12/7/2020
Internacional

Narcotráfico, el negocio chavista

Maduro y su mujer, Cilia Flores, llevan años en el punto de mira, acusados de vínculos con el tráfico de drogas y de escándalos como el de los narcosobrinos

Augusto Assía - 04/12/2015 - Número 12
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Narcotráfico, el negocio chavista
Un soldado inspecciona un coche procedente de Colombia en la frontera con Venezuela. CONTACTO
Han pasado más de 20 días y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hablado de la oposición, del legado del “comandante eterno” y del acoso internacional. Se ha puesto una máscara con la cara de Chávez, ha conducido un autobús (su antigua profesión) saludando a las masas, ha bailado joropo con campesinos y ha dado infinitos discursos. Pero ni una palabra sobre el ahijado que creció con él y que pasa sus peores días en una cárcel de Nueva York acusado de intentar meter 800 kilos de coca en EE.UU., mientras el presidente intenta ganar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.  

Maduro ha hablado en la calle, en televisión, en una fábrica y durante una entrega de viviendas, pero ni una palabra en el Congreso sobre los sobrinos de su mujer Cilia Flores, también muy activa en la campaña. Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional (la segunda institución del país) fue de los pocos que hizo una mínima referencia al hablar de “secuestro” y de una nueva embestida del imperio. Otros funcionarios exigieron que se demostrara que los detenidos “son familia de la primera combatiente”.

El escándalo de los narcosobrinos, conocido solo tres semanas antes de las elecciones, ha forzado al gobierno bolivariano, siempre rápido y contundente en sus reacciones ante cualquier agravio, a guardar un medido silencio. El bloqueo en los medios de comunicación ha hecho el resto para apagar el fuego. Mientras que la noticia daba la vuelta al mundo y se convertía en eso que llaman viral, al día siguiente de la detención solo un periódico en Venezuela, El Nacional, se atrevió a dar la información en portada en una columna a la derecha. El mejor ejemplo del pánico que se vive en las redacciones ante la amenaza de cierre fue el del diario El Universal, que tituló “Detienen a dos venezolanos”, sin especificar su vínculo con el binomio presidencial. 

Antiguos chavistas que se fugan de Venezuela denuncian en EE.UU. mientras negocian su estatus migragorio

A pesar del silencio y la autocensura, una encuesta publicada en septiembre por la web Insight Crime, dedicada a la investigación de fenómenos criminales, señaló que el 66% de los venezolanos piensa que sus Fuerzas Armadas trabajan para el crimen organizado. Por supuesto ninguna televisión en abierto contó que Francisco Flores y Antonio Campo Flores, sobrinos de la primera dama, habían sido detenidos en Haití, hasta donde llegaron para mover casi una tonelada de cocaína. Ni que ambos viajaban con pasaportes diplomáticos o que la DEA tiene vídeos de los Flores hablando con su intermediario y probando la mercancía, entre otras pruebas. Ambos fueron presentados ante una corte de Nueva York, donde negocian reducir la condena a cadena perpetua a la que se exponen a cambio de colaborar con la justicia. Las filtraciones a la prensa dejan ver que quieren colaborar. 

El asunto que ha sacudido Miraflores podría tratarse de una anécdota de dos sobrinos descarriados dentro de una amplia familia que incluye dos matrimonios. Dos más de los 37 parientes que Cilia Flores ha logrado incrustar en puestos públicos: en la Asamblea, tribunales o ministerios. Sin embargo, las acusaciones de vínculos entre el chavismo y el tráfico de drogas vienen de lejos. El petrogobierno caribeño que encabezan Nicolás Maduro y Cilia lleva años en el punto de mira. Antes incluso de que el clan de los Flores emergiera con capacidad para eclipsar en poder e influencia a los Chávez o los Cabello. 

En junio, el jefe del Comando Sur estadounidense, John F. Kelly, aseguró que “gran parte de la cocaína que se mueve hacia los mercados internacionales” parte de Venezuela. Durante la conferencia frente a los grandes expertos del mundo en la lucha contra las drogas, Kelly mostró una gigantesca diapositiva con un mapa del Caribe en el que cada línea roja representaba los barcos o aviones que salieron de algún punto del continente hacia EE.UU. La parte del mapa que correspondía a Venezuela era un superposición caótica de cientos de líneas rojas partiendo de las costas caribeñas hacia Centroamérica o alguna de las islas como Haití o República Dominicana. Kelly admitió que es el “único país” con el que EE.UU. no mantiene colaboración en la lucha contra la droga. 

Para Venezuela se trata de un gesto de soberanía, pero el exmilitar colombiano y experto en seguridad John Marulanda explica a AHORA: “Colombia, segundo productor de cocaína del mundo después de Perú, encontró un puerto sin vigilar perfecto para la salida de droga y en el que todos sacan su tajada: la guerrilla de las FARC y las autoridades venezolanas. Colombia produce 420 toneladas de cocaína al año y el 40% sale por Venezuela en avionetas. El otro 40% por Ecuador en lanchas. Las FARC y el ELN mueven la droga hasta Venezuela por Arauca y Norte Santander con la complicidad del ejército, la policía y las autoridades. El cargamento sale después de Venezuela desde Apure, que está plagado de pistas clandestinas. Los radares del Comando Sur en el Caribe han percibido un aumento del 310% de vuelos que salen de Venezuela hacia el Caribe en los dos últimos años”.

Decenas de gobernadores, diputados, magistrados y militares chavistas se han visto envueltos en polémicas relacionadas con el narcotráfico. Varios de estos nombres figuran en las listas antidroga de Washington. Sus negocios se han extendido también a Andorra o España. En los últimos años, cada pocos meses aterriza en los juzgados estadounidenses algún alto funcionario venezolano que alimenta el dosier contra su país con denuncias sobre sus superiores mientras negocia su estatus migratorio. 

Altos funcionarios venezolanos viajaban a España con dinero que blanqueaban en el Banco de Andorra

El primero fue el magistrado del Supremo Eladio Aponte, el juez estrella del chavismo, quien desveló vinculaciones de militares con el narcotráfico e incluso denunció que le habían obligado a liberar a detenidos por tráfico de drogas. A Aponte le siguieron militares y fiscales. En mayo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. avisó a España y a Andorra de que llegaban maletas cargadas de dinero de origen desconocido, traídas en mano por altos funcionarios del Gobierno de Venezuela. Ese dinero era blanqueado a través del Banco de Andorra. Hoy la cúpula del banco está encarcelada. De todas las acusaciones contra el chavismo, la del capitán de corbeta Leamsy Salazar (uno de los los jefes de seguridad de Chávez y desde su muerte, en 2013, escolta de Cabello) es la que más daño le ha hecho.

El cártel de los Soles

Salazar huyó de Venezuela en diciembre de 2014 y acusó ante la Fiscalía federal estadounidense a Cabello de ser el jefe del cártel de los Soles (los militares chavistas lucen soles en vez de estrellas). El diario The Wall Street Journal publicó que fiscales de EE.UU. investigaban a altos funcionarios venezolanos, entre ellos Cabello, bajo sospecha de haber convertido al país “en un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero”.  El reportaje también menciona un nombre que se repite continuamente: el gobernador de Aragua y exministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami.

Otros investigados son los generales Néstor Reverol, ex ministro del Interior que hoy dirige la Guardia Nacional, y el general Luis Motta Domínguez, ministro de Estado.  Los dos son poderosos militares amamantados militarmente en los pechos del teniente Cabello. Bajo la lupa de los fiscales estadounidenses está también el hermano pequeño de Cabello, José David, uno de los hombres más poderosos del país: no solo dirige el Ministerio del Poder Popular para la Industria, sino que también está al frente de las aduanas y del sistema tributario. Se trata de una de las estrellas emergentes del chavismo. En la investigación hay también otros dirigentes chavistas como el general Hugo Carvajal, exjefe de Inteligencia.
El año pasado la DEA estuvo a punto de atrapar a Carvajal en Aruba. La isla caribeña lo puso en libertad con una excusa legal que despertó sospechas. Por eso en el caso de los Flores fue diferente. EE.UU. eligió Haití y, en menos de 12 horas, los narcosobrinos estaban sentados frente a un fiscal de Nueva York.

Fuentes cercanas a la investigación contaron que la operación era “propia de aprendices” y detallaron las muchas pruebas existentes contra ellos. El escándalo desprestigia a Maduro y se lleva también por delante a la primera dama, a quien el reinado le ha durado apenas dos años. El emergente clan Flores ha quedado decapitado frente al poder de Cabello, independientemente de lo que digan las urnas. 

Contrabando, la caja chica de la corrupción militar

Augusto Assía
Durante años el contrabando ha sido la caja chica de una larga cadena de uniformados del ejército que sacaban un sueldo extra gracias a la corrupción y a la fuga de alimentos, medicamentos o combustible. Mientras los venezolanos aguantan largas colas en los supermercados para conseguir productos de primera necesidad, los contrabandistas se han hecho de oro por la diferencia de precios entre Venezuela y Colombia. Un kilo de arroz cuesta 26 bolívares (10 centavos de dólar) en el primero, 15 veces menos que en Colombia debido al control de precios impuesto por Chávez hace 10 años. Gracias a ello, en el último lustro la frontera colombiana ha estado comiendo barato. Hasta que en agosto Maduro ordenó el cierre fronterizo para frenar la escasez. Antes del cierre, un joven dedicado al contrabando en la frontera detalló los pagos que realizaba a la policía y a los soldados desde que salía de Caracas cargado de arroz hasta llegar a Cúcuta, del lado colombiano.

“La leche deja más dinero que la cocaína”, explicaba. La gasolina también es un gran negocio. Un galón (cuatro litros) de combustible no cuesta ni un centavo en Venezuela, donde su precio es subsidiado, en comparación con los tres dólares de Colombia. El Gobierno bolivariano calcula que las pérdidas por el tráfico ilegal de combustible oscilan entre 50.000 y 100.000 barriles al día, lo que supone unos 3.000 millones de dólares al año (1,5% del PIB venezolano). “Es el problema de vivir en el país más barato del mundo”, dijo a AHORA el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora. “Un 30% de los alimentos del país sale ilegalmente”. Maduro atribuye el desabastecimiento a una “guerra económica” impulsada por EE.UU. y las élites del país, de la que el contrabando forma parte.