25/2/2020
Opinión

En el laberinto

Repetir las elecciones es una irresponsabilidad que los partidos tendrían que evitar por interés general y por el suyo propio

En el laberinto
Álvaro Valiño
Los resultados electorales situaron a las fuerzas políticas en el umbral de un laberinto por el que, en estos meses, casi sin excepción, se han empeñado en adentrarse más y más. Se han aplicado tan concienzudamente en la tarea que, muy probablemente, serán incapaces de encontrar la salida, por mucho empeño que puedan poner ahora. Los plazos, implacables a estas alturas, y la visceral negación de reconocimiento mutuo pueden ser fatales.

Durante estos meses, los partidos han seguido en campaña electoral, a modo de preludio de la que precedería a unas nuevas elecciones. Una situación de la que son especialmente responsables el PP y el PSOE, por ser los dos únicos ejes en torno a los que es factible conformar una mayoría de gobierno.

La estrategia de ambos ha sido básicamente coincidente: la investidura como objetivo, a cualquier precio, venga lo que venga después, con la esperanza de que las condiciones que la hagan posible caigan como fruta madura. Aunque cada uno de ellos tuviera en mente una fruta diferente.

La estrategia de PP y PSOE ha sido coincidente: objetivo la investidura, venga lo que venga después

El PP ha sido incapaz de trascender la afirmación de su victoria electoral. Lo ha repetido hasta la saciedad, a modo de mantra taumatúrgico, convencido de que recaía sobre los socialistas la responsabilidad de permitir su investidura. Una fruta de difícil maduración. Era responsabilidad del PP tratar de facilitarla. Exigía un esfuerzo político extraordinario, proporcional a la dificultad del objetivo. Pero los populares han optado por la pasividad, por el inmovilismo. No han entendido el fracaso que expresan sus resultados electorales. No han sabido interpretar el aislamiento político en que están sumidos y su responsabilidad en él. Son los primeros interesados en que el panorama político se mueva, pero también los primeros responsables en facilitar esa transformación. Tienen que encarar el relevo en el liderazgo, tienen que emitir señales nítidas de una voluntad decidida de regeneración del partido y del sistema institucional y tienen que arrinconar la arrogancia sectaria con que han ejercido la mayoría, refractarios a cualquier idea o propuesta ajena.

Los populares se han dedicado a lamentar la injusta actitud de socialistas y Ciudadanos por no reconocer su triunfo electoral, incapaces de asumir su manifiesta insuficiencia. Han despreciado las condiciones exigidas por Ciudadanos (sustitución del líder y pacto por la regeneración), lo que les hubiese dado grandes posibilidades de sacar rendimiento a su condición de primera minoría de la Cámara, incrementando la presión sobre los socialistas por la gobernabilidad. Y han implorado la introducción en el sistema parlamentario de elementos “presidencialistas”, de forma que se otorgue automáticamente el gobierno a la primera minoría —lo que, en su día, también propuso Susana Díaz—. Para evitar a los partidos la, según parece, desmesurada tarea de garantizar un gobierno con suficiente apoyo parlamentario, introducirían en el sistema el grave riesgo de gobiernos extremadamente débiles, incapaces de gobernar, debilitando, aún más, las virtudes del sistema parlamentario.

Por su parte, el PSOE ha tratado de desviar la atención de su indiscutible fracaso electoral con un activismo que le permitiera aparentar un protagonismo y unas expectativas de gobierno que las urnas le negaron. En cualquier caso, Pedro Sánchez ha sacado mucho partido a las pobres cartas con que contaba. Ha logrado un acuerdo con Ciudadanos que, en principio, le permitía aparecer con un respaldo parlamentario superior al del PP, algo que este último ni siquiera ha intentado, convencido de que le es debido, de que no tiene que hacer nada para ganárselo. Pedro Sánchez ha tenido una iniciativa de la que ha carecido Mariano Rajoy, y es la pasividad de este la que ha engrandecido la actividad de aquel.

Pero la aritmética parlamentaria es terriblemente tozuda y el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos es manifiestamente insuficiente. La cuadratura del círculo que pretendía Pedro Sánchez exigía, además, que Podemos cayese como fruta madura, a cambio de nada, o de muy poco. Un gobierno de coalición con Podemos era imposible para los socialistas, por la incompatibilidad esencial entre las concepciones políticas, los objetivos y los medios para tratar de alcanzarlos de unos y otros. Podría ser suicida para ellos. Provocaría inevitablemente el alejamiento de Ciudadanos, dejando  a los socialistas a merced de Podemos, sus confluencias territoriales y las minorías nacionalistas. Además, habría que suponer que los de Podemos considerarían que no han llegado hasta aquí para regalarles a los socialistas el gobierno sin imponer su sello. Esa hipótesis solo podía ser imaginable en caso de que confluyesen en Podemos división interna y y dificultades sustanciales para reproducir satisfactoriamente las coaliciones territoriales, por una parte, con un serio deterioro de sus expectativas electorales, por otra. Pero ¿a qué panorama tendría que enfrentarse un gobierno asentado sobre esas bases parlamentarias?

La gran virtud de los sistemas parlamentarios reside en garantizar la estabilidad del gobierno al obligar a articular, para su investidura, una mayoría parlamentaria suficiente que lo sostenga. Una investidura como la que podrían lograr populares o socialistas, asentada sobre la abstención de una parte importante de la Cámara, con un respaldo activo minoritario, supone renunciar a la gobernabilidad; una opción irresponsable a la vista de los retos económicos y políticos que debe afrontar España. Las virtudes que se están tratando de descubrir en la fragmentación del Parlamento, frente a la práctica de las mayorías absolutas en nuestra experiencia política, solo son posibles dentro de unos estrechos márgenes, que actualmente están desbordados. Consciente o inconscientemente, la investidura, en esas condiciones, solo puede tener un objetivo: ganar tiempo y afrontar una inevitablemente temprana nueva contienda electoral en las condiciones presumiblemente más favorables.

Para los populares se trata de seguir haciendo camino desde el poder. Pero para los socialistas significa una renuncia trascendental.

Era el momento de que el PSOE exigiera al PP las reformas que precisa la crisis política y obligarle a retratarse

El PP no pretende ninguna reforma de importancia, porque considera que no hay problemas estructurales que las hagan necesarias. Pero el PSOE considera que el sistema político está aquejado de graves problemas que requieren profundas reformas, indispensables para que España pueda superar la grave crisis en la que está inmersa. Se trata de reformas que requieren consensos “constituyentes”. La aritmética parlamentaria, las exigencias formales para que prosperen —cuando menos, algunas de ellas— y, en cualquier caso, la prudencia y la sensatez política, hacen indispensable la implicación activa de los populares. Dada su trascendencia, los socialistas no pueden pretender la simple aquiescencia pasiva de los populares, echando sobre ellos la responsabilidad de su fracaso si no lo hacen. Tienen que asumir que excluir a los populares de las negociaciones para formar gobierno significa, ahora, renunciar a ellas y, probablemente, ensanchar un foso de separación que las haga más difíciles en el futuro. Los socialistas corren el riesgo de ver debilitada su credibilidad, al no otorgar a las reformas la prioridad que exige la trascendental importancia que les atribuyen.

Los socialistas tendrían que haber afrontado el reto de defender —junto con Ciudadanos— la imperiosa necesidad de las reformas y obligar a los populares a pronunciarse seriamente sobre ellas, en el marco de la negociación sobre un gobierno y su programa. Anteponer su protagonismo significaría que no han sido capaces de asimilar los resultados electorales; convencer a Ciudadanos para que sostuviera la primogenitura de Pedro Sánchez es el terreno de la política.

Para los populares es muy cómodo justificar su posición inmovilista si Pedro Sánchez se niega a hablar con Mariano Rajoy, como ha hecho hasta ahora. Hubiera sido mucho más comprometido tener que explicarse frente a una propuesta de programa de gobierno. Era el momento de exigir al PP las reformas y otras formas de afrontar la crisis económica, si de verdad hay ideas viables diferentes sobre ello. Los socialistas habrían tomado la iniciativa en un camino que, casi inevitablemente, tendrán que recorrer muy pronto, salvo que unas nuevas elecciones los hagan prescindibles. Habrían obligado al PP a retratarse. En caso de éxito permitiría afrontar las reformas. En caso de fracaso, recaería sobre los populares la responsabilidad de hacer inviable un gobierno con mayoría parlamentaria, permitiendo a socialistas y Ciudadanos presentarse a las nuevas elecciones con una hoja de servicios intachable. 

Los socialistas se han metido en un callejón sin salida, del que pueden salir mal parados electoralmente y han dejado indemnes el inmovilismo de los populares y la parálisis de su presidente.

Repetir las elecciones es una irresponsabilidad que los partidos tendrían que evitar. Por interés general, aunque eso no parezca estar en el primer plano de las preocupaciones de casi todos ellos, pero también por propio interés particular. Un cambio sustancial del cuadro general parece poco probable y nadie parece exento del riesgo de salir peor parado. Para los partidos y sus líderes es jugar a la ruleta rusa. El problema puede ser que algunos partidos no hayan digerido o no hayan sabido interpretar adecuadamente los resultados electorales y que la probabilidad de supervivencia de algunos líderes políticos se incremente en ese juego a vida o muerte.