Opinión

ETA y las FARC o las lecciones del acuerdo colombiano

Es esencial que el victimario reconozca que matando no llevó a cabo un acto heroico sino que cometió un crimen

Reyes Mate - 30/09/2016 - Número 53
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España  ha pintado poco en los acuerdos colombianos entre el  Gobierno y las FARC porque no tenía nada que decir. De nuevo la retórica iberoamericanista se ha quedado vacía, porque las ideas que los españoles barajamos sobre la memoria y la justicia estaban en las antípodas de lo que entendían los contendientes colombianos. Es verdad que hemos visto a políticos y empresarios españoles fotografiarse con el presidente Manuel Santos, pero sus pobres discursos de apoyo —que se agotaban en decir lo bien que les irá económicamente con el fin de la violencia— contrastaban con los argumentos éticos y políticos que manejan los acuerdos y, por tanto, los políticos colombianos.

No teníamos nada que decir, pero eso no significa que nos hayamos abstenido de hacer juicios de valor. Desde el flanco progresista, por ejemplo, se ha dicho que ojalá se hubiera tratado acá a ETA como allá a las FARC. Al pobre Otegi, sin ir más lejos, autoproclamado artífice de la paz, se le ha mandado a la cárcel mientras que allá se reservan cinco escaños en el Congreso y otros tantos en el Senado para que los exguerrilleros hagan política. Quienes así piensan olvidan que ETA fue vencida policialmente y que el Ejército no pudo con las FARC. Es una diferencia esencial, porque la fuerza negociadora de una organización terrorista depende de su capacidad de muerte. En las negociaciones de 1989, con Felipe González, y de 1998, con José María Aznar, ETA pudo haber conseguido mucho más, lo mismo que los polimilis de Mario Onaindia, a saber, una amnistía, ayudas económicas para la reinserción y medios para actuar políticamente. Lo desecharon porque calcularon que con el terror podían doblar el brazo al Estado y conseguir sus objetivos.

La derrota policial les priva de capacidad negociadora, lo que no significa que no haya que hablar con los presos, pero por una razón que no tiene que ver con su capacidad de fuego sino con la justicia transicional, un concepto desconocido en nuestra cultura política pero clave en los acuerdos de La Habana. La justicia transicional implica, en primer lugar, un desplazamiento de la justicia que pone el acento en la reparación de los daños a la víctimas, en lugar de en el castigo al culpable. Propio de la justicia retributiva o vindicativa —que domina el derecho penal— es entender el delito como lesión de la ley, con lo que la justicia consiste en dejar caer el peso de la ley sobre el delincuente. La justicia transicional o la restaurativa ponen el acento, por el contrario, en los daños personales y sociales que tratan de reparar. Al hablar de daños sociales se quiere dar a entender que la violencia de ETA o de las FARC ha dividido a la sociedad entre quienes festejan el sufrimiento causado y quienes lo lloran; también la han empobrecido al privarla de las víctimas, pero también de los victimarios (que pasan a ser delincuentes) por no hablar de quienes emprenden el exilio exterior o interior. Hacer justicia a esa sociedad significa suturar las fracturas y rehacerla recuperando a las víctimas, vía reconocimiento, y a los victimarios, un capítulo mucho más complejo pero fundamental. Para esto es esencial que el victimario reconozca que matando no llevó a cabo un acto herorico sino que cometió un crimen; que al matar al otro se deshumanizó él mismo; que para recuperar su humanidad necesita el perdón de la víctima... Todo este proceso de reconocimiento y elaboración de la culpa, presente en los acuerdos, es lo que explica la figura de un tribunal especial, el JEP (Justicia Especial de Paz), que juzgará a los responsables de graves crímenes cometidos por  guerrilleros, militares o gobiernos. Dado que el objetivo de esta justicia es reparar los daños reparables de las víctimas (que son individuos y también la sociedad), las sanciones están en función de la contribución de los victimarios al conocimiento de la verdad y a la asunción de responsabilidades. Para las víctimas es más importante localizar a sus muertos, conocer cómo murieron y saber que los asesinos se reconocen culpables que la cadena perpetua.

La justicia transicional implica poner el acento en la reparación de los daños a las víctimas, no en el castigo al culpable

Lo que no significa impunidad, como dicen los críticos ubicados en el flanco conservador, porque la amnistía está descartada y habrá cárcel para los que no reconozcan su responsabilidad o lo hagan tardíamente. Solo se librarán de ir a prisión quienes declaren voluntariamente, y aun para estos habrá restricción a su libertad, pero se dedicarán a labores restaurativas como ayudar a desactivar bombas, destruir cultivos ilícitos o localizar fosas.

Estamos lejos de la amnesia, del pasar página o del “paz por justicia”, que es de lo que saben los políticos españoles; lejos también de un creíble reconocimiento de culpa que echamos de menos en Arnaldo Otegi y su gente. Los acuerdos colombianos están construidos sobre la paz, que mira hacia adelante, y la justicia, que mira hacia atrás. Prima el logro de la paz, esto es, el país que dejaremos a los hijos, porque también aquí son más importantes los hijos que tenemos que los padres que tuvimos. Pero sin sacrificar la paz a la justicia, porque una paz sin justicia es mera tregua entre dos guerras. Lo que hay que entender es que el tiempo de la paz no coincide con el de la justicia. El de aquella puede suceder en un instante, con el abandono de las armas. El de la justicia ocupará a futuras generaciones porque el daño causado ha sido colosal. No me refiero solo al sufrimiento de los seis millones de desplazados o al cuarto de millón de muertos, sino a los destrozos antropológicos, esto es, a la deshumanización de victimarios, víctimas y sociedad colombiana. Es mucho lo que muere cuando se mata tanto, y a todos esos frentes tiene que acudir la justicia para reparar lo reparable y hacer memoria de lo irreparable. Colombia inicia ahora un largo proceso que todo el mundo mirará con interés porque solo saldrá airosa si inventa un modelo superior de democracia basado en el valor político del sufrimiento.

Sin sacrificar la paz a la justicia, hay que entender que el tiempo de la paz no coincide con el de la justicia

Ya que España no ha podido aportar nada, podría, el menos, aprender algo. Para empezar, familiarizarse con el concepto de justicia transicional (que no transacional, como repetía torpemente un exministro de Justicia que quería dárselas de entendido) que remite a memoria histórica, primado de las víctimas e importancia de la recuperación del victimario, es decir, remite a los valores ninguneados por la cultura amnésica de nuestra Transición. Los mismos que se hacen fotos en Colombia han jaleado por aquí a Slomo Benami, político e intelectual israelí que defiende lo de paz por justicia, invocando el dicho del Talmud “donde hay justicia no hay paz”, pero olvidando la sabiduría del Salmo 85: “Justicia y paz se besan / justicia marchará ante él / y paz seguirá sus huellas”. Su empeño en que Colombia siguiera el modelo español es digno de mejor causa.

También el País Vasco tiene algo que aprender. Si los acuerdos prevén un tribunal especial para juzgar graves crímenes es porque las partes implicadas saben que tienen que responder de secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos y violaciones. No hemos oído hablar de esto a los prisioneros de ETA ni a los políticos que los representan. La sociedad vasca, por su parte, parece instalarse en una cómoda amnesia que, de imponerse definitivamente, convertiría en inútil todo el sufrimiento acumulado. Eso es precisamente los que los Acuerdos de Paz de La Habana quieren evitar.