19/7/2019
Opinión

Investigación básica, un lujo de primera necesidad

En España, la inversión en I+D se ve como un gasto más que como una inversión. Es el único país de su entorno en considerarlo así

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Investigación básica, un lujo de primera necesidad
Fede Yankelevich
Sin excesiva premura, parece que los españoles vamos a tener gobierno a medio plazo, quizás sobre un programa predefinido de prioridades. Las declaraciones de los distintos partidos indican que la investigación y desarrollo (que denominaremos I+D, si se quiere con la innovación incluida) sería una de tales prioridades. No es tan evidente, sin embargo, que esa prioridad pueda cumplirse atendiendo únicamente al aumento de los presupuestos. Como argumentaremos aquí, hace falta también un replanteamiento de objetivos y procedimientos.

En los últimos tiempos se ha considerado con frecuencia que la bajada de los presupuestos públicos para la I+D era consecuencia de la crisis, que recortaba el gasto público. Según una manera lineal de argumentar: si se recorta el presupuesto para vías férreas o para sanidad, ¿por qué no va a recortarse también el de I+D? Este razonamiento supone que el presupuesto de I+D representa solamente un gasto, esto es, que solamente consume pero no produce, como pudiera ser un museo o un aparato médico en un hospital. Pero según nuestro punto de vista, desgraciadamente muy poco extendido, el presupuesto de I+D es, en buena medida, más una inversión que un gasto y, en particular, la investigación básica es una inversión a largo plazo. Para reactivar la economía, la I+D es uno de los elementos clave. Prueba de ello es que los países desarrollados de nuestro entorno, durante los años de crisis, aunque hayan recortado mucho gasto público, en lugar de disminuir el gasto en I+D ¡lo han aumentado! Según datos de la OCDE, en el periodo 2010-2013, mientras en España el gasto en I+D por habitante disminuía en más de un 10%, en Suecia aumentaba en un 20%; en Alemania y Holanda, en un 15% y en Francia, en un 7%. Estos países en crisis parece que consideraban la inversión en I+D como una buena medicina frente a aquella.

Una ciencia básica fuerte y fértil puede formar personas educadas en la resolución científica de problemas reales

La investigación básica solo es defendible cuando es de calidad incuestionable. En España, en promedio está ya en un nivel asimilable al de  los países de nuestro entorno. El símil futbolístico tan apreciado por muchos permite decir que nos movemos en la parte media de la primera división, aunque raramente llegamos a competir en la zona champions. Conviene también no olvidar la frase de Alicia en el País de las Maravillas: “Hay que correr muy deprisa para seguir estando en el mismo sitio”. Las penurias económicas de la investigación en los últimos años hacen que esa permanencia “en el mismo sitio” pueda estar en entredicho.

Hay que subrayar que la investigación básica, aparte de su contribución al aumento del conocimiento como tal, contribuye al progreso económico y social del país que la emprende. En este punto, se oyen simplificaciones poco justificadas, a veces provenientes de los propios investigadores. Por eso vale la pena enumerar algunas de las contribuciones relevantes de la ciencia básica al progreso económico. Puede citarse en primer lugar la formación de profesionales de alta cualificación. Una ciencia básica fuerte y fértil puede formar personas educadas en la resolución científica de problemas reales, aptas para muy diversos cometidos de responsabilidad que no tienen por qué dedicarse en el futuro a la investigación básica.

Baste recordar que en un país como Alemania, donde el título de doctor se valora y se respeta, en los consejos y directivas de las grandes empresas figuran asiduamente personas con ese título.

 Citemos también entre las aludidas contribuciones la mejora de la calidad de la docencia superior (las universidades de prestigio donde los estudiantes quieren estudiar son precisamente las líderes en investigación básica) y el soporte a las políticas (policies) de mejora de la calidad de vida, ya sea en el dominio de medioambiente, sanidad, energía o educación, ya se en otras. Estas políticas requieren una base científica para la toma de decisiones atinadas que solo proporciona la investigación básica. Subrayemos, finalmente, los beneficios de la investigación básica para el sistema productivo; mencionemos, entre otros, el aumento del stock de conocimiento científico, la creación de nueva instrumentación y metodología, la generación de redes de investigadores entre universidades y empresas, e incluso la propia creación de nuevas empresas de alto contenido tecnológico.

Hay que establecer cauces más efectivos de encuentro entre el sector público de investigación y el sistema productivo

Aunque recuperáramos el momento en investigación básica, el grave problema de nuestro país seguiría siendo la muy escasa innovación tecnológica. Siempre según la OCDE, el número de patentes españolas en 2013 era aproximadamente el 28% de las patentes de Holanda, el 21% de las de Irlanda y ¡apenas un 8% de las de Alemania! Solo el orden de magnitud de estas cifras revela ya la gravedad del problema. Un elemento importante a la hora de mejorar estas ratios tan alarmantes es mejorar la conexión entre la investigación y la innovación, entre las universidades y centros de investigación (incluyendo los Organismos Públicos de Investigación u OPIs) con las empresas. Para aliviar este problema, mejor diagnosticado que tratado, en el pasado se han experimentado una serie de iniciativas con éxito bastante dudoso. Quizás es hora de plantear actuaciones novedosas en este dominio. Sin tratar de abordar aquí a fondo un problema que no solamente afecta a España sino a Europa, quisiéramos señalar que una vía que parece estar dando buenos resultados en nuestro país es la creación de un  nuevo tipo de institutos, con gobernanza y financiación distintas de las habituales en las universidades y OPIs actuales, donde la colaboración con las empresas se conduce por cauces más eficientes. A título de ejemplo, citemos los nuevos institutos CERCA en Cataluña, que incluyen centros de gran calidad como ICFO o ICIQ,  los centros CIC y BERC (Nanogune, DIPC, BioMagune etc.), financiados parcialmente por el Gobierno del País Vasco, o los institutos IMDEA, financiados por la Comunidad de Madrid. También participan de estas características algunos institutos ligados a la universidad como el Instituto de Magnetismo Aplicado, o financiados por fondos nacionales como el CNIO.

En relación con este problema convendría atender a un aspecto sociológico que afecta tanto a los investigadores como a las empresas, dado que tanto el sistema de ciencia como el de  innovación en España son extremadamente conservadores. En la parte científica hay que resaltar la escasa propensión de los grupos de investigación españoles a aventurarse por caminos de riesgo científico o tecnológico, en los que si bien se vislumbran recompensas muy notables se corre el peligro de encontrar una vía muerta donde el grupo puede estancarse mucho tiempo. La tendencia a perpetuarse en un tema, aunque siga produciendo resultados relativamente rentables en términos curriculares, es demasiado frecuente. Por parte de las empresas, la desconfianza en las soluciones propuestas localmente es llamativa. Si un grupo de investigación acude con una idea propia y rompedora, es más que probable que los “departamentos de riesgo” de las empresas lo rechacen. Si ese mismo grupo propone desarrollar una idea similar nacida en algún país de los que consideramos de primera clase es probable que la empresa decida invertir en su desarrollo. Con esta cultura, no es difícil entender la bajísima inversión en capital-riesgo por parte de los ciudadanos de nuestro país, que representa (en función del PIB) el 17% de Suecia, el 20% de Irlanda o  el 28% de Francia y es incluso inferior al de Portugal.

En resumen, en España es preciso aumentar la financiación de la investigación básica de calidad y recuperar lo antes posible la situación previa a la crisis, pero este y futuros aumentos deberían estar acompañados de políticas para erradicar un preocupante inmovilismo del sector público. Además, es esencial establecer cauces más efectivos de encuentro e influencia mutua entre el sector público de investigación básica y el sistema productivo. Si esto no se hace, buena parte de los beneficios de la investigación básica podrían quedar en terreno baldío y, probablemente, serían aprovechados en su mayor parte solo fuera de nuestras fronteras.