20/6/2019
Análisis

Venezuela después del 6 de diciembre

Las parlamentarias podrían definirse como unas elecciones entre la transición democrática y la ingobernabilidad

Rafael Rojas - 04/12/2015 - Número 12
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Venezuela después del 6 de diciembre
Miembros de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) celebran la victoria en Caracas.MIGUEL GUTIERREZ / EFE
El politólogo de la Universidad de Harvard Steven Levitsky ha utilizado diversas expresiones para definir el sistema chavista: “autocracia con reglas democráticas”, “autoritarismo competitivo”, “régimen híbrido”… Todas son definiciones paradójicas que intentan captar la ambivalencia de una estructura jurídica formalmente democrática y que, incluso, exhibe un importante récord en materia de referéndums, plebiscitos y ejercicios electorales permanentes, pero que favorece la concentración del poder en el titular del Ejecutivo por medio de facultades extraordinarias y limitación de derechos políticos de la ciudadanía.

La llegada al poder de Nicolás Maduro en 2013, tras una elección muy reñida, mermó considerablemente la capacidad de negociación de la legitimidad de ese régimen. Maduro no solo demostró ser un político menos hábil y menos carismático que Hugo Chávez sino un déspota que, además de replicar defectuosamente el estilo de su predecesor, subestimaba la importancia de una oposición partidista y parlamentaria para la gobernabilidad del país. La expulsión del bloque opositor de la Asamblea Nacional y el arresto o la inhabilitación de varios de sus líderes en los dos últimos años han evidenciado la vocación de Maduro para el gobierno autoritario o sin contrapesos.

Punto de inflexión inevitable

Esa inclinación, que desvirtúa las propias premisas constitucionales del chavismo, plasmadas en la Carta Magna de 1999, se enfrenta ahora a su mayor obstáculo. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pueden arrojar dos tipos de resultados: o gana la oposición la mayoría de la Asamblea Nacional o queda un poco por debajo de la mitad de los escaños. Cualquiera de los dos resultados implica que la oposición recupera su lugar en la representación política y regresa al proceso de diseño, deliberación y promulgación de leyes en Venezuela. Para el Gobierno de Nicolás Maduro, el 6 de diciembre marca un inevitable punto de inflexión: a partir de entonces el régimen venezolano deberá reaprender a vivir con división de poderes.

Las parlamentarias podrían definirse como unas elecciones entre la transición democrática y la ingobernabilidad

El desafío es tal que el propio Maduro lo ha reflejado en declaraciones ambivalentes. Por un lado, ha dicho que de ganar el adversario, los chavistas continuarán la “revolución” por medio de una “unión cívico-militar” con el pueblo, lo que equivale a una amenaza de autogolpe de Estado contra una eventual Asamblea Nacional de mayoría opositora. Pero también ha dicho Maduro que, en caso de perder las legislativas, el Gobierno convocará a un diálogo nacional para que ambos, la oficialidad y la oposición, reasuman sus funciones en un clima de respeto mutuo. Día a día, el oficialismo parece inclinarse más al espíritu de la primera declaración, aunque la segunda ha quedado ligada a la posibilidad de una improbable reconstrucción de la democracia venezolana bajo el Gobierno de Maduro.

La encrucijada del 6 de diciembre podría definirse como una elección entre la transición democrática y la ingobernabilidad política. Una transición democrática en Venezuela no implica, en modo alguno, el derrocamiento del Gobierno legítimo de Maduro sino su sometimiento a las normas de la división de poderes y de garantías para el ejercicio legislativo de la oposición. Pero un desconocimiento del triunfo electoral de los opositores, aun cuando no logren la mayoría de la Asamblea Nacional, significa abrir la puerta a la ingobernabilidad, ya sea porque el Gobierno vuelve a expulsar a los opositores del Parlamento, en la más rancia tradición del autoritarismo latinoamericano desde el siglo XIX, o porque perpetra el autogolpe anunciado.

Nunca hasta ahora el Gobierno venezolano estuvo tan solo en el sostenimiento de su agenda internacional

A diferencia de otras transiciones en América Latina, la venezolana no requeriría de un cambio de régimen sino de la recuperación del Estado de derecho y el constitucionalismo democrático del propio sistema, abandonados en la práctica por el Gobierno de Maduro. Desde el punto de vista institucional se trataría de una transición más fácil, aunque mucho más difícil desde el punto de vista de la cultura política. En esencia, lo que hizo Hugo Chávez —y han continuado Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios chavistas— es incrustar un estilo y una práctica autoritaria de gobierno —que ha generado ya toda una nueva élite política en ese país sudamericano, moldeada por los mismos intereses y valores— dentro de un régimen constitucionalmente democrático.

Fin de la geopolítica chavista

El reacomodo del régimen al gobierno representativo acentuará el debilitamiento de la geopolítica chavista que se percibe en los últimos años. Desde la muerte de Chávez, la red internacional creada a mediados de la década pasada por Venezuela, a partir de una síntesis de intereses petroleros y políticos, comenzó a resquebrajarse. Varios desplazamientos simultáneos en importantes aliados de Caracas, como Irán, Cuba y Rusia, han concurrido en esa recesión de la alternativa geopolítica bolivariana. Los últimos años de la presidencia de Barack Obama no son propicios para una política exterior, como la de Chávez y Maduro, basada en la confrontación con Washington.En Irán, el nuevo Gobierno de Hasán Rohaní inició un diálogo con el Ejecutivo de Estados Unidos destinado a arribar a un pacto nuclear y una suspensión de sanciones de Occidente.

En Cuba, el Gobierno de Raúl Castro accedió al restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y al inicio del proceso de normalización diplomática, que ya verificó la reapertura de embajadas en Washington y La Habana. En Rusia, el Gobierno de Vladimir Putin, después de la crisis generada por la anexión de Crimea, ha rebajado sus tensiones con Occidente por medio de la intervención en la guerra contra Estado Islámico en Siria. Nunca antes el Gobierno venezolano estuvo tan solo en el sostenimiento de su agenda exterior.

La situación interna de algunos de los principales aliados de Caracas en el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) tampoco favorece la geopolítica chavista. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, a quien muchos vieron como sucesor de Chávez en Sudamérica, ha anunciado que no se postulará para un nuevo mandato presidencial en 2017. La decisión tiene que ver con el ascenso de la oposición ecuatoriana y con el crecimiento de los índices de impopularidad del mandatario. Otros dos gobiernos latinoamericanos, importantes para la posición de Venezuela dentro de Unasur, el brasileño y el argentino, pasan actualmente por una fase sumamente complicada a nivel doméstico: en Brasil, por la crisis de popularidad del Gobierno de Dilma Rousseff, y en Argentina, por la sucesión de poderes entre Fernández de Kirchner y Macri.

El régimen de Nicolás Maduro se enfrenta, pues, a una situación límite para su estrategia interna y externa. Una vuelta al gobierno representativo no solo implicará una mayor distribución del poder en el espacio venezolano, sino que conllevará, probablemente, un giro pragmático en la política exterior, a tono con la apuesta diplomática de Cuba, Ecuador y Bolivia, los principales socios de Caracas en el ALBA. Si esa flexibilización doméstica e internacional llega a producirse, el desenlace favorable a una transición democrática no dependerá solo del Gobierno de Maduro, también dependerá de la manera en que la oposición conduzca el ascenso de su protagonismo. Cualquiera que sea el resultado electoral del 6 de diciembre, el futuro del chavismo parece signado por el cambio más que por la continuidad.