15/12/2019
Política

Luces y sombras de los pactos de izquierdas

Los partidos de Sánchez e Iglesias llevan más de seis meses conviviendo y gobernando a unos 10 millones de personas en comunidades y ayuntamientos

Juan Luis Gallego - 22/01/2016 - Número 18
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Luces y sombras de los pactos de izquierdas
El presidente valenciano, Ximo Puig, la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, y el representante de Podemos, Antonio Montiel.MANUEL BRUQUE / EFE

El PSOE debe a Podemos o a sus marcas locales la mayor parte de su actual poder autonómico y municipal. En cinco de las siete comunidades que gobierna lo hace gracias a algún tipo de acuerdo con Podemos o partidos afines. Lo mismo ocurre en una docena de las 17 capitales de provincia con alcalde socialista. El partido de Pablo Iglesias, por su parte, también debe su significativo poder municipal a la formación de Pedro Sánchez: sin sus concejales, no tendrían a Manuela Carmena en Madrid, ni a Ada Colau en Barcelona, ni las alcaldías de Zaragoza, A Coruña y Cádiz. Tampoco Compromís estaría al frente del Ayuntamiento valenciano.
 

Llevan más de seis meses gobernando juntos. Con todos los matices que se quiera, porque, efectivamente, las fórmulas en que se concretaron esos acuerdos fueron muy diferentes: apoyos de investidura sin condiciones previas; apoyos de investidura en torno a una hoja de ruta que marcaría los primeros pasos del nuevo gobierno o, incluso, coaliciones de gobierno, en el caso de la Generalitat valenciana, gobernada por PSPV y Compromís con el apoyo externo de Podemos, dado que estas dos formaciones concurrieron en las autonómicas por separado.

Mejor que peor

Pero lo cierto es  que en prácticamente todos los lugares, bien fueran ayuntamientos o comunidades, en los que la aritmética lo permitió, PSOE y Podemos llegaron a acuerdos, de forma que entre 9 y 10,5 millones de personas —según se contabilicen los habitantes por municipios o por autonomías— están siendo gobernadas gracias a esos pactos, que se trasladaron, además, a varios centenares de municipios menores de difícil cuantificación por tratarse de candidaturas populares que no concurrieron con la marca Podemos.

El balance, a tenor de las declaraciones recogidas por AHORA de varios de los protagonistas de esos pactos, arroja más luces que sombras. También con matices, porque en algunos casos, como en el Ayuntamiento de Barcelona, la colaboración puede evolucionar  y estrecharse en los próximos días hasta convertirse en un gobierno de coalición, mientras que en otros, como el Gobierno autonómico de Extremadura, PSOE y Podemos solo han sido capaces de sacar adelante una sola ley juntos.
La colaboración entre PSOE y Podemos está siendo positiva, pero con desencuentros en Extremadura


Es Extremadura, probablemente, la experiencia menos positiva hasta el momento. Allí, las elecciones dieron la victoria al PSOE, aunque sin mayoría absoluta: logró 30 escaños por 28 del PP, 6 de Podemos y 1 de Ciudadanos. Podemos dejó su decisión en manos de la ciudadanía: abrió una consulta vinculante entre todos los extremeños que quisieran participar y ganó el sí a la investidura de Guillermo Fernández Vara. Después, según cuenta a AHORA Álvaro Jaén, secretario general de Podemos en Extremadura y portavoz de su grupo parlamentario, el PSOE elaboró una “agenda del cambio con 60 puntos que ha incumplido sistemáticamente” y unos presupuestos “que nada tenían que ver con lo prometido en campaña”. Fueron rechazados por Podemos, PP y Ciudadanos. En todo este tiempo, según Jaén, el PSOE “ha bloqueado las seis propuestas de rescate ciudadano” presentadas por Podemos, de forma que solo ha salido la Ley de Cuentas Abiertas, que obliga a todos los organismos de las administraciones a publicar sus números.

El portavoz socialista en la Asamblea, Valentín García, reconoce que las relaciones “no son fluidas” y reprocha a los diputados de Podemos que “carezcan de método” y afronten las negociaciones con “desconfianza”. A su juicio, no se puede hablar de veto de los socialistas a las iniciativas de Podemos, “lo que pasa es que nosotros consultamos con los grupos todas nuestras iniciativas legislativas y ellos no, simplemente van y las registran”. Algunas de esas propuesta deberían trasladarse a unos presupuestos que fueron rechazados por Podemos y el PP.  García afirma que “no siempre hacen faltan leyes para resolver los problemas de los ciudadanos, sino medidas concretas desde el Consejo de Gobierno”, como las aprobadas, por ejemplo, contra la pobreza energética.

Podemos y el Gobierno socialista extremeño tratan ahora de pactar los presupuestos. Jaén reconoce que el grueso de su contenido debe partir del PSOE y que su aspiración se limita a incluir “cuatro o cinco líneas maestras”, como un plan de transición energética, inversión en Investigación y Desarrollo, medidas de rescate ciudadano y ayudas a las empresas, una revisión fiscal para aumentar la recaudación y una auditoría para conocer por qué los anteriores gobiernos han dejado a la región con una deuda de 4.000 millones de euros.

En otras autonomías, sin embargo, la colaboración PSOE-Podemos ha dado lugar a la aprobación de una batería de medidas concretas gracias a un esfuerzo de diálogo constante que, si bien no siempre es fácil, funciona. Por ejemplo, en Aragón. Allí, el socialista Javier Lambán fue investido con los votos de CHA, Podemos e IU gracias a un acuerdo previo concretado en diez medidas, que rigen desde entonces la acción de Gobierno. Entre ellas, figura una regulación de los desahucios que obliga a los bancos que tengan relaciones con la administración a dar una alternativa habitacional; la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública; la universalización de la Sanidad y la reducción de las listas de espera; la paralización de la LOMCE y un plan de emergencia contra la pobreza energética.

Diálogo cotidiano

Desde entonces, según explica a AHORA Javier Sada, portavoz del Grupo Socialista en Aragón, todas las iniciativas han sido negociadas una a una, con un diálogo “permanente” que se ha traducido en que el PSOE y Podemos han votado juntos el 80% de las veces. Una de ellas, de hecho, sirvió para la toma en consideración de los Presupuestos, en estos momentos a debate en las Cortes aragonesas, tras consensuar una ley de Mantenimiento de los Servicios Públicos y una reforma fiscal. “Siempre he mantenido —afirma el representante socialista— que mayor pluralidad no implica inestabilidad, siempre que se actúe con responsabilidad, y aquí se está haciendo.”

En este esfuerzo de diálogo, el presidente aragonés mantiene reuniones con el secretario general de Podemos en la comunidad, Pablo Echenique, pero el grueso de las conversaciones se efectúa en el día a día del Parlamento, con diálogo constante entre los portavoces de las distintas áreas y de grupo. Quizás haya influido que, como recuerda Sada, en Aragón jamás ha habido mayorías absolutas, lo que ha obligado a los grupos a negociar siempre. Nunca, por cierto, ha habido líneas rojas en esas negociaciones, sí discrepancias y algunas insalvables, como las referidas a la política hidrológicas. Así que, simplemente, se dejaron a un lado, porque “teníamos claro que la prioridad era cambiar las políticas del PP y revertir el recorte social”,  explica el portavoz socialista. ¿Es posible repetir la experiencia en España? “Cómo lo vamos a ver mal nosotros —dice Sada—, pero es verdad que allí la aritmética es diferente, y es más complejo, aunque las prioridades son las mismas”.

También en Castilla-La Mancha el pacto que permitió la investidura de Emiliano García-Page se fraguó en torno a un documento previo de 13 puntos, que fue firmado ante notario e incluye planes de emergencia ciudadana y de rescate habitacional, la recuperación de servicios públicos externalizados durante el mandato de María Dolores de Cospedal, medidas contra la pobreza energética y una ley de transparencia y buen gobierno. También una reforma fiscal que elimina bonificaciones “regresivas”.
Colau está negociando la incorporación de los ediles de PSC y ERC al gobierno municipal
de Barcelona

“Hay algún tira y afloja en torno al ritmo de aplicación del acuerdo”,  reconocen fuentes del Gobierno autonómico, pero lo cierto es que los votos conjuntos de PSOE y Podemos en las Cortes castellano-manchegas han servido para poner en marcha una oficina antidesahucios, readmitir a 400 interinos despedidos por el anterior gobierno, desempolvar 26.000 expedientes de dependientes y prever una oferta de empleo público para 2016 de mil plazas en Sanidad y 700 en Educación. El presidente García-Page y el secretario general de Podemos en la región, José García Molina, mantienen reuniones periódicas, cada dos semanas si es posible. ¿Las diferencias con España, según estas fuentes? De nuevo, la aritmética.

Pactos satisfactorios

Especialmente fructífero en términos de producción legislativa es el acuerdo alcanzado en la Generalitat Valenciana, que dio la presidencia al socialista Ximo Puig en un gobierno de coalición con Compromís, que sitúa a Mónica Oltra como vicepresidenta, y con el apoyo externo de Podemos (ambas formaciones concurrieron por separado a las elecciones autonómicas, pero juntas en las generales del pasado 20-D). Fue posible tras la firma del llamado Acuerdo del Botánico, un documento de cinco puntos que fija “las grandes líneas de actuación que caracterizarán el cambio político en el País Valenciano”.

“Las negociaciones no fueron fáciles” reconocen fuentes del Gobierno autonómico. Pero lo cierto es que el Gobierno de coalición ha sacado adelante más de medio centenar de medidas que incluyen la reuniversalización de la Sanidad, el rescate de los servicios sanitarios privatizados, la gratuidad de los libros de texto en educación primaria y secundaria de centros escolares sostenidos con fondos públicos, un régimen sancionador para los bancos que no cedan pisos a los desahuciados, un plan contra la pobreza energética, la creación de un frente con las fuerzas sociales para reclamar un nuevo plan de financiación y la apertura de una segunda comisión de investigación sobre el accidente del Metro de Valencia en 2006. El grado de cumplimiento es tal que los tres partidos prevén renovar el acuerdo con nuevos contenidos en primavera, según las fuentes consultadas, que defienden sin ambigüedades que la experiencia valenciana puede servir de ejemplo para un acuerdo estatal.

En el plano municipal, significativo es el caso de Barcelona, donde Ada Colau, al frente de Barcelona en Comú —una plataforma en la que confluyen diferentes organizaciones, entre ellas Podemos, pero también ICV, de fuerte arraigo en Cataluña—, se convirtió en alcaldesa con el apoyo de ERC, la CUP y los socialistas del PSC. No hubo condiciones previas, pero desde entonces el equipo municipal ha podido sacar adelante las ordenanzas fiscales y una modificación de los presupuestos de 2015, mientras ahora negocian los de 2016. Colau quiere aumentar esa colaboración. A su juicio, según expresó en público el pasado día 13, es “necesario llegar a un acuerdo de gobierno con las diferentes fuerzas de izquierdas presentes en el Ayuntamiento con objeto de facilitar la gobernanza” y emprender las reformas previstas. Debería ser, dijo, la respuesta al “doble mandato de los electores: de cambio y de acuerdo y diálogo”. Los ojos de la actual dirección socialista están ahora puestos en la capital catalana, conscientes del creciente peso político de Ada Colau y expectantes ante la influencia que sus decisiones pueden tener en Podemos. Al fin y al cabo, como dijo la propia alcaldesa al defender este acuerdo, Barcelona siempre ha sido pionera anticipándose a los cambios.

“Muy contentos” están también en Ahora Madrid —otra confluencia de fuerzas en las que participa Podemos— con la marcha de la colaboración de los socialistas, cuyo voto era imprescindible para convertir a Manuel Carmena en alcaldesa. Según explica la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, a AHORA, el acuerdo para la investidura apenas necesitó de un par de contactos previos para constatar las coincidencias de sus programas.

Solo un desacuerdo

La legislatura se puso en marcha con una comisión de seguimiento que garantiza reuniones periódicas. Fruto de esa colaboración es la aprobación de los presupuestos municipales, tras “una negociación franca, abierta y flexible”, explica Maestre. Solo ha habido un desencuentro hasta ahora, a propósito de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica y el cambio del callejero, al que ya se ha dado solución. Nada hace pensar en el equipo municipal que el resto de legislatura sea diferente.

Xulio Ferreiro, de En Marea—también una candidatura popular apoyada por Podemos—, fue elegido alcalde de A Coruña con el apoyo de PSOE y BNG. El Ayuntamiento resume las luces y sombras de esta colaboración. Fuentes del Gobierno municipal recuerdan que, tras la disposición inicial y sin condiciones para la investidura, los primeros pasos estuvieron llenos de constantes desencuentros, que luego vino una segunda fase, de mayor entendimiento, que permitió la aprobación conjunta de medidas importantes, como unas ordenanzas fiscales “progresivas y sociales”, pero que ahora, con la negociación de los presupuestos de 2016, “se ha vuelto a enturbiar la relación”. El alcalde destaca que, efectivamente, las “coincidencias” de ambos programas electorales “permiten un amplio campo de acuerdos”. Pero, según explica a AHORA, la disposición al diálogo de En Marea choca “muchas veces con caducos tics de vieja política e intereses partidistas.