18/6/2019
Política

Los gestores del Congreso y el Senado

Radiografía de los altos cuerpos de la Administración. Cuarto capítulo: letrados de las Cortes

Carlos Larroy - 29/01/2016 - Número 19
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Los gestores del Congreso y el Senado
Mikel Jaso

Los letrados de las Cortes son un cuerpo de altos funcionarios situado fuera de la Administración del Estado e integrado en el Congreso y el Senado. Sus tareas incluyen el área parlamentaria, centrada en señalar a diputados y senadores posibles defectos de forma en futuras leyes y alertarles de contradicciones con normas ya vigentes, y el área administrativa, que se ocupa de la gestión presupuestaria, de los recursos humanos de las cámaras e incluso de la supervisión de los gastos en viajes de los parlamentarios. El cuerpo se creó en las Cortes de Cádiz y ha contado con figuras como el escritor Francisco Ayala y servido de sala de espera para personas que pasaron después a la política o fueron padres de la actual Constitución, caso de Manuel Fraga o de José Pedro Pérez-Llorca.

Su labor de asesores independientes está centrada en el ámbito jurídico sin entrar en consideraciones sobre el contenido político de las leyes. Durante la Transición, los letrados cumplieron una función relevante por su condición de expertos en derecho constitucional, de los que había escasez. Pero su papel se redujo a principios de los 80 cuando los grupos parlamentarios contrataron a su propio personal de confianza (solo en el Congreso hay 205 asesores de partidos, según su portal de transparencia). “La independencia de los letrados no se aprecia tanto como antes. Y es una pena porque un letrado siempre va a ser mucho más sincero con un parlamentario que alguien cuyo sueldo depende de su afinidad a un partido político”, señala el antiguo letrado Juan Alfonso Santamaría Pastor. En ese sentido, recuerda un informe que elaboró a principios de los 80 dando aviso de que un proyecto de ley contenía “dos o tres anticonstitucionalidades flagrantes”. Aviso que fue desatendido hasta que el Constitucional acabó declarando nula parte de esa ley.

Santamaría Pastor lamenta esta pérdida de peso y remarca que esto hace que algunos letrados, dados los conocimientos que poseen, se sientan “infrautilizados” en el área parlamentaria. Sin embargo, la mayor parte de sus compañeros en activo asegura que, aunque es verdad que su importancia se ha reducido, los diputados siguen teniendo en cuenta sus informes. Y añaden que ello depende del talante de cada parlamentario, de la reputación que el letrado se haya ganado y del interés que tenga un gobierno en que la ley salga aprobada sin cambios.

Viajes de los diputados

Sin embargo, el peso que han perdido en el asesoramiento jurídico lo han ido ganando en el área administrativa hasta tal punto que se han convertido en los auténticos gestores de las Cortes. Algunos diputados y parte de los sindicatos consideran que estas competencias que los letrados han ido adquiriendo no deberían corresponderles porque entienden que su formación solo les faculta para el asesoramiento jurídico y en ningún caso para llevar las cuentas de las Cortes o contratar personal. La supervisión de los gastos en viajes de los parlamentarios cobra aquí especial relevancia. Son ellos quienes en última instancia dan el visto bueno a los desplazamientos. Pero una letrada en activo comenta que carecen de capacidad para decirle a un diputado que prescinda de hacer un viaje. “Puedes indicarle que sería más rentable una videoconferencia. Pero la decisión siempre es del parlamentario porque nuestros informes nunca son vinculantes, aunque al menos quedan por escrito”, apunta. Según Transparencia, el Congreso gastó 3,12 millones en sufragar viajes de diputados entre enero y septiembre de 2015. Es decir, casi 9.000 euros por persona.

Supervisan los gastos de los viajes parlamentarios, pero no pueden impedirlos o desaconsejarlos

El cuerpo de letrados está formado por 74 funcionarios, de los cuales 56 están en activo y 18 en excedencia. Las dos primeras mujeres ingresaron en 1981: Rosa Ripollés y Piedad García-Escudero. Hoy hay 22 mujeres, un 40% de los activos.

A la cabeza de los letrados están el secretario general del Congreso —que a la vez lo es de las Cortes— y el secretario general del Senado. Ambos son letrados elegidos por la Mesa de cada una de las cámaras al comienzo de la legislatura. Cada secretario general cuenta con un equipo de letrados compuesto por dos secretarios generales adjuntos (uno para asuntos administrativos y otro para parlamentarios) y alrededor de una decena de direcciones (de asistencia, de relaciones internacionales, de infraestructuras...). Los secretarios generales cubren estos puestos por decisión discrecional, si bien el nombramiento debe ser aprobado por la Mesa, la cual rara vez usa su derecho a veto.

Oposición sin periodicidad fija

Para ingresar en el cuerpo es necesario ser licenciado en Derecho y superar una oposición que de promedio lleva preparar entre cuatro y seis años. Ello depende de cuándo se convoque ya que, aunque suele salir una por legislatura, carece de periodicidad fija. De ahí que muchos hablen de que esta es una oposición de “una sola bala” y que los estudiantes suelan contar con un plan B por si no pasan.

El más habitual es opositar a los cuerpos de letrados de los parlamentos autonómicos, algunos de los cuales suelen convocar plazas justo después del Parlamento estatal, como ha sucedido en la Asamblea de Madrid. El problema es que los parlamentos autonómicos tienen efectivos más reducidos y apenas ofrecen dos o tres plazas, según indica el presidente de la Asociación Profesional de Letrados de las Cortes, Manuel Delgado-Iribarren, quien apunta que están peleando para que la oposición de las Cortes tenga una periodicidad fija y desaparezca así la incertidumbre y aumente el número de estudiantes.

Los opositores deben elaborar los 450 temas de forma artesanal porque no hay academias y los preparadores tampoco facilitan el material y se limitan a brindar consejos y bibliografía. Los temas son sobre todo de derecho, aunque también hay de historia y teoría política. A esta dificultad añadida se le suma que la oposición se celebra en apenas dos meses, durante los cuales han de comparecer a cuatro pruebas, todas ellas eliminatorias.

En la primera deben redactar dos temas, elegidos por sorteo, en un tiempo máximo de cuatro horas cada uno. La segunda prueba consiste en recitar nueve temas en una hora y media. La siguiente es una práctica en la que deben resolver un problema jurídico-político. Disponen de ocho horas con un pausa en la que almuerzan con el tribunal. La presidencia del mismo está atribuida al presidente del Congreso o del Senado y como vocales figuran un diputado, un senador, los secretarios generales de ambas cámaras y un catedrático. La cuarta y última prueba es de idiomas. Deben elegir dos por orden de preferencia entre inglés, alemán y francés. Esta prueba consiste en traducir al español un texto jurídico o de actualidad política escrito en el primer idioma escogido y luego mantener una conversación con el tribunal en dicha lengua sobre su contenido. Con el segundo idioma también han de hacer una traducción, pero sin prueba oral posterior.

Abogados por la tarde

Según fuentes de la administración parlamentaria, los recién ingresados cobran unos 72.000 euros brutos al año. Esta remuneración sube al alcanzar puestos más altos: un director ronda los 100.000, un secretario adjunto está cerca de los 110.000 y los secretarios generales cobran 130.000. En general, los letrados opinan que están bien pagados en comparación con la actual coyuntura económica, pero “bastante mal” con respecto a lo que les ofrecen las empresas: aseguran que les pueden poner encima de la mesa sueldos que fácilmente duplican su retribución en las Cortes. Esta es la principal razón por la que hay letrados que solicitan la excedencia (hay 7 excedentes de 74 en la empresa privada), aunque se cuentan otros muchos factores como el interés que supone una experiencia laboral distinta o la escasa movilidad que hay dentro de las cámaras. Un ejemplo de este salto a empresas es Salvador Montejo, quien fue secretario general del consejo de Endesa desde la época de Rodolfo Martín Villa (finales de los 90) hasta julio del año pasado. Ahora es patrono de la Fundación Endesa.

Pero la controversia mayor de este cuerpo está en las compatibilidades reconocidas para el ejercicio de actividades privadas. Un letrado, siempre y cuando solicite la media jornada en las Cortes, queda facultado a incorporarse a un despacho de abogados o a ejercer cualquier otra profesión a menos que esa actividad suscite conflicto de intereses con su labor parlamentaria. A estos funcionarios se les denomina en el argot “letrados de media” y su trabajo en las Cortes se restringe a prestar asesoramiento en una o dos comisiones legislativas. En la actualidad hay 10 letrados de media. Algunos consideran benificiosas estas compatibilidades porque permiten salir del micromundo parlamentario y sumar experiencias complementarias. Pero otros estiman que generan mala imagen y creen que debería optarse entre la función pública o la actividad privada.

Si solicitan la media jornada en las Cortes, pueden también trabajar en la abogacía u otra profesión

Los letrados reconocen la inexistencia de estas compatibilidades en otros parlamentos europeos, salvo contadas excepciones como la de Italia. “Lo que pasa es que si ahora se prohibieran, seguramente gran parte de esos 10 letrados solicitarían la excedencia”, apunta Delgado-Iribarren, quien subraya que el número de letrados de media se ha reducido notablemente. Décadas atrás, había incluso funcionarios que eran abogados del Estado por la mañana y letrados por la tarde, algo que ahora está prohibido. “Este es un problema que existe en otros muchos cuerpos —apunta Santamaría Pastor—. Es la alternativa diabólica de la Administración: como no les puede pagar lo que les ofrece el mercado, la única solución para que no se marchen es dejarles que también trabajen fuera”.

El horario laboral de los letrados depende del puesto que ocupen. Por un lado, los que ejercen una dirección especialmente administrativa tienen una jornada más funcionarial y suelen entrar a las 9 y salir a las 7 de la tarde con una pausa para comer. Por otro, los letrados que solo asesoran en comisiones gozan de mayor flexibilidad. Pero remarcan que eso significa que igual que un día pueden salir antes porque han terminado su labor, otros, como cuando se debaten los presupuestos, pueden estar hasta pasada la medianoche. Es decir, se adaptan a la vida parlamentaria. Diputados, letrados y sindicatos consultados aseguran que el cumplimiento horario del personal es “excelente en general” pese a que los funcionarios no tienen que fichar.

Los únicos que reciben críticas desde una parte de los sindicatos son precisamente los letrados con una actividad privada, de los que denuncian que, aunque deberían estar media jornada en las cámaras, “solo vienen los días que tienen comisión”. Sin embargo, los letrados piden que no se haga “demagogia”, ya que entienden que “lo importante es que el trabajo se haga rápido y bien, y no que el letrado de media esté todas las mañanas en su despacho”.

Salto a la política

No obstante, los letrados se pasan más a la política que a las empresas (11 frente 7). Dentro del actual Gobierno en funciones están, por ejemplo, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez; el director de Relaciones con las Cortes, Ignacio Carbajal; y la delegada para Violencia de Género, Blanca Hernández. En este punto, los letrados prefieren distinguir entre los que se pasan al gobierno temporalmente para hacer una función “más institucional que política” —Carbajal y Hernández son los más mentados— y los que dan el paso para luego quedarse. En este sentido, cabe mencionar a Ignacio Astarloa, quien formó parte de los gobiernos de José María Aznar y ahora trabaja en FAES y es presidente del Consejo Consultivo de Madrid, o el histórico diputado del PSOE Diego López-Garrido. También era letrado de las Cortes, ahora jubilado, José María Gil-Robles y Gil-Delgado (PP), quien fue presidente del Parlamento Europeo. En la actualidad, en otras instituciones están, por ejemplo, Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y Fabio Pascua, secretario general de la CNMV.

Este paso a la política es llamativo porque su trabajo en Cortes debe guiarse por la independencia y no parece que entrar en un gobierno sea la mejor forma de conservarla. Todos los letrados consultados, no obstante, aseguran que quienes se marchan a la política lo hacen más por la relación personal y profesional que se crea con los parlamentarios cuando coinciden en las comisiones que por afinidad partidista. Y añaden que si un letrado reingresa después de haber hecho un trabajo muy político, los secretarios generales suelen destinarlos al principio a comisiones de menor relevancia. De todas formas, en el cuerpo sí hay un cierto debate sobre si debería prohibirse que un letrado en activo pueda afiliarse a un partido. Benigno Pendás considera que no: “Debemos ser muy rigurosos con la imparcialidad dentro de las Cortes. Pero fuera de ahí todos somos ciudadanos”. Delgado-Iribarren, por su parte, cree que prohibirlo sería anticonstitucional. Pero considera que un letrado no debería estar afiliado: “No es porque no pueda ejercer una función neutral, que sin duda puede, sino por la imagen”.