Internacional

México: La violencia que nunca se fue

El aumento de los homicidios con armas de fuego en casi uno de cada cuatro municipios revela que los gobiernos locales son el flanco más débil del Estado

México: La violencia que nunca se fue
El año 2016 será el más violento en México desde 2012. Forenses junto al cuerpo de un hombre asesinado en Acapulco, Guerrero . PEDRO PARDO / AFP / Getty
En vísperas de asumir su segundo mandato como presidente de Colombia, el ahora líder de facto de la oposición, Álvaro Uribe, confió a Juan Manuel Santos el puesto más comprometido de su gobierno, el Ministerio de Defensa. Era julio de 2006 y, en los tres años que estuvo al frente, Santos no solo logró diezmar a la guerrilla con la que 10 años después firmaría la paz, sino que puso en marcha un cambio fundamental en la política colombiana de combate al narcotráfico —hasta entonces volcada en la erradicación de cultivos ilícitos— que tendría graves implicaciones en el otro extremo de la cuenca del Caribe. Así, mientras en Colombia los decomisos de cocaína aumentaron un 60% en 2006 y en EE.UU. los precios al por menor de la droga se duplicaron entre 2007 y 2008, en México fue la tasa de homicidios la que prácticamente se triplicó, desde los 7,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes de 2007 a los más de 22 de 2011, según las cifras de Naciones Unidas.

Un fenómeno, el llamado efecto globo, reconocido por el entonces subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos de EE.UU., William Brownfield, quien declaró al periódico El Tiempo que “Colombia es un ejemplo de esfuerzos exitosos contra la industria del narcotráfico, pero un resultado de ese éxito es el crecimiento de la actividad ilegal en México”.

Las estimaciones para 2016 anticipan un aumento del 14% en el número de homicidios dolosos en el país

La historia que sigue es conocida. El factor externo fue solo uno más de los muchos elementos que confluyeron en la mayor oleada de violencia en el país desde los tiempos de la revolución. En un contexto de enfrentamientos crecientes en un mundo criminal cuya densidad y capacidad de fuego habían crecido exponencialmente durante el sexenio de Vicente Fox y con la eliminación en 2004 de la prohibición de la venta de rifles de asalto en EE.UU., los cambios en las políticas de seguridad impulsados por Felipe Calderón detonaron el avispero. Las corporaciones policiales, mermadas en el tránsito del autoritarismo a la democracia, no fueron capaces de detener la onda expansiva de una violencia que se volvió sistémica.

“La intervención de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública, estos años pasados, es en parte respuesta a una crisis del poder municipal, de la policía municipal en particular”, escribía el académico Fernando Escalante en la revista Nexos. “La crisis del orden local es el factor decisivo para explicar los niveles de violencia en el país”, concluía.

La llegada al palacio de Los Pinos en 2011 de un Enrique Peña Nieto dispuesto a replicar la experiencia colombiana tras fichar, días antes de las elecciones, al “mejor policía del mundo”, Óscar Naranjo, coincidió con un descenso de los homicidios dolosos. Unido a una hábil campaña de comunicación para reducir la percepción de inseguridad en una ciudadanía que apenas denuncia el 6% de los delitos y que había cambiado sus hábitos por temor a ser víctima de la delincuencia, el fenómeno de la violencia fue momentáneamente desterrado de las portadas nacionales e internacionales. Entre 2012 y 2014, mientras el Gobierno impulsaba una ambiciosa agenda de reformas estructurales, la tasa de asesinatos se redujo paulatinamente hasta los 15,7 por cada 100.000 habitantes, según datos de la ONU. Una cifra, no obstante, muy superior a las registradas entre 1990 y 2007. El año 2015, con 20.525 homicidios según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un 2,5% más que el año anterior, supuso un cambio de tendencia. Las estimaciones para 2016  anuncian  un aumento del 14%. La violencia, que nunca se fue, regresa con fuerza.

El año más violento

Para interpretar las cifras hay que tener en cuenta que en México coexisten dos formas de contabilizar los homicidios: una que cuenta los cuerpos (certificados de defunción) y otra que basa sus cálculos en las averiguaciones previas abiertas por homicidio. La primera, procesada por el INEGI, subestima a la segunda, elaborada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). A partir de estas fuentes, los politólogos José Merino y Carolina Torreblanca han realizado las estimaciones que figuran en el gráfico adjunto. Sus previsiones para 2016 oscilan entre los 19.020 y los 23.365 homicidios dolosos. Si se cumplen, este podría ser el año más violento desde 2012.

¿A qué se debe este repunte?  Está relacionado con dos fenómenos, según Torreblanca:  “El resurgimiento de la violencia en municipios que eran ya violentos en 2011 y una concentración geográfica de los homicidios en estas localidades”. ¿Se trata entonces de la misma violencia de 2011, cuando se produjeron más de 27.000 asesinatos ? En aquel año el 58% de los homicidios se produjo con arma de fuego, indicador asociado a la violencia del crimen organizado. Con los datos de 2016 disponibles, los homicidios con arma de fuego rebasan el 59% del total. “Lo que vemos hoy es un proceso doble: un resurgimiento en 244 municipios de la violencia observada en 2011, y una eclosión de la violencia en 407 municipios en 2015 que se mantiene en 2016”. 

Como se aprecia en el mapa bajo estas líneas, la geografía es un factor clave para entender el fenómeno de la violencia en México. A partir de la fragmentación de los grandes grupos criminales que pusieron en jaque al gobierno de Calderón, en los últimos años los homicidios se han dispersado geográficamente. En general, las mayores concentraciones se dan en regiones productoras y procesadoras de sustancias ilícitas, como Guerrero, Sinaloa, Michoacán o Jalisco, o en alguna de las rutas que atraviesan el país dejando un reguero de sangre desde la frontera sur y los principales puertos y aeropuertos hacia la frontera con EE.UU. 

Es en los estados de Jalisco y Michoacán “donde se puede observar el proceso de reconfiguración organizacional más intenso del narcotráfico en el país”, asegura Tomás Martínez Sánchez en el libro Seguridad y justicia en Jalisco. Los golpes contra las distintas facciones de la organización criminal Sinaloa y el desmantelamiento de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios dejaron un espacio en el campo criminal que ha ido ocupando el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con un saldo de violencia muy elevado.

El Estado ausente

Para Salvador Maldonado, profesor del Colegio de Michoacán, el repunte de la violencia también tiene que ver con “un proceso no concluido de desarticulación del crimen organizado por parte del Gobierno Federal. Ante el declive de las acciones oficiales del Estado, los escasos avances en materia de seguridad se extinguieron rápidamente y las células criminales entablaron una acción ofensiva para recuperar espacios perdidos ante otros grupos criminales”. Como consecuencia, “el mapa criminal comenzó a complejizarse en términos de enfrentamientos por control de territorios o mercados ilícitos”, concluye Maldonado.

“El Gobierno de Peña Nieto sigue adoptando políticas mal diseñadas y contraproducentes”, afirma Felbab-Brown

Otro elemento a tener en cuenta es la “persistente debilidad institucional”, señala la investigadora experta en México de la Brookings Institution, Vanda Felbab-Brown. “Con algunas raras excepciones —afirma a AHORA—, las policías locales siguen siendo débiles y corruptas, y los esfuerzos del Estado por limpiar y aumentar su capacidad se han visto sumidos en batallas legislativas y constantes diseños institucionales.” Como consecuencia, “los grupos criminales mexicanos siguen dominando los barrios pobres en las grandes ciudades. En el centro y sur de México, más notablemente en la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, pero también en otras zonas más amplias del sur, el Estado a menudo está ausente”, sostiene Felbab-Brown.

La reciente ola de violencia también se explica por “la atención inadecuada que la Administración de Enrique Peña Nieto viene prestando a los problemas de la delincuencia y la seguridad pública”, añade la investigadora. “En zonas donde los delitos se habían reducido, como Tijuana o Ciudad Juárez, tanto las autoridades locales como el Gobierno Federal mostraron muy poco interés y capacidad para profundizar en las reformas institucionales y simplemente dejaron que se mantuviera una narcopaz que ahora se está colapsando como consecuencia del auge de CJNG. Y la Administración de Peña Nieto continúa adoptando políticas contraproducentes y mal diseñadas.”

Es el caso de la “estrategia integral” anunciada en agosto para reducir los homicidios en los “50 municipios más violentos del país”. Como estas localidades, entre las que se encuentran algunas de las más pobladas del país, concentran el 42% de los homicidios dolosos en México, el Gobierno confía en que disminuya a su vez la tasa nacional de homicidios. Dejando a su suerte, de paso, a los más de 600 municipios que han experimentado un repunte de la violencia en 2015 y 2016 y no figuran en esa lista encabezada por Acapulco.

Los cuatro monstruos

En un encuentro con académicos mexicanos antes de regresar a Colombia, a petición del presidente Santos, para participar en el proceso de paz y en la campaña electoral de 2014, el general Óscar Naranjo explicó que la clave para el buen funcionamiento de un servicio de policía local, estatal o federal reside en su capacidad de eludir los “cuatro grandes monstruos que acechan a cualquier modelo policial”: la brutalidad, la ineficiencia, la insolidaridad y la corrupción

Todos esos monstruos, y alguno más, se dieron cita meses después  en Iguala en el hecho que provocó el punto de quiebre del Gobierno de Enrique Peña Nieto: la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a manos de una confluencia de agentes criminales, políticos, policiales y militares. Esos mismos monstruos también participaron, años antes, en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y en la desaparición de un número indeterminado de habitantes (se habla de 300) en Allende, Coahuila. Así lo demuestra una reciente investigación del Colegio de México liderada por el académico y activista Sergio Aguayo. Aunque ambas tragedias fueron ordenadas por la organización criminal de los Zetas —en el caso de Allende se supone que en venganza contra dos exintegrantes—, solo fueron posibles “gracias a la complicidad de algunos agentes del Estado”. Tras haber accedido a los testimonios en los expedientes judiciales, se considera probado que en esos dos municipios los criminales controlaban el aparato de seguridad local. Por ello, concluye el informe, “es indispensable entender el papel jugado por los gobiernos locales, ya que es el terreno donde interactúan cotidianamente el crimen organizado y el Estado”.

Volviendo a Colombia, aunque todavía es pronto para saber si los procesos de paz del Gobierno de Santos con las FARC y el ELN —en caso de fructificar— tendrán un nuevo efecto globo en la otra punta de la cuenca del Caribe, en México quizás ya sea demasiado tarde para detener esta nueva oleada de una violencia sistémica que nunca se fue.