13/12/2019
Análisis

Políticas públicas contra la desigualdad

¿Están dispuestas las clases medias a hacer el esfuerzo fiscal que requieren las políticas de sostén de rentas?

Políticas públicas contra la desigualdad
Un hombre pide dinero mientras la gente pasa de largo en una calle de Málaga. Jorge Guerrero / AFP / Getty

La evidencia sobre el excepcional aumento de la desigualdad de rentas en España durante la Gran Recesión es contundente. En 2007, un hogar situado en el percentil 10 (aquel que tiene un 10% de hogares más pobres que él y un 90% más ricos) ingresaba cinco veces menos que un hogar situado en el percentil 90 (aquel que tiene un 90% de hogares más pobres y solo un 10% más rico), una cifra ya relativamente alta en comparación con nuestros vecinos de la zona euro. En 2013, la diferencia había aumentado a siete veces menos.

 

La distinta carga de la crisis

Se ha dicho muchas veces, pero conviene repetirlo una vez más: el problema no es que los ricos se hayan hecho muy ricos, sino que los ingresos de los hogares pobres se han desplomado mucho más que los demás. Mientras que el hogar “rico” situado en el percentil 90 de renta perdió un 9% de sus ingresos disponibles entre 2007 y 2013, el hogar “pobre” en el percentil 10 perdió un 35%. Si ampliamos el foco y nos fijamos en toda la década anterior a 2013, incluyendo los años de expansión “burbujil” en los que la desigualdad también aumentó (aunque con menos intensidad), tenemos una cifra demoledora: los ingresos del 20% más rico permanecieron estables, mientras que los del 20% más pobre caían a un ritmo de un 4% anual. (Los datos proceden de Francisco J. Goerlich, “Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas”, Fundación BBVA, 2016).

A causa de la contundencia de estas cifras, y seguramente también gracias al nuevo escenario de competición electoral, los programas de los partidos han ido recogiendo novedosas propuestas de políticas públicas para la corrección de estas desigualdades, desde el ingreso mínimo vital del PSOE, la renta garantizada de Podemos o el complemento salarial de Ciudadanos. No es este el lugar para hacer una evaluación de cada una de ellas, pero sí resulta notable que al menos hayan reconocido que, para luchar contra la situación de desigualdad que padecemos, resulta insuficiente confiar en la mejora de las condiciones en el mercado de trabajo. En parte, lo que presenciamos en este periodo de recuperación económica es que la mejora en la creación de empleo, y por ende en la reducción de la principal fuente de generación de pobreza, ha ido acompañada de un aumento de las fuerzas desigualitarias dentro de la población ocupada, a través de una mayor precarización y polarización salarial.

Tres líneas de actuación

A mi entender, hay tres frentes de políticas públicas en los que el nuevo Parlamento y el nuevo gobierno deberían ser ambiciosos para corregir esta situación.

En primer lugar, hemos de partir del reconocimiento de que tenemos una red de protección de rentas fragmentada, débil y que no sirve para combatir situaciones de exclusión grave, como la pobreza infantil, que tienden a tener graves consecuencias de muy largo recorrido. Hay diferentes propuestas encima de la mesa, pero no hace falta viajar muy lejos para encontrar modelos exitosos, como el vasco, que genera resultados notablemente más igualitarios. Algo que demasiado a menudo se olvida en este debate es que cualquier reforma en este ámbito tendrá que contar con las políticas autonómicas ya existentes. Aunque sea menos espectacular y mediático, quizá la clave del éxito de las políticas de sostén de rentas esté en más y mejor colaboración entre administraciones antes que en el lanzamiento de programas estrella diseñados desde quien no tiene ni competencias ni conocimiento de la realidad local.

En segundo, limitar, en la medida de lo posible, las consecuencias desigualitarias generadas por un mercado de trabajo cada vez menos regulado. Podemos discutir cuánto coste en términos de flexibilidad estamos dispuestos a pagar con el objetivo de reducir la polarización salarial, pero hay reformas en nuestro mercado laboral que podrían limitar algunas de las desigualdades que no tienen un claro coste asociado: la reducción de la dualización (el hecho de que haya un segmento enorme del mercado de trabajo que funciona de manera sistemática con contratos precarios, temporales e inestables) es un ejemplo evidente en este sentido. 

Y en tercer lugar, apostar por un rediseño de la política social en la que la atención a las (ya no tan) nuevas desigualdades sea prioritaria: familias jóvenes sin ingresos, hogares monoparentales con niños,... Gobernar es elegir. Y la inercia que sufrimos con el mantenimiento de políticas sociales diseñadas para una sociedad que ya no existe está provocando que dejemos profundamente desatendidas las crecientes formas de exclusión y pobreza en la sociedad posindustrial.  

Corolario

Una última reflexión. La mayor parte de estas políticas no son baratas. Es muy posible que en el medio y largo plazo sean económicamente rentables para todos (la exclusión acaba saliendo cara), pero en la actualidad necesitan de un esfuerzo fiscal considerable. En un contexto de progresivo pero inexorable ajuste fiscal, es inevitable que la única forma de financiar estas políticas tenga que ser aumentando los ingresos públicos, que hoy son comparativamente bajos. La pregunta que nos tenemos que hacer, y que nuestros políticos en campaña se niegan a responder es: ¿están dispuestas las famosas “clases medias” a hacer el esfuerzo fiscal que requieren estas políticas?