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Política
Un prodigioso caso aparte
Radiografía de los altos cuerpos de la Administración. Tercer capítulo: registradores de la propiedad
Carlos Larroy
- 18/12/2015
- Número 14
MIKEL JASO
Los registradores son un híbrido de funcionario y empresario que combina lo mejor de los dos mundos. Como empleados públicos dependen del Ministerio de Justicia. Pero en vez de recibir una remuneración a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, sus ingresos provienen de los aranceles que los usuarios han de pagarles por solicitar información, inscribir propiedades o hipotecarlas. Además, estos funcionarios disponen de una enorme autonomía para gestionar el registro del que son titulares como un negocio particular. Para empezar, pueden contratar o despedir libremente a los empleados que trabajan para ellos. Pero además gozan de una ventaja diferencial respecto al empresario porque no tienen competidor alguno. En efecto, los registradores ejercen su función en régimen de monopolio dentro de la demarcación que corresponde a su registro, al que el ciudadano ha de acudir sin posibilidad de elección.
Diversas asociaciones de consumidores y algunos grupos parlamentarios han criticado en repetidas ocasiones que los ciudadanos quedan reducidos a la condición de “clientes cautivos” como consecuencia de las mencionadas exclusivas territoriales. Además, aseguran que el actual sistema retributivo de estos funcionarios “no tiene parangón en el resto de la Unión Europea”. Es por ello que Izquierda Unida ha planteado durante los últimos años diversas proposiciones no de ley para acabar con los que consideran “privilegios” de este cuerpo. La más completa, de 2011, proponía que los registradores pasaran a cobrar un sueldo al igual que el resto de los funcionarios y que el beneficio neto de todas las oficinas —que IU cuantificó entonces en unos 1.000 millones anuales— revirtiera en las arcas del Estado. Tanto el PP como el PSOE rechazaron la aludida proposición no de ley. Por su parte, los registradores aducen que el actual modelo es de coste cero para el Estado y que, al carecer de competidores, pueden actuar de modo independiente en la aplicación del derecho.
Registradores consultados señalan que muchos vieron entonces esa encomienda como una prueba piloto para que después el cuerpo se hiciera cargo del Registro Civil, una reforma que el PP llegó a aprobar, pero que luego pospuso por las críticas de diversos colectivos y la propia división de los registradores. La llegada de una nueva Junta de Gobierno en 2013, contraria a hacerse cargo del Registro Civil en los términos planteados por el Ejecutivo, precipitó meses después la dimisión del director general de Registros, Joaquín Rodríguez. El Gobierno había dispuesto que el cuerpo se hiciera cargo del Registro Civil sin que hubiera detrás financiación pública y con la promesa de que tampoco se iba a cobrar a los usuarios, lo que hizo que no fueran pocas las voces que denunciaran que esta reforma iba a conllevar la privatización posterior del Registro Civil mediante la imposición de aranceles. En cualquier caso, la reforma está paralizada y será el próximo gobierno el que decida en qué queda todo.
Para convertirse en registrador es necesario ser licenciado o graduado en Derecho y superar una oposición con un nivel de dificultad comparable al de un abogado del Estado o un letrado de las Cortes. Tradicionalmente, el promedio dedicado al estudio para prepararlas estaba entre los cuatro y los seis años, pero los registradores recién ingresados apuntan que esa media está ahora en siete. Las mismas fuentes señalan que esto no se debe a que haya aumentado su complejidad (siguen siendo unos 370 temas de Derecho) sino a que el número de candidatos ha crecido en los últimos años, algo que entienden que se debe a la crisis: los licenciados en Derecho, al igual que ocurre en otras carreras, no están tan demandados en el sector privado como antes.
La oposición suele convocarse cada dos años y consta de cuatro ejercicios eliminatorios que se celebran en un plazo de año y medio. El primero consiste en recitar durante una hora cinco temas asignados por sorteo (tres de Derecho Civil, uno de Mercantil y uno de Administrativo o Procesal). En el segundo se sortean otros cinco temas (tres de Derecho Hipotecario, uno de Fiscal y otro de Notarial). El opositor dispone de apenas cinco minutos, una vez se ha efectuado el sorteo, para apuntar todo aquello que crea conveniente para organizar su exposición. En el tercer ejercicio, el candidato recibe un documento público (ya sea judicial, administrativo o notarial) que debe calificar registralmente en un plazo máximo de seis horas. Y el cuarto también dura seis horas y consiste en liquidar un impuesto y proceder después a redactar el correspondiente asiento. A diferencia de otras oposiciones, como las de técnicos comerciales o las de letrados de las Cortes, los registradores están exentos de la prueba de idiomas.
La provisión de los registros entre los ingresados en el cuerpo se hace mediante un concurso que utiliza como criterio el escalafón. Es decir, la antigüedad es el único mérito que computa para ascender a los registros que producen más beneficios o que son más deseados por razones de su ubicación próxima a la residencia del aspirante. Se suelen celebrar cuatro concursos al año para atribuir las vacantes, de forma que los nuevos funcionarios pasan a ser titulares de su primer registro un par de meses después ingresar.
El Colegio además es el principal accionista de la empresa Inversiones Inmobiliarias CRE. Según consta en el depósito de cuentas de 2014, esta sociedad tiene un activo de 72 millones en inversiones millonarias. La empresa se encuentra en una delicada situación económica después de construir una nueva sede para los registros de Madrid, en la calle de Alcalá número 540, que costó 151 millones. Inaugurada oficialmente en 2011, su valor de mercado es ahora de 59 debido a la crisis inmobiliaria. Esta obra no estuvo exenta de polémica, ya que fue edificada sobre suelo calificado como industrial en el Plan General de Ordenación Urbana. El Colegio agradeció en una circular del 21 de junio de 2010 las labores del registrador José Antonio Utrera, cuñado de Alberto Ruiz-Gallardón: “Gracias a sus gestiones, tenemos al fin la licencia de funcionamiento del nuevo edificio de Madrid”, señalaba la circular. El Colegio optó por no participar en este reportaje.
Registradores consultados culpan de la existencia de estos 115 registros vacantes a las nuevas demarcaciones aprobadas por el PSOE en 2007 y que implicaron la creación de unos 300 registros nuevos. Además, defienden que los registros atendidos en régimen de interinidad tienen poca relevancia —de ahí que estén vacantes—, por lo que estiman que las ganancias agregadas por ese segundo puesto son limitadas.
Fuentes cercanas al cuerpo señalan que los beneficios netos de un titular de un registro con una actividad media superan los 300.000 euros al año. Solo una pequeña parte de los registradores consultados confirman dicha cifra, mientras que la mayoría asegura que sus ganancias apenas rebasan la remuneración de un abogado del Estado, es decir, entre 80.000 y 100.000 euros brutos al año. Si así fuera, sería incomprensible que el 40% de los abogados del Estado haya tomado la puerta giratoria para pasarse a la empresa privada en busca de mejores sueldos mientras que en el Cuerpo de Registradores ni el 2% ha dado este paso: solo 17 del total de 1.096 funcionarios figuran en excedencia.
Responsables del último gobierno socialista apuntan que la nueva demarcación registral aprobada en 2007 tenía entre otros objetivos dividir en dos aquellas demarcaciones cuyo beneficio neto superara los 1,5 millones de euros anuales, de los que el titular se llevaba el 60%. Las mismas fuentes añaden que gran parte de ellos se segregaron por esta razón, si bien recuerdan que por entonces se estaba en pleno boom inmobiliario y los ingresos eran más cuantiosos. Precisamente, con la excusa de la caída de la actividad económica, el PP decidió aplazar la creación de al menos 122 de los 300 nuevos registros que el PSOE creó en la mencionada demarcación de 2007.
Diversas asociaciones de consumidores y algunos grupos parlamentarios han criticado en repetidas ocasiones que los ciudadanos quedan reducidos a la condición de “clientes cautivos” como consecuencia de las mencionadas exclusivas territoriales. Además, aseguran que el actual sistema retributivo de estos funcionarios “no tiene parangón en el resto de la Unión Europea”. Es por ello que Izquierda Unida ha planteado durante los últimos años diversas proposiciones no de ley para acabar con los que consideran “privilegios” de este cuerpo. La más completa, de 2011, proponía que los registradores pasaran a cobrar un sueldo al igual que el resto de los funcionarios y que el beneficio neto de todas las oficinas —que IU cuantificó entonces en unos 1.000 millones anuales— revirtiera en las arcas del Estado. Tanto el PP como el PSOE rechazaron la aludida proposición no de ley. Por su parte, los registradores aducen que el actual modelo es de coste cero para el Estado y que, al carecer de competidores, pueden actuar de modo independiente en la aplicación del derecho.
El PP y el Registro Civil
Tras su victoria en las elecciones generales de 2011, el PP, lejos de reformar el actual modelo, ha dado más poder a los registradores. Hay que recordar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue siendo titular del registro de la propiedad de Santa Pola. Casualmente apenas seis meses después de llegar a La Moncloa, el Ejecutivo encomendó a a los registradores la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia para aliviar el atasco de los registros civiles. Unas labores por las que se aseguró que no iban a cobrar nada, pero que han acabado con el Estado transfiriendo cuatro millones al Colegio de Registradores por el medio millón de expedientes tramitados.Por el camino hubo una fuerte polémica, ya que el Gobierno pactó con la anterior Junta de Gobierno del Colegio el pago de 5,1 millones a la empresa Futuver por la creación de un programa informático para gestionar los expedientes. Una decisión muy criticada por gran parte del cuerpo y también la nueva Junta que surgió de las elecciones de 2013, dado que el Colegio dispone precisamente de un servicio informático para estas labores. Además, luego se descubrió que el coste del software estuvo muy por encima del precio real de mercado.Ejercen su función en monopolio, en un registro al que los ciudadanos deben acudir sin elección
Registradores consultados señalan que muchos vieron entonces esa encomienda como una prueba piloto para que después el cuerpo se hiciera cargo del Registro Civil, una reforma que el PP llegó a aprobar, pero que luego pospuso por las críticas de diversos colectivos y la propia división de los registradores. La llegada de una nueva Junta de Gobierno en 2013, contraria a hacerse cargo del Registro Civil en los términos planteados por el Ejecutivo, precipitó meses después la dimisión del director general de Registros, Joaquín Rodríguez. El Gobierno había dispuesto que el cuerpo se hiciera cargo del Registro Civil sin que hubiera detrás financiación pública y con la promesa de que tampoco se iba a cobrar a los usuarios, lo que hizo que no fueran pocas las voces que denunciaran que esta reforma iba a conllevar la privatización posterior del Registro Civil mediante la imposición de aranceles. En cualquier caso, la reforma está paralizada y será el próximo gobierno el que decida en qué queda todo.
Siete años de estudio
La oposición suele convocarse cada dos años y consta de cuatro ejercicios eliminatorios que se celebran en un plazo de año y medio. El primero consiste en recitar durante una hora cinco temas asignados por sorteo (tres de Derecho Civil, uno de Mercantil y uno de Administrativo o Procesal). En el segundo se sortean otros cinco temas (tres de Derecho Hipotecario, uno de Fiscal y otro de Notarial). El opositor dispone de apenas cinco minutos, una vez se ha efectuado el sorteo, para apuntar todo aquello que crea conveniente para organizar su exposición. En el tercer ejercicio, el candidato recibe un documento público (ya sea judicial, administrativo o notarial) que debe calificar registralmente en un plazo máximo de seis horas. Y el cuarto también dura seis horas y consiste en liquidar un impuesto y proceder después a redactar el correspondiente asiento. A diferencia de otras oposiciones, como las de técnicos comerciales o las de letrados de las Cortes, los registradores están exentos de la prueba de idiomas.
La provisión de los registros entre los ingresados en el cuerpo se hace mediante un concurso que utiliza como criterio el escalafón. Es decir, la antigüedad es el único mérito que computa para ascender a los registros que producen más beneficios o que son más deseados por razones de su ubicación próxima a la residencia del aspirante. Se suelen celebrar cuatro concursos al año para atribuir las vacantes, de forma que los nuevos funcionarios pasan a ser titulares de su primer registro un par de meses después ingresar.
El Colegio como lobby
Según el Ministerio de Justicia, España tiene en la actualidad 1.194 oficinas en las que trabajan 1.096 registradores. De ahí que 115 registradores hayan de ser, además de titulares de su propia oficina, atendedores de otro registro, del que también se llevan un porcentaje de los beneficios. Las asignaciones de esas interinidades se hacen conforme a un cuadro de sustituciones aprobado por resolución de la Dirección General en el que se determina a quién corresponde en cada caso la llevanza de los registros que carecieran de titular o cuyo responsable estuviera dispensado de atenderlo, por ejemplo, por una excedencia. Expertos en Derecho Administrativo consultados por AHORA dudan de que la percepción de ingresos simultáneos de dos registros se ajuste a la legalidad. Estiman que podría colisionar con la Ley de Incompatibilidades de 1984, cuyo primer artículo prohíbe a los funcionarios percibir dos sueldos públicos, ya sea con cargo a los presupuestos de las administraciones o mediante arancel, como es el caso considerado de los registradores.Preservar el poder
Otra incógnita pendiente de averiguar es por qué el Gobierno se abstiene de convocar plazas en número suficiente que hiciera posible cubrir con un titular los registros vacantes, habida cuenta de que sería sin coste alguno para las arcas del Estado, dado que sus retribuciones son ajenas a los presupuestos. La duda se despeja consultando los artículos 277 de la Ley Hipotecaria y 504 del Reglamento Hipotecario, que establecen que las plazas convocadas, con independencia de cuáles sean las necesidades, nunca pueden rebasar las 50 cada dos años. Registradores consultados aseguran que se procede así en aras de garantizar el mayor nivel de los que acceden al cuerpo. Pero llama la atención que el numerus clausus se mantenga incluso cuando el número de aspirantes por plaza ha incrementado la competencia de tal manera que el promedio de años dedicados a la preparación se ha elevado a siete.Otras fuentes quieren vincular el origen de esas limitaciones con el intento de preservar el poder y los fondos de que se nutre el Colegio de Registradores. En efecto, el artículo 72 del Estatuto del Colegio de Registradores establece que los beneficios netos que obtengan los registros atendidos por un interino han de dividirse a partes iguales entre el interino y el propio Colegio. De ahí que el presupuesto que allega esa institución integrada por poco más de mil registradores alcanzara los 83 millones en 2011, según estimaba la mencionada proposición no de ley de IU. Políticos que han ocupado altos cargos de responsabilidad en sucesivos gobiernos reconocen que el poder del Colegio desplegado como un lobby o grupo de presión es “abrumador”.La antigüedad es el único mérito para ascender a registros que producen más beneficios
El Colegio además es el principal accionista de la empresa Inversiones Inmobiliarias CRE. Según consta en el depósito de cuentas de 2014, esta sociedad tiene un activo de 72 millones en inversiones millonarias. La empresa se encuentra en una delicada situación económica después de construir una nueva sede para los registros de Madrid, en la calle de Alcalá número 540, que costó 151 millones. Inaugurada oficialmente en 2011, su valor de mercado es ahora de 59 debido a la crisis inmobiliaria. Esta obra no estuvo exenta de polémica, ya que fue edificada sobre suelo calificado como industrial en el Plan General de Ordenación Urbana. El Colegio agradeció en una circular del 21 de junio de 2010 las labores del registrador José Antonio Utrera, cuñado de Alberto Ruiz-Gallardón: “Gracias a sus gestiones, tenemos al fin la licencia de funcionamiento del nuevo edificio de Madrid”, señalaba la circular. El Colegio optó por no participar en este reportaje.
Registradores consultados culpan de la existencia de estos 115 registros vacantes a las nuevas demarcaciones aprobadas por el PSOE en 2007 y que implicaron la creación de unos 300 registros nuevos. Además, defienden que los registros atendidos en régimen de interinidad tienen poca relevancia —de ahí que estén vacantes—, por lo que estiman que las ganancias agregadas por ese segundo puesto son limitadas.
Lo que cobran
Los beneficios netos que la explotación de un registro supone para su titular son un arcano indescifrable. Tan solo consta cómo se reparte el total obtenido por la oficina: el titular se queda con el 60% y el otro 40% se reparte entre los empleados de acuerdo con el convenio colectivo. Pero ni el Ministerio de Justicia ni el Colegio facilitan datos sobre los ingresos netos medios de los registradores con la excusa de que varían mucho según la actividad de cada oficina. Los registradores consultados aseguran que la recaudación ha caído a la mitad por la crisis inmobiliaria, pero rehúsan concretar cifras. Otras fuentes niegan que la merma tenga esa proporción porque al mismo tiempo habría aumentado la recaudación por inscribir los embargos y por las consiguientes solicitudes de información.Fuentes cercanas al cuerpo señalan que los beneficios netos de un titular de un registro con una actividad media superan los 300.000 euros al año. Solo una pequeña parte de los registradores consultados confirman dicha cifra, mientras que la mayoría asegura que sus ganancias apenas rebasan la remuneración de un abogado del Estado, es decir, entre 80.000 y 100.000 euros brutos al año. Si así fuera, sería incomprensible que el 40% de los abogados del Estado haya tomado la puerta giratoria para pasarse a la empresa privada en busca de mejores sueldos mientras que en el Cuerpo de Registradores ni el 2% ha dado este paso: solo 17 del total de 1.096 funcionarios figuran en excedencia.
Responsables del último gobierno socialista apuntan que la nueva demarcación registral aprobada en 2007 tenía entre otros objetivos dividir en dos aquellas demarcaciones cuyo beneficio neto superara los 1,5 millones de euros anuales, de los que el titular se llevaba el 60%. Las mismas fuentes añaden que gran parte de ellos se segregaron por esta razón, si bien recuerdan que por entonces se estaba en pleno boom inmobiliario y los ingresos eran más cuantiosos. Precisamente, con la excusa de la caída de la actividad económica, el PP decidió aplazar la creación de al menos 122 de los 300 nuevos registros que el PSOE creó en la mencionada demarcación de 2007.