29/2/2020
Análisis

Estabilidad y centro de gravedad

La Constitución no dice que cada partido deba proponer al rey como candidato a la Presidencia al cabeza de lista por Madrid ni limita el número de votaciones de investidura

El reciente “Manifiesto a los diputado electos”, publicado por este periódico, ha puesto sobre el tapete unos cuantos objetivos que son los que de verdad nos importan como país y que solo se podrán lograr en condiciones de estabilidad política. Es difícil discrepar de ellos, como también es imposible no coincidir en que no puede haber más elecciones. Sin embargo, queda abierta la cuestión de cómo conseguir esos objetivos. La limitación de la agenda política a los temas esenciales que se proponen en el manifiesto es una de las formas, desde luego. Pero la otra queda sin resolver: ¿quiénes están llamados a conducir ese esencial pero limitado programa?

Esa ausencia no quita un ápice de valor al manifiesto, ya que expresa un rechazo a unas terceras elecciones y hace un llamamiento a la estabilidad para llevar adelante un programa mínimo. Y eso es absolutamente necesario, aunque no sea suficiente. Y no es suficiente porque la estabilidad no se logra solo con nombrar un presidente a base de abstenciones en lugar de votos en contra. La estabilidad consiste en dar una continuidad a la acción de gobierno, y el manifiesto apenas se pronuncia sobre cómo conseguirlo. Sin embargo, ha habido quienes han entendido que eso significa una llamada a la abstención de los socialistas para hacer posible un gobierno presidido por Rajoy. Probablemente, quienes así piensan parten de la idea de que el partido más votado ha ganado las elecciones. Pero tal conclusión es un disparate. En realidad, nadie ha ganado las elecciones; solo se habrán obtenido más o menos escaños. Escaños que sirven para legislar y elegir el presidente del gobierno al que luego ha de controlarse. Pero puede ocurrir que el partido con más escaños no sea capaz de imponer sus leyes o de nombrar un presidente. Así son las cosas en nuestra Carta Magna y la cosa tiene plena lógica.

La llamada a evitar como sea unas terceras elecciones y a tener un gobierno con cierta estabilidad para llevar adelante un programa mínimo, pero esencial, obliga, en mi opinión, a dirigir la mirada allí donde la estabilidad suele residir. De acuerdo con las  leyes de la física, la estabilidad tiene que ver no con los extremos, sino con posiciones que eviten tales extremos. En ese sentido, la posición en uno de los extremos en que se sitúa el PP no le coloca, en principio, en el lugar más idóneo para asegurar la estabilidad a medio plazo entre los partidos de ámbito nacional. Tampoco Podemos parece que tenga las condiciones de idoneidad necesarias para dar estabilidad por la misma razón.

La responsabilidad de Estado va con todos y es también no proponer a quien nadie quiere sin buscar a otro

Otra cosa es que el PP, como partido con más escaños, sea el primero que intente la investidura. En ese trance, un primer problema a añadir a su posición escorada a la derecha es el de su propio candidato. Nuestra Constitución no dice que el representante de cada partido deba proponer al rey como candidato a presidente al diputado que haya concurrido a las elecciones como cabeza de lista por Madrid. El pueblo no es llamado a votar al presidente del gobierno, aunque así se suela entender. La Constitución quiere que sean los diputados, sin mandato imperativo alguno. Como es natural, los diputados de cada partido tienen todo el derecho a proponer al rey su candidato a presidente. Pero eso no significa que los principios democráticos obliguen a los demás a aceptar a ese candidato y a no inclinarse por otro. Los diputados del PP, sin mandato imperativo alguno, tienen pleno derecho a presentar a Rajoy, y los demás diputados, pleno derecho a no estar obligados a aceptarlo.

El artículo 99 de la Constitución ni siquiera exige que el candidato a presidente sea diputado. Lo único que dice es que el rey propondrá un candidato previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos.

Tampoco puede olvidarse que el número de votaciones de investidura no está limitado: podrá haber tantas votaciones como quepan en el periodo de tiempo que transcurra entre  el día de la primera votación y dos meses después. Tampoco está dicho que un mismo partido no pueda presentar más de un candidato de forma sucesiva. Ni siquiera qué plazo tiene que transcurrir entre el rechazo a un candidato y la propuesta del siguiente.

La experiencia de la anterior legislatura comportó un plazo muy largo de negociación, pero eso no es una nueva norma ni tiene por qué ser así en esta nueva legislatura. Eso significa que hay espacio temporal en dos meses para que pudiera haber, en teoría, una sucesión de varios candidatos. Candidatos que, además, pueden ser del mismo partido que el rechazado previamente o de diferentes. Si al final de ese posible proceso de sucesivos intentos de investidura el plazo de dos meses se acercara a su fin, entonces llegará el momento de la responsabilidad de Estado para todos.

Lo que no cabe es que algunos piensen que eso de la responsabilidad de Estado no va con ellos, solo con los demás. La responsabilidad de Estado va también con la propuesta de candidato que cada uno haga, pues en lugar de proponer al que se sabe que nadie quiere, puede buscarse otro distinto; la responsabilidad de Estado va con considerar si va también contra las leyes de la física buscar la estabilidad desde posiciones extremas en el arco parlamentario.

En esa última sesión de investidura en las vísperas de los dos meses, la responsabilidad sigue sin ser cosa de los demás, sino que va con todos y con cada uno. Pero en ese trance final será más fácil para cada uno cumplir definitivamente con la propia responsabilidad evitando una terceras elecciones, si todos han tenido ocasión de definirse y de obligar a los demás a definirse coram populo en ese desarrollo secuencial y reiterado  de la investidura.