18/11/2019
Internacional

Nuevo Parlamento venezolano, misma crisis

La oposición busca vías constitucionales para desalojar a Maduro de la presidencia

Alicia Hernández - 08/01/2016 - Número 16
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Nuevo Parlamento venezolano, misma crisis
La prensa independiente vuelve a la Asamblea. En la imagen, el presidente de la AN, Heny Ramos Allup. EFE
Tras meses de permanecer a un costado del atril de la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela, la gran fotografía de Hugo Chávez, vigilante y omnipresente, se retiró para la toma de posesión de los nuevos diputados. Tampoco había rastro del mayor icono pop que ha dado el chavismo: los ojos del Comandante en rojo y blanco al más puro estilo Andy Warhol. 

Pero aunque estas modificaciones empiecen a darse, aunque la Mesa de la Unidad Democrática —MUD, el bloque de partidos de oposición al chavismo— haya conquistado con votos la mayoría del Parlamento, son muchos los palos que se pueden atravesar en la rueda del cambio. El primero de ellos es que el nuevo hemiciclo sigue a la espera de que se resuelvan las impugnaciones que el chavismo ha presentado ante los tribunales a cuatro diputados, tres de ellos de la oposición, de tres provincias.

En esta situación, la MUD pasaría de 112 a 109 diputados y perdería la mayoría cualificada de dos tercios, imprescindible para aprobar algunas reformas de calado. Aun así, todavía se debe dirimir si con estas impugnaciones se modifica o no el quorum parlamentario, actualmente en 167 escaños. Otro palo puede venir del lado del Gobierno. “A pesar de que la oposición ha logrado los dos tercios de la composición de la Asamblea Nacional (AN), el poder ejecutivo puede bloquear iniciativas desde y del Parlamento”, dice José Vicente Haro, abogado constitucionalista. La Carta Magna de Venezuela plantea división de poderes, “pero igualmente debe haber colaboración entre ellos, algo que se puede dificultar con la presidencia de Nicolás Maduro. El artículo 214 de la Constitución será clave en los próximos días”.  

En ese artículo se contempla que cuando la Asamblea aprueba una ley, el presidente tiene un plazo de 10 días para promulgarla. En ese mismo lapso de tiempo puede devolverla a la Asamblea para pedir alguna modificación o enviarla a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “si considera que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional”, dice la norma. 

Un fraude constitucional 

“El presidente puede remitir la norma y se lava las manos porque es la sala la que decide. Podrían usar la percepción de que utilizando al TSJ, Maduro no bloquea el trabajo parlamentario”, apunta Haro. Para el abogado, así como para la oposición,  es un “fraude constitucional” que el TSJ decida el rumbo de las leyes tras la designación, en diciembre, de 13 nuevos magistrados. La anterior Asamblea aprobó estos nombramientos en sesiones extraordinarias durante la Navidad y puso en el cargo a magistrados cuestionados por su militancia política en las filas del chavismo. 

“La pugna de poderes agudizará la crisis económica y reducirá la efectividad de las decisiones fiscales”


Haro explica que se ha hablado de la necesidad de sustituir distintos cargos (rectores del Consejo Nacional Electoral, defensor del pueblo y contralor de la República) para lograr un equilibrio, pero en esos casos el TSJ es la mayor traba del Parlamento “porque para remover cualquier autoridad se necesita un dictamen, una decisión favorable de este órgano”. Las trabas siguen. Marina Bacalao, asesora y especialista en comunicación política, asegura que el Gobierno “no solo pretenderá boicotear el trabajo de la nueva Asamblea Nacional, sino que ya lo está haciendo con medidas como la de los magistrados del TSJ o con la disminución de competencias sobre el Banco Central de Venezuela (BCV)”. 

La asesora se refiere a la reforma de la ley sobre el ente bancario, realizada apenas unas horas antes del cambio de Parlamento y por la que se quita a este la potestad de nombrar al presidente del BCV —a partir de ahora será Maduro quien lo designe—, así como la designación de dos de los seis miembros del directorio y la posibilidad de solicitar información al ente cuando el Ejecutivo considere que hay “situaciones internas o externas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad económica de la nación”. 

Aunque inesperada, la reforma institucionaliza una práctica común del BCV, que durante el último año no publicó cifras de PIB, de escasez o balanza comercial. Se esperaba que con el cambio de diputados esto se hiciera oficial y así poder evaluar datos como la inflación, que se estima supera ya el 200%. “El Gobierno está buscando minimizar la capacidad de acción”, dice Bacalao. Pero esto, apunta, no les favorece. “Su máscara democrática ya está bastante deteriorada ante los ojos del mundo, y esto lo agrava.” 

Otro palo más en la rueda puede ser el recién instaurado Parlamento Comunal, un organismo que se contempla en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Comunas, pero al que no se había acudido hasta ahora, a pesar de que la ley data de 2010. “Busca contraponerse a la Asamblea Nacional. Va a haber un conflicto político porque van a cohabitar en el mismo espacio. Habrá un desgaste”, dice Haro. Según el Gobierno, este Parlamento estará “atento a cualquier acción contra el pueblo y alertará contra los intentos de la derecha apátrida de usar la Asamblea para atentar contra la revolución”. 

Choque de poderes

La nueva Asamblea Nacional llega en un contexto nada favorable para el país. Tres años con la inflación más alta del mundo y una escasez de la que se desconoce la cifra, aunque se hace evidente en las estanterías de supermercados y farmacias, marcan la pauta. “La crisis económica va a continuar y empeorará si no se toman medidas. Si se toman, el ajuste tendrá impacto sociopolítico. En cualquier caso, el deterioro será mayor este año”, augura el politólogo John Magdaleno, quien ve que con la mayoría en manos de la MUD, esta puede reformar el reglamento interno y de debate, “estimular las reglas de juego, empezar a presionar, hacer medidas ordinarias” que ayuden a paliar los efectos de la crisis. 

Se esperaba que con la nueva Asamblea se pudieran evaluar datos como la inflación, que supera el 200%

Pero lo cierto es que parece más plausible en el horizonte un “choque de poderes”, tal y como prevé el analista Edgar Gutiérrez. También es de esta teoría el politólogo Xavier Franco, especialista en la Asamblea, que ve en la confrontación “la base de la legitimidad de origen del chavismo y de su capital político durante años”. La cizaña, el choque y la confrontación se pudieron palpar el mismo 5 de enero durante la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional. La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, chavismo), abandonaba el Parlamento. 

“La sociedad venezolana ya ha dado señales de agotamiento y hartazgo de ese esquema para afrontar discrepancias, de modo que el principal perjudicado por este tipo de acciones es el mismo Gobierno, que resta posibilidades de reponerse de su mayor revés electoral”, apunta Franco. En este camino de peleas quien sale perjudicado, insiste, es el país en su conjunto, “pues esta pugna de poderes públicos agudizará la grave crisis económica que afronta Venezuela y reducirá el margen de efectividad de eventuales nuevas decisiones fiscales”. 

Presos políticos

La mentada crisis económica, “sin precedentes y dramática” para Gutiérrez, exige un debate sobre las medidas “para corregir los
desequilibrios y capear el temporal”.  Pero habrá que esperar al devenir de las sesiones asamblearias para saber si la Mesa de la Unidad se centrará más en lo político o en lo económico. 

Por lo pronto, la agenda anunciada en el pleno por Julio Borges — jefe de la fracción parlamentaria de la coalición opositora— contiene economía y política a partes iguales. El primer punto fue para la Ley de Amnistía y Reconciliación, que tiene como objetivo liberar a los presos políticos y el regreso de los exiliados. El segundo, la ley que otorga el derecho de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda (las viviendas de protección oficial). El tercero, una ley para dar bonos de alimentación y medicinas a los jubilados y otra, económica, sobre la producción nacional. 

Sobre la mesa y en todas las quinielas está, según Gutiérrez, “lo que será la continuación de la crisis política en su próxima fase: las vías constitucionales para desalojar a Maduro de la presidencia”. Un modo, dirán algunos, de atacar la raíz del problema económico y cubrir las expectativas de quienes piden un cambio más allá del palacio federal legislativo.