23/10/2017
Análisis

Un país permanentemente en vilo

A cualquier predicción sobre Colombia debe anteponerse el mismo letrero que a las medicinas: tómese con precaución

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Un país permanentemente en vilo
El presidente Santos recibe a Álvaro Uribe en la Casa de Nariño, en Bogotá, el pasado 5 de octubre. Efraín Herrera
El pasado 7 de octubre un bibliotecario encontró en Cien años de soledad la cita perfecta para ilustrar la semana más delirante, más adrenalínica y más emocional de los últimos años en Colombia: “Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad”. En efecto, en los días que siguieron al plebiscito del 2 de octubre los colombianos nos despertamos cada mañana con una noticia que no solo borraba los hechos de la jornada anterior, sino que desplegaba un nuevo paisaje ante nuestros ojos. Para que el lector se forje una idea de este péndulo emocional, si el lunes la senadora María Fernanda Cabal le estaba pidiendo la renuncia al presidente Juan Manuel Santos, el viernes ese reclamo, que algunos entendían como inevitable, era materia de escarnio al recibirse la noticia de que Santos había ganado el premio Nobel de la Paz.

Nadie puede garantizar que estos vaivenes no sigan presentándose. Más aún, nadie puede dar por cierto que en los próximos días o en las próximas semanas no seguiremos despertándonos con el anuncio de que el presidente está en vilo, seguido, veinticuatro horas más tarde, por un segundo anuncio en el que ese mismo presidente, ayer en horas bajas, hoy ha recobrado el protagonismo y la iniciativa. Así pues, a cualquier consideración sobre el futuro cercano de Colombia debe anteponérsele el mismo letrero que se le antepone a ciertas medicinas: tómese con precaución.

Pescar en aguas turbias

Sea cual sea nuestro porvenir inmediato, el éxito de las nuevas negociaciones, la “mejora de los acuerdos”, dependerá en buena parte de mantener el cese al fuego bilateral y definitivo. Colombia tiene un millón cien mil kilómetros cuadrados de territorio; con los insurgentes de las FARC deambulando por ahí, son altísimas las posibilidades de que se presenten incidentes o de que uno de tantos grupos al margen de la ley intente pescar en aguas turbias, haciendo pasar como una acción de los guerrilleros lo que en realidad es obra de bandas criminales. ¿Soportarían en estos momentos los mimbres de la opinión pública el rompimiento de la tregua? ¿O, peor aún, estarían los colombianos dispuestos a negociar otra vez en medio de la guerra, tal como se hizo durante cuatro años en La Habana? Hay sobradas razones para suponer que no. Por lo demás —y ese hecho es crucial—, los guerrilleros de las FARC saben que el paso del tiempo los perjudica, pues mientras más tarde la firma de un nuevo acuerdo, más se altera la correlación político-militar con el Gobierno. Mantener en buen estado a 15.000 efectivos no es una tarea sencilla ni barata (sobre todo si se ha dejado de secuestrar y extorsionar); menos aún lo es convencer a ese amplio contingente de que “por ahora” deben abstenerse de operaciones delictivas, hecho que obligaría de inmediato al Gobierno a perseguirlos.

Entre los imperativos del cese al fuego también debemos considerar la tentación del magnicidio en Colombia. No es descabellado pensar que algún radical intente hacer con el presidente Santos, el expresidente Álvaro Uribe o cualquiera de las figuras políticas lo que ya se hizo con el inmolado Jorge Eliécer Gaitán, o que, en un plano más amplio, ese mismo nihilista o un grupo de radicales opten por las más atroces tácticas del pasado: poner bombas en clubes, dinamitar buses de transporte, masacrar labriegos pobres e indefensos… De ahí que la veeduría internacional de las Naciones Unidas sea, más que un protocolo, una cuestión de vida o muerte. Sin ella, lo que ya es frágil e inestable se volvería aún más delicado.

Pero si las FARC y el Gobierno del presidente Santos tienen motivos para mejorar los acuerdos en un lapso muy corto —la paz, al fin y al cabo, no puede esperar—, la oposición, por el contrario, tiene razones de programa y de oportunidad política para dilatarlos al máximo. De programa: mientras Santos habla de “ajustes y precisiones”, la cabeza de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe, exige “cambios profundos”. Esas “correcciones” no son precisamente menores y se refieren a temas como dar escaños a los guerrilleros desmovilizados o mantener intacta la estructura agraria del país, cosa que es, en opinión de todos los críticos, la principal fuente de conflictos en nuestra historia.

Juego entre tres

Por consiguiente, lo que veremos en las siguientes semanas será una compleja puja de fuerzas, en la que el Gobierno intentará llegar rápidamente a un nuevo acuerdo y la oposición intentará entorpecerlo o sabotearlo, interesada como está en convertir ese asunto en el principal punto de la campaña presidencial de 2018.

El éxito de las nuevas negociaciones dependerá en parte de mantener el cese al fuego bilateral y definitivo

Un nudo gordiano de semejantes proporciones aumenta las tentaciones de salirse por la tangente. Fiel a su tradición jurídica formalista, muchos abogados de este país loco le han recordado al presidente que conserva la potestad de firmar “un nuevo acuerdo de paz” con las FARC, sin necesidad siquiera de someterlo a plebiscito: tentación o delirio que ha llevado a la contraparte a proponer una asamblea constituyente que reemplace a la mesa de La Habana, y que en las actuales circunstancias sería poco menos que un salto al vacío.

En esta medición de fuerzas, en esta carrera contra el tiempo, la fórmula para destrabar los muchos enredos del nuevo acuerdo con las FARC y el uribismo —nada que hacer: nos enfrentamos a un “juego entre tres”, como dirían los economistas—, tal vez llegue de un lugar inesperado. Al día siguiente del plebiscito empezaron las marchas ciudadanas que han exigido a las tres partes que se comporten de forma razonable. Tanto entre partidarios del sí como del no se ha impuesto la convicción de que el acuerdo de paz ha costado muchísimo, de que debe conservarse modificando sus puntos más sensibles y de que las reformas deben propiciar el entendimiento, no la sin salida. Incluso los más optimistas saben que el acuerdo no estará indefinidamente sobre la mesa.

Desconozco si estas energías sociales hayan de perdurar. Pero el hecho de que hombres y mujeres, partidarios del sí y del no, creyentes y ateos, homosexuales y lesbianas, estudiantes y desempleados, gentes que se tragaron los sapos y gentes que no pudieron (o no quisieron) tragárselos hayan tomado la paz como causa propia y hayan salido a manifestarse en las calles indica que hay margen de maniobra. Su presencia es un factor inesperado —y acaso nos permita resolver lo que ahora mismo parece un imposible—.