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Análisis
Un combate de zombis
Nuestras herramientas de respuesta están en crisis si aceptamos que los terribles atentados de París son actos de guerra
Diego Mir
Dejó escrito Ulrich Beck que nuestra “sociedad de riesgo”, que es también una “era de incertidumbre”, ha convertido en conceptos-zombi buena parte de las categorías de las que nos hemos servido para interpretar, entender y/o cambiar la realidad. Los acontecimientos de París y la encendida discusión sobre las estrategias de respuesta son, a nuestro juicio, un excelente botón de muestra.
Los viejos conceptos de guerra, terrorismo y lucha contra el terrorismo parecen herramientas intelectuales y políticas caducas.
Al Qaeda, una red y franquicia terrorista, ya nos planteó considerables dificultades de comprensión, clasificación y respuesta por su novedad y complejidad respecto a las estrategias tradicionales del terrorismo. Pero todo se complica aún más en el caso de Dáesh, que aúna la ambición de un califato (algo más que un estado) con la estrategia de lealtad de los fieles a un líder religioso-político que se remonta a la tradición de Hasan Ibn Sabah, el viejo de la montaña y su secta de hashshashín, los asesinos. Con la peculiaridad de que forman parte de ese contingente un buen número de retornados, es decir, europeos que han combatido en las filas de Dáesh en Siria y que regresan luego a Bélgica, Francia, Reino Unido o España (unos 150 en nuestro caso).
Lo mismo sucede con las políticas antiterroristas. Si aceptamos, como lo ha hecho no solo Francia sino buena parte de la opinión pública mundial, que los terribles atentados en París son actos de guerra, parece claro que nuestras herramientas de respuesta están en crisis. Se multiplican las dudas sobre lo adecuado del discurso que sostenemos quienes tememos que el Estado de derecho y la democracia sean las primeras víctimas, como lo fueron después del 11-S. Y aunque sea más necesario que nunca recordar las exigencias de legalidad y legitimidad como condiciones necesarias e irrenunciables de cualquier estrategia antiterrorista, no se puede negar que son condiciones insuficientes para restablecer la seguridad en las libertades, la confianza en el derecho que esos adversarios tienen en su punto de mira. Mucho menos si lo que se pretende es ganar la contienda mediática, que es hoy elemento esencial y en la que Dáesh se ha mostrado muy ducho.
Se comprende que en esta guerra de mensajes los agredidos necesitan enviar uno contundente, firme, eficaz, implacable. Los adjetivos del discurso de Hollande. Por tanto, la respuesta militar parece inevitable, inmediata y a la altura de la violencia que nos ha golpeado. Llevarles la guerra a su terreno, como proclama algún supuesto filósofo.
Recurrir a la fuerza. Es la hora de las armas, claman en las cancillerías europeas, como hemos podido escuchar de labios de un enardecido García-Margallo. “Tenemos derecho a la legítima defensa y como hemos sido agredidos por actos de guerra, guerra es la respuesta.” Es lo que invocó Bush tras el 11-S.
A los entusiastas belicistas hay que recordarles que tampoco la guerra, una categoría vieja como el mundo, escapa al efecto zombi, como no escapan los intentos de hacerla aceptable: ni el de guerra justa, que después de la Carta de la ONU es un oxímoron, ni la contradictio in terminis de las guerras humanitarias. En todo caso podríamos hablar de los usos de la fuerza armada, regulados por el derecho internacional en el capítulo VIII de la Carta. Pero plantean problemas de eficacia.
Así, Francia, como EE.UU. en 2001, puede alegar legítima defensa, pero eso no le exime de someterse al procedimiento que regula tal apelación y que deja la decisión en manos del Consejo de Seguridad de la ONU. Los precedentes de las guerras del Golfo e Irak y la intervención en Libia demuestran que no es garantía de legitimidad ni eficacia.
Hay que subrayar la intencionalidad simbólica del primer movimiento de Francia, los bombardeos sobre Raqa, la capital de Dáesh. Una respuesta de guerra exclusivamente francesa, que no ha pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU ni invoca las cláusulas de solidaridad con sus principales aliados en la UE y la OTAN que le brindan los tratados. Solo después, en la reunión de los dos cuerpos del legislativo en Versalles —convocada para anunciar la prórroga del estado de emergencia y presentar reformas constitucionales que pongan al día la estrategia antiterrorista—, ha informado Hollande de la intención de invocar la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la UE. De momento, no se han activado ni la cláusula de solidaridad del artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la UE ni el artículo 5 del Tratado de la OTAN.
Quizá, como ha apuntado Don Winslow en El cártel (RBA, 2015), estamos cada vez más cerca de la convergencia de dos estrategias: la de la nueva guerra en vigor contra el narcotráfico y la posible nueva guerra antiterrorista. Sabemos sobradamente que los bombardeos tradicionales son gestos simbólicos pero poco eficaces contra un Dáesh que controla recursos petrolíferos y los vende a la baja para comprar armamento en el mercado internacional, un mercado en el que sabe moverse para conseguir financiación y en el que son proveedores algunos de los estados del G-20. Un Dáesh que recauda impuestos como cualquier estado entre los ocho millones de súbditos que viven en su territorio.
Dáesh proclamada como objetivo por Hollande, es muy poco probable. Como ha escrito Rafael Grasa, ante su complejidad y alcance global hay que primar una estrategia global y compleja. Empezando por las causas que, al menos en apariencia, le dan legitimación.
Por eso deberíamos concentrar los esfuerzos en una estrategia que prime la coordinación de los servicios de inteligencia, el desmantelamiento de las redes de financiación y la acción diplomática para aunar recursos bajo el respeto básico a la legalidad internacional, sin descartar los ataques selectivos contra objetivos relevantes. Y aun así debemos ser muy prudentes para no abrir por enésima ocasión la caja de Pandora de la erosión de los derechos y libertades que justifican todo esto. Porque es por el refuerzo y extensión de su garantía por lo que luchamos. Y, como pedía el editorial de Libération, nuestra lucha no debe darles la victoria de tuer le bonheur.
Los viejos conceptos de guerra, terrorismo y lucha contra el terrorismo parecen herramientas intelectuales y políticas caducas.
Al Qaeda, una red y franquicia terrorista, ya nos planteó considerables dificultades de comprensión, clasificación y respuesta por su novedad y complejidad respecto a las estrategias tradicionales del terrorismo. Pero todo se complica aún más en el caso de Dáesh, que aúna la ambición de un califato (algo más que un estado) con la estrategia de lealtad de los fieles a un líder religioso-político que se remonta a la tradición de Hasan Ibn Sabah, el viejo de la montaña y su secta de hashshashín, los asesinos. Con la peculiaridad de que forman parte de ese contingente un buen número de retornados, es decir, europeos que han combatido en las filas de Dáesh en Siria y que regresan luego a Bélgica, Francia, Reino Unido o España (unos 150 en nuestro caso).
Lo mismo sucede con las políticas antiterroristas. Si aceptamos, como lo ha hecho no solo Francia sino buena parte de la opinión pública mundial, que los terribles atentados en París son actos de guerra, parece claro que nuestras herramientas de respuesta están en crisis. Se multiplican las dudas sobre lo adecuado del discurso que sostenemos quienes tememos que el Estado de derecho y la democracia sean las primeras víctimas, como lo fueron después del 11-S. Y aunque sea más necesario que nunca recordar las exigencias de legalidad y legitimidad como condiciones necesarias e irrenunciables de cualquier estrategia antiterrorista, no se puede negar que son condiciones insuficientes para restablecer la seguridad en las libertades, la confianza en el derecho que esos adversarios tienen en su punto de mira. Mucho menos si lo que se pretende es ganar la contienda mediática, que es hoy elemento esencial y en la que Dáesh se ha mostrado muy ducho.
Se trata de saber si aún podemos proporcionar argumentos, motivos suficientes y creíbles para superar el terror, que no es ni la desconfianza en el otro ni el miedo razonable que suscita la criminalidad ordinaria, frente a los que el derecho nos protege. La siembra de terror busca precisamente convencernos de que nadie está a salvo, que el imperio de la ley, la educación cívica y republicana en la cultura del respeto a las libertades, la igualdad entre hombres y mujeres, la laicidad y el pluralismo, la primacía de los principios de la democracia y el Estado de derecho son poco más que juguetes inútiles frente a semejante amenaza.Los bombardeos franceses sobre Raqa no han pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU
Se comprende que en esta guerra de mensajes los agredidos necesitan enviar uno contundente, firme, eficaz, implacable. Los adjetivos del discurso de Hollande. Por tanto, la respuesta militar parece inevitable, inmediata y a la altura de la violencia que nos ha golpeado. Llevarles la guerra a su terreno, como proclama algún supuesto filósofo.
Recurrir a la fuerza. Es la hora de las armas, claman en las cancillerías europeas, como hemos podido escuchar de labios de un enardecido García-Margallo. “Tenemos derecho a la legítima defensa y como hemos sido agredidos por actos de guerra, guerra es la respuesta.” Es lo que invocó Bush tras el 11-S.
A los entusiastas belicistas hay que recordarles que tampoco la guerra, una categoría vieja como el mundo, escapa al efecto zombi, como no escapan los intentos de hacerla aceptable: ni el de guerra justa, que después de la Carta de la ONU es un oxímoron, ni la contradictio in terminis de las guerras humanitarias. En todo caso podríamos hablar de los usos de la fuerza armada, regulados por el derecho internacional en el capítulo VIII de la Carta. Pero plantean problemas de eficacia.
Así, Francia, como EE.UU. en 2001, puede alegar legítima defensa, pero eso no le exime de someterse al procedimiento que regula tal apelación y que deja la decisión en manos del Consejo de Seguridad de la ONU. Los precedentes de las guerras del Golfo e Irak y la intervención en Libia demuestran que no es garantía de legitimidad ni eficacia.
Hay que subrayar la intencionalidad simbólica del primer movimiento de Francia, los bombardeos sobre Raqa, la capital de Dáesh. Una respuesta de guerra exclusivamente francesa, que no ha pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU ni invoca las cláusulas de solidaridad con sus principales aliados en la UE y la OTAN que le brindan los tratados. Solo después, en la reunión de los dos cuerpos del legislativo en Versalles —convocada para anunciar la prórroga del estado de emergencia y presentar reformas constitucionales que pongan al día la estrategia antiterrorista—, ha informado Hollande de la intención de invocar la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la UE. De momento, no se han activado ni la cláusula de solidaridad del artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la UE ni el artículo 5 del Tratado de la OTAN.
Quizá, como ha apuntado Don Winslow en El cártel (RBA, 2015), estamos cada vez más cerca de la convergencia de dos estrategias: la de la nueva guerra en vigor contra el narcotráfico y la posible nueva guerra antiterrorista. Sabemos sobradamente que los bombardeos tradicionales son gestos simbólicos pero poco eficaces contra un Dáesh que controla recursos petrolíferos y los vende a la baja para comprar armamento en el mercado internacional, un mercado en el que sabe moverse para conseguir financiación y en el que son proveedores algunos de los estados del G-20. Un Dáesh que recauda impuestos como cualquier estado entre los ocho millones de súbditos que viven en su territorio.
Un fenómeno tan poliédrico no se combate con recetas simples. Podemos seguir discutiendo si es posible obtener frente a Dáesh algo parecido a lo que llamábamos victoria en las guerras convencionales movilizando tropas en tierra. En nuestra opinión, con o sin ellas, aunque sean kurdas, turcas o árabes para evitar la apariencia de alianza de cruzados, esa victoria, la destrucción de“Guerra es la respuesta”, dicen las cancillerías europeas, lo mismo que invocó Bush tras el 11-S
Dáesh proclamada como objetivo por Hollande, es muy poco probable. Como ha escrito Rafael Grasa, ante su complejidad y alcance global hay que primar una estrategia global y compleja. Empezando por las causas que, al menos en apariencia, le dan legitimación.
Por eso deberíamos concentrar los esfuerzos en una estrategia que prime la coordinación de los servicios de inteligencia, el desmantelamiento de las redes de financiación y la acción diplomática para aunar recursos bajo el respeto básico a la legalidad internacional, sin descartar los ataques selectivos contra objetivos relevantes. Y aun así debemos ser muy prudentes para no abrir por enésima ocasión la caja de Pandora de la erosión de los derechos y libertades que justifican todo esto. Porque es por el refuerzo y extensión de su garantía por lo que luchamos. Y, como pedía el editorial de Libération, nuestra lucha no debe darles la victoria de tuer le bonheur.