14/10/2019
Internacional

Lo que queda por resolver para la paz en Colombia

El Gobierno y las FARC están a las puertas de un acuerdo final para acabar con medio siglo de conflicto armado

Alba Tobella - 15/07/2016 - Número 42
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Lo que queda por resolver para la paz en Colombia
Dos soldados de las FARC supervisan el pase Berlín, en la provincia sureña de Caquetá. PEDRO UGARTE / AFP / Getty
Una mañana de octubre de 2001, al campesino Aldo Ruiz lo despertó un combate entre el ejército y la guerrilla poco antes del amanecer. Levantó a sus cuatro hijos, que tampoco dormían ya, acostumbrados al ruido de los fusiles, y los puso a correr por un camino entre los campos de los Montes de María, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado de Colombia. En menos de una hora llegaron al pueblo y por más de una década no volvieron a pisar su tierra.

Ese mismo día, o cualquiera de esas mañanas de los años en que militares y guerrilleros de las FARC se agarraban a balazos, Aldo López vio pasar a los soldados disparados hacia el monte mientras faenaba en el porche de su casa, en la aldea conocida como Bajo Don Juan, a los pies de la ladera.
“No podíamos trabajar ahí. Lo declararon objetivo, la fuerza pública patrullaba, encontraban a uno de civil y lo investigaban. A algunos compañeros los quemaban con cigarrillos”, cuenta ahora, con 53 años, desde ese mismo lugar, mientras sus vecinos siguen construyendo las casas que dejaron atrás hace más de 10 años.

Las víctimas superan los ocho millones y  para los negociadores son el centro de los diálogos de paz

El cese del fuego bilateral anunciado en junio por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha puesto a los colombianos a las puertas de la paz con la principal guerrilla del país por primera vez en más de 50 años. En los Montes de María, los campesinos se acostumbraron a las amenazas, el desplazamiento, la desaparición y la muerte. Desde que a finales de los 80 los paramilitares empezaron a disputar el territorio a la guerrilla conocieron las versiones más macabras de la guerra, el toque de queda, la gente muerta a golpes de martillo en masacres animadas con música y hasta un burro bomba. Como ese día en que un grupo de hombres armados bañó de sangre la fiesta de fin de curso de la escuela del pueblo. “Llegaron dicendo 'vinimos a la fiesta... ¡a acabarlos!' Y se pusieron a beber, la gente corría pa' los montes, les arrancaban las uñas, los torturaron, los machucaron, los cortaron...”, recuerda Ana del Carmen Chávez, de 49 años y esposa de Aldo López, que a cada rato se veía corriendo con sus niños montaña arriba y montaña abajo para evitar toparse con los hombres armados.

“Tocaban nomás la puerta así: ta, ta. Y listo. Uno sabía. Había que salir en 24 horas o lo mataban a uno”, recalca, señalando la puerta de la casa, que tuvieron que volver a construir después de un año de desplazamiento, de 2004 a 2005, en la época en la que ya no podían más, cuando en el pueblo no quedaban más de 20 familias de las 100 que solían ser. En 1996 habían dejado de ir a la finca.

El miedo permanece aún en la memoria de muchos colombianos, pero la esperanza de unas FARC sin fusiles crece a medida que las negociaciones que sostienen con el Gobierno desde noviembre de 2012 en La Habana se acercan a su fin. Santos, que dejó de poner fechas para el acuerdo final porque siempre aparecen obstáculos inesperados durante los diálogos, está convencido de que para el 20 de julio, Día de la Independencia, habrá conseguido poner al país en la vía de la paz.

“Nunca pensé que iba a regresar”, asegura Ruiz mirando la finca que recuperó en 2015 azotada ahora por la sequía. “Nosotros queremos la paz, pero ¿será que hay paz? La guerrilla entrega un papel, pero quedan los paramilitares y todos los que roban por ahí. Hay que hacer diálogo con todos”, exclama Chávez.
Aunque la violencia en Colombia no termnina con el desarme de su principal guerrilla —el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con unos 2.000 combatientes, sigue estancado y las bandas dedicadas al narcotráfico son ahora el principal objetivo en la seguridad del país—, estos son los acuerdos logrados y los puntos por resolver antes de que las FARC dejen los fusiles y empiecen su nueva vida: la de la política sin armas.
 
1.  El campo. La lucha por las tierras es la esencia del conflicto. Las FARC se levantaron en armas en 1964 por los derechos de los campesinos, pero el campo ha sido uno de los más perjudicados por los enfrentamientos. Hoy hay 6,8 millones de desplazados, la mayoría campesinos que abandonaron sus casas para huir de la violencia. El Estado admite su incapacidad para llegar a la mitad del territorio del país —inundado por la selva y bajo el dominio de grupos armados—, donde las carreteras son raras y los servicios públicos escasean. Además, unos ocho millones de hectáreas (un 14% de la superficie de Colombia) fueron abandonadas o adquiridas por la fuerza durante el conflicto, según Amnistía Internacional.

Aunque las exigencias de las FARC para el sector agrícola siguen sin resolverse, algunas quedaron esbozadas en el primer acuerdo alcanzado en La Habana, en mayo de 2013, y todavía faltan muchos detalles para cerrarlo. Se pactó garantizar el acceso a la tierra —con la creación de un fondo para campesinos sin tierra y la formalización de los títulos de propiedad, por ahora muy precarios— y fomentar un desarrollo rural con atención especial a las áreas más afectadas por el conflicto, el acceso a la infrastructura pública en todas las zonas del país y el establecimiento de un sistema para el consumo local de los productos del campo. Pero en este rediseño del campo todavía falta afinar, por ejemplo, cómo funcionará el banco de tierras y cuál será su alcance, cómo las comunidades aportarán sus propuestas para el desarrollo y de qué manera se incrementará el consumo de alimentos locales.
 
2. Participación política. Las FARC se comprometieron a dejar las armas para que su discurso, comunista, entrara en el debate político de Colombia. Para hacerlo, el Gobierno y la guerrilla anunciaron en noviembre de 2013 un acuerdo que facilitaba la creación de espacios para la oposición y, de forma temporal, circunscripciones especiales para que las “zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono” tengan sus propios representantes en el Congreso.

Aunque este punto parecía que daba a las FARC la posibilidad de tener presencia parlamentaria al abandonar las armas, todavía no están definidos los territorios favorecidos y si, por tanto, coinciden con sus zonas de influencia. El Gobierno se comprometió, además, a abrir canales en la radio para que los movimientos sociales tengan acceso a los medios de comunicación.
 
3. El fin del conflicto. Este ha sido el punto más espinoso de la agenda, tanto en la mesa de La Habana como en Colombia. Después de casi un año de tregua de la guerrilla, desde el 20 de julio de 2015, el Gobierno y las FARC anunciaron el 23 de junio de este año un calendario para el cese del fuego y las hostilidades, bilateral y definitivo. Un acuerdo con el que los analistas consideraron que el proceso de paz se hacía “irreversible”. En un plazo de seis meses después del acuerdo final, los 7.000 rebeldes que siguen en las filas de la guerrilla deberán concentrarse en zonas ya definidas supervisadas por Naciones Unidas para dejar sus armas, que serán destruidas, y salir de allí a la vida civil.

Los guerrilleros todavía temen que paramilitares los ataquen una vez que abandonen sus fusiles. El fantasma de la Unión Patriótica todavía está presente en Colombia. Este partido, formado en los años 80 por guerrilleros desmovilizados, vio caer a 3.000 de sus miembros a manos de grupos de extrema derecha. Para garantizar su seguridad, el acuerdo sobre el cese del fuego obliga al Estado a luchar contra organizaciones “que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos” y hace referencia explícita a “las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”. En este punto falta definir qué apoyos recibirán los guerrilleros que se reintegren en la sociedad y si tendrán atención psicosocial. También existe un protocolo para la salida de los menores de 15 años de las filas rebeldes, pero todavía no se ha aplicado.

 Las FARC se han comprometido a dar información para atacar las rutas del narcotráfico

4. Las drogas. Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca, la planta que se utiliza para producir la cocaína. Gobierno y las FARC consideran que el final del conflicto no será posible sin eliminar el problema de las drogas. Otros grupos armados ilegales se dedican al narcotráfico y los cultivos de coca aumentaron casi un 40% entre 2014 y 2015. Los ingresos vinculados al tráfico de drogas han sido una de las principales fuentes de financiación de las FARC, que se comprometen a proporcionar información para atacar las rutas del narcotráfico.

En mayo de 2014 se anunció un acuerdo por el que las partes se comprometían a promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, aunque faltan alternativas para el desarrollo del campo. Si la sustitución voluntaria fracasa, se recurrirá a la erradicación manual forzosa y, en última instancia, a la fumigación, un tema muy controvertido. Los campesinos colombianos sufrieron durante 15 años las fumigaciones aéreas con glifosato, que a menundo no distinguían entre cultivos legales e ilegales y que fueron suspendidas en 2015 por sus efectos sobre la salud y el medioambiente, aunque se haría de forma manual y no aérea. La erradicación debe ir acompañada de programas de salud pública de prevención al consumo de drogas.
 
5. Las víctimas. Son 260.000 muertos, 6,8 millones de desplazados, 46.000 desaparecidos, 28.000 secuestrados, 300.000 amenazados, 11.000 afectados por minas antipersona y casi 8.000 menores reclutados, entre muchas otras víctimas que, según cifras oficiales, superan los 8 millones y que para los negociadores son “el centro” de los diálogos de paz. El año pasado, las FARC ya se comprometieron a ayudar a localizar y desactivar minas antipersona en uno de los países más afectados por estos artefactos.

Queda pendiente definir cómo será la compensación a estas víctimas, pero ya se ha diseñado un sistema de justicia transicional para procesar a los actores del conflicto que prevé penas de hasta ocho años de cárcel para los responsables de los crímenes más graves, y amnistía para los demás si admiten sus delitos y contribuyen a esclarecer la verdad sobre los hechos de la guerra.

También el Ejército será sometido a este proceso, especialmente por casos polémicos de ejecuciones extrajudiciales en los que los militares presentaban a civiles como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios y ascensos. Quienes no contribuyan a la verdad pasarán por la justicia común. Falta conocer quiénes serán los magistrados de esos tribunales, que tendrán representación internacional. En el marco de este acuerdo, las FARC se comprometieron en octubre a dar información sobre la ubicación de los cuerpos de miles de desaparecidos para poder entregar a las familias los restos de sus seres queridos.
 
6. Implementación de los acuerdos.
 Después de meses enzarzados sobre cómo refrendar los pactos que se alcancen en La Habana, las FARC aceptaron la propuesta del Gobierno de celebrar un plebiscito en el que los colombianos se posicionen sobre el acuerdo final. Ahora el Tribunal Constitucional tiene que avalar el proceso, pero  Santos ha insistido en que no habrá paz sin plebiscito, consulta que se celebrará previsiblemente un mes después de cerrar las negociaciones.

Aunque el cronograma para la implementación de todos los mecanismos del posconflicto está prácticamente cerrado, falta todavía por determinar cuál será el presupuesto para llevarlo a cabo.