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Opinión
La paz imprescindible en Colombia
Las conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla llegan a la etapa más compleja: las víctimas, la justicia transicional y el llamado DDR
Prudencio García
- 23/12/2015
- Número 15
Álvaro Valiño
Desde hace tres años, un acontecimiento histórico está produciéndose a orillas del Caribe: la búsqueda de la ansiada paz en Colombia se está desarrollando trabajosa, pero positivamente, en la capital cubana. Las dos delegaciones oficiales colombianas (la gubernamental y la de la guerrilla) se reúnen repetidamente en La Habana en busca de una paz que, desde hace más de medio siglo, se muestra esquiva y reacia a ser alcanzada en mitad de un sangriento conflicto, el más largo de América.
En su momento tuvimos la satisfacción de acudir a la invitación del Alto Comisionado para la Paz de Colombia para debatir con ambas delegaciones —el Gobierno y las FARC— sobre el proceso de paz en el terreno que nos es propio por experiencias anteriores, y solo relativamente similares, como las de Guatemala y El Salvador: la sociología de las transiciones militares y los procesos de democratización de los ejércitos en aquellas sociedades que han padecido un largo conflicto civil-militar. Igualmente, volvimos a ser invitados a la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, reuniéndonos nuevamente con ambas delegaciones.
La importancia del proceso es obvia y su repercusión internacional fue señalada por el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos, que subrayó cómo, a estas alturas y de cara al futuro, resulta ineludible la liquidación de un conflicto de este tipo, pese a su enrevesada dificultad.
El intento pacificador —precisamente por su muy ambicioso propósito— resulta triplemente problemático y difícil. He aquí el primer obstáculo: su intrínseca complicación. Se pretende nada menos que alcanzar un acuerdo que resuelva problemas tan endemoniadamente erizados como la propiedad de la tierra, la incorporación de la guerrilla al ámbito de las fuerzas políticas legalizadas, el planteamiento, en términos eficaces, del combate contra ese poderoso enemigo que es el narcotráfico, limpiar de minas grandes zonas de terreno y el reconocimiento y debido resarcimiento por parte del Estado a las miles de víctimas del conflicto.
En estos terrenos se han conseguido ya importantes acuerdos. Pero quedan temas tan arduos como la “dejación de las armas”, concepto que la guerrilla distingue enfáticamente, marcando la diferencia entre dejación y entrega, ofreciendo la primera y rechazando la segunda. Finalmente llegará otro paso no precisamente fácil: la incorporación a la vida civil de aquellos que durante años (abarcando a veces toda su vida laboral) conocieron como única herramienta de trabajo el fusil Kalashnikov AK-47. Este bloque de objetivos, cada uno de ellos subdividido en una compleja lista pormenorizada, constituía la endiablada agenda sobre la cual se empezó a conversar, primero secretamente y después con el conocimiento y evidente respaldo mayoritario de la sociedad.
El segundo factor que dificulta considerablemente el actual esfuerzo pacificador es la trágica experiencia histórica precedente, con los amenazadores antecedentes vividos no muchos años atrás. Nadie puede olvidar que el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), inicialmente procedente de la fusión de varios grupos guerrilleros y autodefinido como socialdemócrata, negoció el
También permanece en la memoria colectiva lo ocurrido hace 25 años con los dirigentes de la formación guerrillera M-19. Tras unas negociaciones de un año de duración, en marzo de 1990, en un acto de gran emotividad y repercusión pública, su carismático líder, Carlos Pizarro, entregó simbólica y solemnemente “la última arma” de la guerrilla. A partir de ahí, y lograda la amnistía, se dedicó de lleno con los suyos a la política civil, preparando su candidatura a la presidencia de la república al frente del Movimiento Diecinueve de Abril. Candidatura para la cual los sondeos electorales le señalaban con excelentes expectativas.
Pero Pizarro fue asesinado dentro de un avión, en pleno vuelo comercial, un mes y medio después del mencionado acto de abandono de las armas. Años más tarde se supo que el asesinato de Pizarro fue ordenado por Carlos Castaño, uno de los líderes más criminales de las llamadas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), potentes bandas paramilitares acostumbradas durante décadas a ejecutar los trabajos represivos más infames a las órdenes de —o en estrecha complicidad con— el sector ultraderechista del ejército y de los terratenientes oligarcas.
Con estos trágicos y no tan lejanos antecedentes se comprende que los actuales guerrilleros, sentados hoy a la mesa negociadora en busca de la paz de mañana, sientan sobre sus cabezas la misma amenaza de ayer. Y recuerdan que otras veces sus antecesores negociaron, fueron amnistiados, dejaron las armas y después los masacraron. Tienen sobradas razones históricas para desconfiar. Pero también saben que, pese a todo, tienen que asumir el riesgo de negociar, confiar y cumplir.
Y ahí llega el tercer obstáculo, el más envenenado de todos: el de la justicia. ¿Cómo materializar ese milagro que llamamos justicia transicional? ¿Cómo administrar el grado adecuado de castigo y de impunidad allí donde se han cometido crímenes ignominiosos pero donde, sin embargo, resulta imprescindible la reconciliación de las partes? El analista israelí Shlomo Ben Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, afirma: “No será fácil para los colombianos ver a guerrilleros en el Congreso, pero es un precio que hay que pagar.” Muy cierto: es parte del precio a pagar. Pero discrepamos de su otra apreciación. Los colombianos verán y asumirán esa presencia de exguerrilleros convertidos en parlamentarios con la misma madurez y
Un factor positivo y esperanzador, entre otros, es el acuerdo, alcanzado meses atrás entre el Gobierno y las FARC, para proceder conjuntamente a la limpieza de los campos de minas antipersona, trabajo que será efectuado por una organización noruega especializada en la materia. Una tarea larga, cara, arriesgada y difícil como pocas, para la cual será especialmente beneficiosa la información proporcionada por ambas partes.
Santos, captando sin embargo la persistente dificultad objetiva de su empeño, afirma: “Hemos llegado más lejos que nunca, pero también es cierto que estamos entrando en la etapa más compleja, los puntos que abordan el tema de las víctimas, la justicia transicional y el llamado DDR: desarme, desmovilización y reintegración. Son temas difíciles, sin duda. Pero si persiste la voluntad de negociación, como ha sucedido hasta ahora, confío en que también lograremos resultados satisfactorios”, asume con realismo el presidente. Pues bien: afortunadamente, las FARC participan de esa misma firme voluntad señalada por el mandatario. Conocen los riesgos y obstáculos, pero ahí están. El jefe del equipo negociador de la guerrilla, el comandante Iván Márquez, al presentar ante la prensa a un nuevo contingente de mandos recién llegados a La Habana para reanudar la negociación, dijo a los periodistas: “Aquí estamos los guerrilleros de las FARC con toda nuestra artillería política, resueltos a jugárnosla por la paz de Colombia”. Y añadió enérgicamente: “La voluntad de paz de la guerrilla es tan alta como nuestras cordilleras.”
En su momento tuvimos la satisfacción de acudir a la invitación del Alto Comisionado para la Paz de Colombia para debatir con ambas delegaciones —el Gobierno y las FARC— sobre el proceso de paz en el terreno que nos es propio por experiencias anteriores, y solo relativamente similares, como las de Guatemala y El Salvador: la sociología de las transiciones militares y los procesos de democratización de los ejércitos en aquellas sociedades que han padecido un largo conflicto civil-militar. Igualmente, volvimos a ser invitados a la Subcomisión Técnica para el Fin del Conflicto, reuniéndonos nuevamente con ambas delegaciones.
La importancia del proceso es obvia y su repercusión internacional fue señalada por el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos, que subrayó cómo, a estas alturas y de cara al futuro, resulta ineludible la liquidación de un conflicto de este tipo, pese a su enrevesada dificultad.
El intento pacificador —precisamente por su muy ambicioso propósito— resulta triplemente problemático y difícil. He aquí el primer obstáculo: su intrínseca complicación. Se pretende nada menos que alcanzar un acuerdo que resuelva problemas tan endemoniadamente erizados como la propiedad de la tierra, la incorporación de la guerrilla al ámbito de las fuerzas políticas legalizadas, el planteamiento, en términos eficaces, del combate contra ese poderoso enemigo que es el narcotráfico, limpiar de minas grandes zonas de terreno y el reconocimiento y debido resarcimiento por parte del Estado a las miles de víctimas del conflicto.
En estos terrenos se han conseguido ya importantes acuerdos. Pero quedan temas tan arduos como la “dejación de las armas”, concepto que la guerrilla distingue enfáticamente, marcando la diferencia entre dejación y entrega, ofreciendo la primera y rechazando la segunda. Finalmente llegará otro paso no precisamente fácil: la incorporación a la vida civil de aquellos que durante años (abarcando a veces toda su vida laboral) conocieron como única herramienta de trabajo el fusil Kalashnikov AK-47. Este bloque de objetivos, cada uno de ellos subdividido en una compleja lista pormenorizada, constituía la endiablada agenda sobre la cual se empezó a conversar, primero secretamente y después con el conocimiento y evidente respaldo mayoritario de la sociedad.
El segundo factor que dificulta considerablemente el actual esfuerzo pacificador es la trágica experiencia histórica precedente, con los amenazadores antecedentes vividos no muchos años atrás. Nadie puede olvidar que el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), inicialmente procedente de la fusión de varios grupos guerrilleros y autodefinido como socialdemócrata, negoció el
fin de la lucha y la firma de la paz. Pero entonces sus exmilitantes empezaron a ser sistemáticamente exterminados. Entre 1987 y 1994 miles de miembros de la UP fueron asesinados, incluyendo sus más destacados representantes, entre ellos numerosos diputados, senadores, concejales, alcaldes e incluso dos candidatos presidenciales. En total, entre 3.500 y 5.000 militantes de la UP fueron eliminados, sometidos a una caza implacable perpetrada por grupos paramilitares pero también por elementos del ejército y de los cuerpos de seguridad. Otro considerable número de sus miembros solo pudieron salvarse buscando el exilio y huyendo del país.Las FARC distinguen entre dejación y entrega de las armas, ofreciendo la primera y rechazando la segunda
También permanece en la memoria colectiva lo ocurrido hace 25 años con los dirigentes de la formación guerrillera M-19. Tras unas negociaciones de un año de duración, en marzo de 1990, en un acto de gran emotividad y repercusión pública, su carismático líder, Carlos Pizarro, entregó simbólica y solemnemente “la última arma” de la guerrilla. A partir de ahí, y lograda la amnistía, se dedicó de lleno con los suyos a la política civil, preparando su candidatura a la presidencia de la república al frente del Movimiento Diecinueve de Abril. Candidatura para la cual los sondeos electorales le señalaban con excelentes expectativas.
Pero Pizarro fue asesinado dentro de un avión, en pleno vuelo comercial, un mes y medio después del mencionado acto de abandono de las armas. Años más tarde se supo que el asesinato de Pizarro fue ordenado por Carlos Castaño, uno de los líderes más criminales de las llamadas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), potentes bandas paramilitares acostumbradas durante décadas a ejecutar los trabajos represivos más infames a las órdenes de —o en estrecha complicidad con— el sector ultraderechista del ejército y de los terratenientes oligarcas.
Con estos trágicos y no tan lejanos antecedentes se comprende que los actuales guerrilleros, sentados hoy a la mesa negociadora en busca de la paz de mañana, sientan sobre sus cabezas la misma amenaza de ayer. Y recuerdan que otras veces sus antecesores negociaron, fueron amnistiados, dejaron las armas y después los masacraron. Tienen sobradas razones históricas para desconfiar. Pero también saben que, pese a todo, tienen que asumir el riesgo de negociar, confiar y cumplir.
Y ahí llega el tercer obstáculo, el más envenenado de todos: el de la justicia. ¿Cómo materializar ese milagro que llamamos justicia transicional? ¿Cómo administrar el grado adecuado de castigo y de impunidad allí donde se han cometido crímenes ignominiosos pero donde, sin embargo, resulta imprescindible la reconciliación de las partes? El analista israelí Shlomo Ben Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, afirma: “No será fácil para los colombianos ver a guerrilleros en el Congreso, pero es un precio que hay que pagar.” Muy cierto: es parte del precio a pagar. Pero discrepamos de su otra apreciación. Los colombianos verán y asumirán esa presencia de exguerrilleros convertidos en parlamentarios con la misma madurez y
realismo con que los salvadoreños vieron a antiguos comandantes del FMLN convertirse en miembros de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano; igual que los argentinos vieron en su momento a la antigua montonera Nilda Garré convertida en ministra de Defensa; igual que los brasileños contemplaron a la exguerrillera Dilma Rousseff llegar a la máxima magistratura de la república; y como los uruguayos vieron al viejo tupamaro José Mujica convertido no solo en político relevante sino en presidente de la nación. Que nadie lo dude: también los colombianos serán capaces de ver lo que haya que ver y de asumir lo que haya que asumir.“No será fácil para los colombianos ver a guerrilleros en el Congreso, pero es un precio a pagar”
Un factor positivo y esperanzador, entre otros, es el acuerdo, alcanzado meses atrás entre el Gobierno y las FARC, para proceder conjuntamente a la limpieza de los campos de minas antipersona, trabajo que será efectuado por una organización noruega especializada en la materia. Una tarea larga, cara, arriesgada y difícil como pocas, para la cual será especialmente beneficiosa la información proporcionada por ambas partes.
Santos, captando sin embargo la persistente dificultad objetiva de su empeño, afirma: “Hemos llegado más lejos que nunca, pero también es cierto que estamos entrando en la etapa más compleja, los puntos que abordan el tema de las víctimas, la justicia transicional y el llamado DDR: desarme, desmovilización y reintegración. Son temas difíciles, sin duda. Pero si persiste la voluntad de negociación, como ha sucedido hasta ahora, confío en que también lograremos resultados satisfactorios”, asume con realismo el presidente. Pues bien: afortunadamente, las FARC participan de esa misma firme voluntad señalada por el mandatario. Conocen los riesgos y obstáculos, pero ahí están. El jefe del equipo negociador de la guerrilla, el comandante Iván Márquez, al presentar ante la prensa a un nuevo contingente de mandos recién llegados a La Habana para reanudar la negociación, dijo a los periodistas: “Aquí estamos los guerrilleros de las FARC con toda nuestra artillería política, resueltos a jugárnosla por la paz de Colombia”. Y añadió enérgicamente: “La voluntad de paz de la guerrilla es tan alta como nuestras cordilleras.”