo que las FARC preferían era algo más quimérico aún: que se convocara a un nuevo congreso constituyente que convirtiera el acuerdo de paz en ley del Estado.

Corresponde a las FARC la mayor capacidad de iniciativa para transmitir confianza a la ciudadanía dudosa

Tal vez el ofrecimiento de los escaños en el Congreso y la propuesta de una ceremonia de firma de la paz, en Cartagena, donde el jefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se dirigiría directamente al pueblo de Colombia convencieron a las FARC de la pertinencia del plebiscito. Pero la secuencia de eventos, por lo visto, fue contraproducente. La campaña del no, encabezada por Álvaro Uribe y el partido Centro Democrático, había logrado movilizar una buena parte de su base social hasta septiembre. La ceremonia de Cartagena, en la que Timochenko reiteró la ideología radical de su movimiento, reivindicó el legado de la guerrilla y, en vez de pedir, “ofreció” perdón a las víctimas, enervó aún más al creciente electorado del no.

La diferencia entre sí y no fue menor a los 60.000 sufragios y esa mínima cantidad se vuelve mucho más pequeña desde el punto de vista cualitativo, ya que quienes apuestan por la aniquilación militar de las FARC son una ínfima minoría. Ambas mitades del país son partidarias de la paz: lo que las diferencia es la manera de procesar judicialmente el saldo violento del conflicto, la estrategia a seguir frente al narcotráfico —los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana insisten en que la producción de cocaína en territorio controlado por las FARC se ha sextuplicado en el último lustro— y, sobre todo, las vías de incorporación del movimiento guerrillero a la política democrática.

Posiciones antinómicas

El triunfo del no ha generado la expectativa de una renegociación del acuerdo de La Habana entre cuatro actores: el Gobierno, la oposición, las asociaciones de víctimas y las FARC. A pesar de que el presidente Santos se ha reunido con los expresidentes Pastrana y Uribe, líderes del no, y de que una delegación del Gobierno colombiano ha viajado a La Habana a continuar las pláticas con las FARC, el camino de un nuevo acuerdo se ve más obstruido que allanado.

Tras la reunión entre Santos y Uribe, el presidente aseguró que el acuerdo de La Habana, bien explicado, era suficiente para avanzar en la desmovilización de las FARC y la justicia transicional. El expresidente, en cambio, declaró que la única manera de asegurar la paz es un nuevo acuerdo. Se trata de posiciones antinómicas que, en buena medida, explican el alto índice de abstención. La rígida polaridad de la disputa por la paz y la justicia encuentra sustento en la duda generalizada de la mayoría del electorado colombiano, que desconfía de las FARC, y, en menor medida, de los políticos profesionales de ambos partidos.

La concesión del premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos consolidó una corriente internacional de respaldo al acuerdo de La Habana. Para el Gobierno colombiano se trata de un reconocimiento oportuno que, sin embargo, atiza la oposición al proyecto de justicia transicional. Por un lado, las FARC se resienten por su exclusión del galardón concedido en Oslo. Por el otro, el uribismo argumenta que el premio Nobel acentúa el intervencionismo diplomático de sectores de la comunidad internacional que favorecen un acuerdo rechazado, soberanamente, por más de la mitad del electorado colombiano en el reciente plebiscito.

Compartimientos estancos

El sí, el no y la duda se instalan y afincan en tres compartimientos estancos de la política colombiana, sin que se vislumbre una salida al conflicto en el corto o el mediano plazo. La incorporación del diferendo a la campaña electoral del 2018, que ya se adelanta, dilata aún más cualquier solución. Tanto el Congreso como la Corte Suprema, el poder legislativo como el poder judicial de Colombia, convergieron, el año pasado, en la limitación de la reelección presidencial en ese país sudamericano. Aun así, parece inevitable que el apoyo o el rechazo al proyecto de justicia transicional decidan las orientaciones electorales de aquí a 2018.

Como quiera que se mire, esa politización del proceso de paz no es favorable al fin de la guerra y a la incorporación de las FARC a la vida pública del país. La contienda electoral actuará como un dispositivo reproductor del conflicto y no como un incentivo para la negociación o el acuerdo. Corresponde a las propias FARC, tal vez, la mayor capacidad de iniciativa para transmitir confianza a la ciudadanía dudosa y a los partidarios del no. Mayor sensibilidad hacia las cuantiosas víctimas del conflicto y menor voluntad de poder pueden ser mensajes pertinentes en un momento tan delicado para el futuro de la paz y la reconciliación en Colombia.